La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho de las bajadas de impuestos una de sus banderas electorales. En diferentes ocasiones se ha referido al sistema fiscal como “confiscatorio” o como una “planta carnívora”, entre otros adjetivos. “Tenemos el IRPF más bajo de España y hemos eliminado todos los impuestos propios, la mayoría inventos artificiales, para seguir rascándole el bolsillo a todo el mundo”, señalaba Ayuso en septiembre. Unas políticas que, sin embargo, tienen efectos serios en la recaudación y en los servicios públicos: un informe del think tank Work Inequality Lab (WIL) cuantifica en 500 millones lo que la comunidad madrileña habría dejado de ingresar si el impuesto estatal a las grandes fortunas que estableció el Gobierno en 2022 no estuviese funcionando. A nivel nacional, la cifra aumenta hasta los 600 millones, ya que otras comunidades del Partido Popular, como Andalucía, también participan de esa política fiscal.
En España, el impuesto de Patrimonio está cedido a las autonomías. En Madrid está bonificado al 100% desde 2011 y en Andalucía desde 2022. Para tratar de armonizar fiscalmente estos cambios y evitar desequilibrios con las comunidades que sí lo aplican, en diciembre de 2022 el Gobierno central lanzó el Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas (ITSGF), que establece una tributación mínima para patrimonios superiores a 3,7 millones de euros, independientemente de la región de residencia. Esta decisión del Gobierno ha conseguido, según el informe, limitar la fuga de grandes patrimonios hacia Madrid y compensar la bajada de impuestos de Ayuso en la recaudación general del Estado.
