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Este jueves, 25 de mayo, los pensionistas protagonizan en toda España una nueva jornada de denuncia a nivel estatal, en la que exigen que no exista ninguna pensión en el umbral de la pobreza, y reclaman que la cuantía de las pagas mínimas aumente a 1.080 euros mensuales ya en 2023, y que, por tanto, la subida no se retrase hasta 2027, que es el horizonte que prevé la segunda fase de la reforma de pensiones (ya aprobada, admitirá mejoras durante su tramitación como proyecto de Ley en el Parlamento).
Bajo los lemas de "Pensión mínima 1.080 euros" y "Pensión mínima igual al SMI", movimientos y organizaciones de jubilados de pueblos y comunidades del Estado celebran movilizaciones de diversa índole, la mayoría concentraciones en plazas y ante edificios oficiales, y marchas de protesta. En Madrid habrá una concentración frente al Congreso de los Diputados, a las 12 horas, y en el País Vasco, concretamente en Vitoria, tendrá lugar una manifestación, con la que el Movimiento Pensionista de Euskal Herria (MPEH) culminará su caminata de tres días, también en exigencia de los 1.080 euros.
Las organizaciones convocantes de esta jornada a nivel nacional, englobados bajo Unidad de Acción Pensionista, son ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar); COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones); EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria); MADPP (Movimiento Andaluz en Defensa das Pensións Públicas); MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos); UNIDAD COESPE y plataformas de pensionistas de Badajoz y Móstoles.
