“La presión del antiintelectualismo ha ido abriéndose paso a través de nuestra vida política y cultural, alimentando la falsa noción de que la democracia significa que mi ignorancia es tan válida como tu conocimiento”
Una exclusiva no puede justificar que se traspasen las líneas rojas de la buena praxis profesional. La existencia de un documento en el que un estamento público —con la gravedad añadida que supone si procede de un departamento como Interior— clasifica a tertulianos y periodistas por su ideología es un hecho informativo de primer orden. Revela una lógica de control y encasillamiento incompatible con la neutralidad exigida a las instituciones y con el respeto a la libertad de expresión. Denunciarlo no solo es legítimo: es un deber periodístico.
El problema es el paso siguiente: la publicación íntegra de la lista. Con nombres y apellidos.
Hacer pública la identidad de quienes figuran en ese registro multiplica hasta el infinito el daño causado por quienes confeccionaron la lista y no puede hacerse en nombre de la libertad de expresión. Esa conducta multiplica el señalamiento, consolida la estigmatización y vulnera, en el camino, el derecho a la protección de datos que se pretendía defender al criticar el fichero original.
La deontología profesional debería ser el filtro que impidiese al periodismo incurrir en los mismos excesos que denuncia. Si para probar la arbitrariedad de un archivo institucional hay que exponer a las personas catalogadas en él, el remedio acaba reproduciendo la enfermedad. En el escrutinio al poder no todo vale, sobre todo cuando quienes pretenden dar lecciones de ética terminan tropezando con su propio espejo.
Buena semana.