Garantiza que las víctimas, la mayoría extranjeras en situación irregular, no sean expulsadas del país. Podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo y tendrán ayudas sin necesidad de denuncia
08 mar 2024 . Actualizado a las 12:17 h.El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes, Día Internacional de la Mujer, el anteproyecto de ley integral contra la trata, una norma centrada en las víctimas, la mayoría extranjeras en situación irregular, que garantiza que no sean expulsadas del país: podrán contar con permisos provisionales de residencia y trabajo y tendrán ayudas sin necesidad de denuncia.
En rueda de prensa tras una reunión extraordinaria, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha presentado los ejes de esta norma, que quedó pendiente la pasada legislatura y que busca un «abordaje integral» de todos los tipos de trata, desde la laboral y la sexual, a la que tiene como objetivo los matrimonios forzosos o el comercio de órganos, de acuerdo a diferentes convenios y compromisos internacionales.Es, ha recalcado Redondo, una «ley que no es punitivista» y que «está centrada en la prevención, sensibilización y protección de las víctimas» para apoyar y «dar cobertura a las supervivientes», especialmente a las que están en situación irregular.
Según ha explicado, la norma contempla una «autorización provisional con permisos de residencia y de trabajo» en tanto se certifica la condición definitiva de víctima de trata, algo «importantísimo», ha valorado Redondo, para estas víctimas que viven con «miedo y angustia» y a las que se debe «proteger y acompañar en todo momento».
Además de garantizar que no se expulsará del país a víctimas que se encuentren en situación de trata, se les ofrece toda una batería de ayudas y derechos «sin necesidad de denuncia»: acceso al ingreso mínimo vital, consideración de colectivo prioritario para optar a una vivienda pública, asistencia letrada e indemnizaciones con cargo a los bienes decomisados a las mafias y grupos de trato.
Echa a andar así un anteproyecto que contará con la colaboración de todas las asociaciones comprometidas con la lucha frente a la trata y explotación de seres humanos y en el que se recabarán los informes de los órganos preceptivos, como el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo Fiscal. Además, en paralelo, la ministra ha anunciado la puesta en marcha de un grupo de trabajo entre asociaciones que llevan tiempo trabajando con las víctimas de trata para que puedan incorporarse a este debate y auxiliar al Gobierno «a concretar mejor y ser más eficaces» en las medidas que necesitan.