El Gobierno acepta indemnizar a la familia de Amador Rey, asesinado en Ferrol por la represión tardofranquista
El ministro Ángel Víctor Torres anuncia en el Congreso la reparación para las víctimas asesinadas entre 1968 y 1978; se han aprobado quince peticiones
26 mar 2026 . Actualizado a las 12:48 h.El Gobierno central ha dado un paso definitivo en la reparación de la memoria de las víctimas de la dictadura. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, adelantó en el pleno del Congreso que ya se han aprobado las primeras 15 peticiones de indemnización para familiares de personas asesinadas o que sufrieron lesiones graves por la represión franquista. Entre los expedientes validados figura el del ferrolano Amador Rey, el trabajador del naval que el 10 de marzo de 1972 fue asesinado por la Policía Armada durante una huelga en Ferrol.
Tal y como explican desde el ministerio, la comisión encargada de evaluar estas solicitudes ha recibido hasta el momento medio centenar de peticiones, de las cuales se han estudiado 18 y aceptado 15. Este avance administrativo es posible tras la convalidación del decreto ley que modifica la Ley de Memoria Democrática para ampliar su cobertura hasta el 29 de diciembre de 1978, fecha de entrada en vigor de la Constitución. «Estamos hablando de vidas truncadas, personas concretas, el sufrimiento sin fin de familias», remarcó Torres durante su intervención en el hemiciclo, subrayando que estos ciudadanos «merecen el reconocimiento desde una democracia madura y asentada».
Además del caso de Amador Rey —quien «dejó viuda y tres hijos tras ser abatido junto a su compañero Daniel Niebla», recordó el ministro—, el listado incluye a Manuel José García Caparrós, asesinado en Málaga en 1977; Víctor Manuel Pérez, que recibió dos disparos por la espalda en Portugalete (Bizkaia) en 1975; y Ángel Almazán, fallecido tras recibir una paliza policial en 1976. También se ha aceptado la reparación para la familia de Francisco Javier Núñez Fernández, torturado en Bilbao en 1977 tras intentar denunciar una agresión previa.
Esta decisión refuerza la declaración institucional que el consejo de ministros aprobó el pasado 10 de marzo. En aquel documento, el Ejecutivo condenó oficialmente la «actuación desproporcionada» de la Policía Armada en los sucesos de 1972, que se saldaron con dos asesinatos, más de cien heridos y un centenar de despedidos en los astilleros de Bazán.
La declaración, impulsada por Torres y por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, recuerda que el conflicto se originó por la defensa del convenio colectivo. Aquel viernes de marzo, más de 4.000 trabajadores se dirigían hacia Caranza para buscar la solidaridad de los operarios de la construcción y de los compañeros de Astano, en Fene, cuando fueron interceptados por los disparos de la policía. Lo sucedido derivó en el histórico proceso contra «Los 23 de Ferrol» ante el Tribunal de Orden Público. El Gobierno central sostiene que el 10 de marzo simboliza la lucha por las libertades y ha incoado el procedimiento para declarar a Ferrol como «Ciudad de Memoria Democrática», reconociendo un legado de resistencia que Galicia conmemora anualmente como el Día da Clase Obreira Galega.