Directora corporativa y de Relaciones institucionales.
La comparecencia del presidente del Gobierno de este jueves en el Congreso sobre la emergencia en Ceuta reveló algunas cosas que ya sabíamos y otras que empiezan a despejar algunos movimientos dentro y fuera de nuestras fronteras. Por un lado, Pedro Sánchez ya no se muestra tan contundente en la defensa de la actuación de "Marruecos" los días 30 y 31 de julio, cuando llegaron a Ceuta entre 70.000 y 80.000 inmigrantes marroquíes y de otras partes de África. El giro es importante y el jefe del Ejecutivo y sus ministros/as deberían haberlo tenido en cuenta desde el principio, sobre todo, a la hora de dirigirse a la opinión pública en un momento de crisis humanitaria y fronteriza de la UE (eu-ro-pe-a); por tanto, española, y, sobre todo, ceutí.
¿De qué hablamos cuando hablamos de "Marruecos"? En primer lugar, de una dictadura sangrienta y corrupta a la que no le tiembla el pulso a la hora de utilizar a sus ciudadanos/as como balas humanas, pero también, en líneas generales, de un entramado de poder concéntrico que rodea al rey Mohamed VI denominado Makhzen. El núcleo son el monarca y el Gabinete Real y en torno a ellos, se sitúa un potentísimo aparato de seguridad con varios departamentos, que incluyen a las fuerzas armadas, Gendarmería, Policía, diversos servicios de inteligencia... El poder económico y los partidos políticos también tienen una importante cuota de poder, aunque a mucha distancia del Gabinete Real y del entramado de seguridad, éste que tiene en Israel a un proveedor estratégico de material militar y de inteligencia, sobre todo, desde la firma del acuerdo de cooperación de 2021. En 2025, por ejemplo, Le Monde ha publicado una serie de investigaciones sobre tensiones internas en el Makhzen. El pasado 12 de agosto también el periodista experto en el Magreb, Ignacio Cembrero, publicó en El Confidencial una información sobre el malestar interno de la inteligencia marroquí con el rey, que podría estar relacionado con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta el 30-31 de julio. Hablar de "Marruecos", por tanto, en general y como responsable de la llegada de las decenas de miles de inmigrantes es prácticamente inapelable y hay serios indicios de ello; sobre todo, por cómo los agentes marroquíes sí evitaron otra entrada de similares características el 15 de agosto, además, con toda la brutalidad que les caracteriza y por la que les pagamos un buen dinero desde la UE. Esta política migratoria, por cierto, en manos de países sicarios como Turquía, Libia, Túnez o el propio Marruecos, se ha demostrado contraria al derecho internacional, a los derechos humanos, y debería ser lo primero que se revisara si la UE mantuviera los valores de los que se jacta constantemente y que hace tiempo que abandonó. La cuestión, ahora y en lo que está volcado el Gobierno, es en llegar a conocer si Mohamed VI y su estricta corte planificaron las llegadas masivas a Ceuta, si dejaron hacer y a quién/es, si estaban al tanto de todo, de una parte o de nada, para tomar las medidas correspondientes.Pero hete aquí que al Ejecutivo de Sánchez le ha salido una especie de homóloga en la Audiencia Nacional, además, avalada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -de esto nunca tuvimos duda alguna, aunque no hubiera razones y a la benevolencia con el juez Peinado me remito- y por una ley con lagunas sobre lo que es y no es policía judicial, cuándo pasa a serlo y, por tanto, a estar bajo el mando exclusivo de jueces y fiscales; si debe de haber excepciones como el caso de una crisis de Seguridad Nacional como la de Ceuta, etc, etc. En esto precisamente se centraba la queja del ministro Marlaska cuando se dirigió al CGPJ preguntándose cómo es posible que, en una situación calificada ya como guerra híbrida, la jueza María Tardón de la Audiencia Nacional, que atendió a la denuncia del antipartido ultraderechista Iustitia Europa, impida a los policías compartir información con sus superiores políticos sobre las investigaciones de la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta. La jueza puede hacerlo por ley, es sabido, aunque no es obligatorio. ¿Pero en una situación como ésta es prudente y, sobre todo, seguro? ¿Y si estos agentes descubrieran información relevante que condicionara la relación de Madrid con Rabat y la seguridad española? ¿También los jueces van a dirigir las relaciones diplomáticas, políticas, de vigilancia fronteriza o inteligencia que dependen del Poder Ejecutivo y del presidente del Gobierno en particular? ¿Pero qué judicialización de la política es ésta y a qué niveles estamos llegando? ¿No son las diligencias de la jueza una cosa y la información sobre nuestra seguridad de la Policía Nacional, otra? ¿Cómo va a gestionar una emergencia el Ministerio del Interior si una jueza investiga esa crisis e impide al Gobierno acceder a los informes policiales, por insustanciales y ruidosos que, en este caso, hayan sido para regocijo de la ultraderecha de PP y Vox? ¿En qué puñetas (sic) de manos estamos?