Resumen Latinoamericano, 6 de septiembre 2026.
En el imaginario de los centros de poder occidental,
Europa se presenta a sí misma como la vanguardia
intocable de los derechos civiles y de la modernidad
democrática, el santuario donde el patriarcado
histórico habría sido finalmente domesticado o
relegado a los márgenes de la excepción. Sin embargo,
el continente atraviesa una crisis estructural profunda
donde la violencia contra las mujeres no solo no
retrocede, sino que muta, se institucionaliza y se
oculta tras cortinas de humo tecnocráticas.
En el caso específico de Italia, los datos del Ministerio
del Interior del gobierno de extrema derecha,
presentados en los balances oficiales del verano, han
intentado imponer una narrativa tranquilizadora,
esgrimiendo una presunta disminución formal de los
homicidios de mujeres (registrando alrededor de
treinta y cuatro casos en el primer semestre) para
ensalzar la eficacia de las políticas de seguridad y
control del Estado. Pero esta contabilidad de Estado
choca frontalmente con la terca y trágica realidad
documentada por los observatorios independientes y
los colectivos feministas de base —como el
monitoraje de Non Una Di Meno—, que denuncian
cómo la cifra real se eleva implacablemente hacia el
medio centenar de víctimas en los primeros siete
meses del año, marcando picos de una crudeza
insoportable concentrados precisamente en los meses
estivales, con secuencias de asesinatos en cadena
durante el mediano de agosto.
Esta discrepancia numérica entre la propaganda
gubernamental y la masacre real es reveladora: el
feminicidio no es una anomalía estadística ni una
disfunción pasajera del sistema, sino un producto
estructural, orgánico e inmanente de las relaciones
sociales capitalistas y de su actual fase de
descomposición civilizatoria.
Esta violencia letal opera como una constante
ineludible de la opresión en un contexto histórico
marcado por la precarización generalizada de la
existencia. El cuerpo y la vida de la mujer en el
capitalismo continúan cargando con el peso histórico
de la reproducción social subordinada, de la doble y
triple explotación laboral y doméstica, y de una
vulnerabilidad económica estructural agudizada por la
crisis inflacionaria y el desmantelamiento sistemático
del Estado de bienestar. Cuando el salario social
desaparece, cuando el acceso a la vivienda se
convierte en un privilegio inalcanzable y la
independencia material se evapora bajo la precariedad
de la economía gig, la subcontratación y la
precariedad laboral permanente, las cadenas
materiales de la dependencia patriarcal se estrechan de
manera implacable. La violencia machista encuentra
su caldo de cultivo perfecto en esta asimetría radical
de poder económico y social, donde el hombre
proletario o precarizado, despojado a su vez de
cualquier horizonte de emancipación colectiva por la
atomización neoliberal, descarga su frustración
alienada sobre el eslabón que el propio sistema le
enseña a percibir como una propiedad privada o un
territorio exclusivo de desahogo y compensación de
su propia impotencia sistémica. Así se manifiesta la
crisis del patriarcado, debida también por otra parte al
creciente protagonismo social de las mujeres.
La respuesta de los Estados europeos y de sus
aparatos institucionales ha oscilado entre las dos caras
de una misma moneda profundamente reaccionaria: el
punitivismo penal y la cooptación burocrática. Por un
lado, asistimos al despliegue ininterrumpido de leyes
de corte securitario e hiper-policíaco impulsadas por
los sucesivos ejecutivos bajo el aplauso transversal de
los partidos parlamentarios. Se multiplican las
agravantes penales, se alargan las condenas de
reclusión y se agita cínicamente el espantapájaros del
orden público y de la punición carcelaria bajo la falsa
premisa de que una mayor represión estatal equivale
automáticamente a una mayor protección de la vida de
las mujeres. Esta deriva punitivista ignora de forma
deliberada que el aparato penal del Estado burgués
jamás ha tenido como objetivo la emancipación de los
oprimidos, sino la consolidación monopolística de la
violencia institucional. Las leyes carcelarias no
previenen ni pueden prevenir el crimen machista; se
limitan a alimentar el complejo industrial
penitenciario, a criminalizar de forma selectiva a las
clases subalterneas y a despojar a la violencia de
género de su precisa raíz política, económica y social
para reducirla a una mera cuestión de orden público y
gestión policial de la miseria.
Por otro lado, y de manera estrictamente simbiótica
con el aparato estatal, la gestión institucional de la
violencia contra las mujeres ha sido sistemáticamente
privatizada, burocratizada y vaciada de cualquier
potencial antagonista mediante la penetración capilar
de la lógica del “tercer sector” (empresas de servicios
sociales financiadas con fondos públicos). En las
últimas décadas hemos presenciado la mutación
progresiva de los centros antiviolencia, las redes de
apoyo y los espacios de intervención social en un
entramado corporativo de servicios asistenciales
dependientes de fondos públicos condicionados,
fundaciones filantrópicas y patrocinios bancarios. Esta
mercantilización institucional del dolor y de la
intervención sociológica ha operado como un letal
mecanismo de neutralización política. El feminismo
institucional, de Estado y gerencial ha desplazado y
sustituido la movilización de masas, la solidaridad de
clase y de género y la conciencia colectiva por la
figura aséptica de la «operadora social neutral», la
terapia psicológica individualizada y el enfoque
estrictamente tecnócrata-legalista.
Esta metamorfosis no es en absoluto un proceso
neutral. Al disolver deliberadamente la idea misma de
la emancipación colectiva y de las históricas
correlaciones de fuerza materiales que las mujeres de
la izquierda revolucionaria y autónoma supieron
construir en las décadas de confrontación abierta, el
capital ha logrado neutralizar el conflicto sistémico.
Ya no se discute la raíz material del patriarcado
capitalista, la división sexual del trabajo impuesta por
el mercado o la propiedad privada de los medios de
vida, sino que se gestionan los llamados «daños
colaterales» del sistema mediante talleres de
sensibilización patrocinados por holdings financieros
y multinacionales, o a través de gabinetes que reducen
la opresión estructural a un problema de patología
psicológica individual o de déficit comunicativo de
pareja. Se ha desarticulado y borrado la memoria
histórica de los movimientos que vinculaban
indisolublemente la liberación de la mujer a la
transformación revolucionaria de toda la sociedad,
sustituyéndola por un corporativismo humanitario que
depende económicamente de las mismas instituciones
estatales y económicas que reproducen
cotidianamente la explotación.
Frente a este callejón sin salida diseñado por los
centros del poder euro-atlántico, la tarea más urgente
que se plantea ante el pensamiento crítico y
revolucionario es reconstruir desde la base redes de
solidaridad militante y autodefensa comunitaria
capaces de demoler la precariedad material y
recomponer el tejido social destruido por décadas de
dogmatismo neoliberal.