Pensamiento crítico.Los límites de la solidaridad internacional con Palestina: ¿Por qué tres años de movilización mundial no lograron detener el genocidio?

 

Hala Al-Yousifi (Investigadora tunecina y profesora de economía) para Al Al-Akhbar. /Resumen de Medio Oriente, 1 de junio 2026.

Desde octubre de 2023, el mundo ha sido testigo de la mayor movilización propalestina de la historia moderna. Millones de personas salieron a las calles en Londres, París, Washington y Johannesburgo; las universidades del Norte Global se vieron inundadas por una ola de protestas sin precedentes; y las plataformas digitales se llenaron de testimonios e imágenes de Gaza. La opinión pública en muchos países, sobre todo en Occidente, experimentó un cambio significativo, con una mayoría que ahora se opone a las transferencias de armas occidentales a Israel. Sin embargo, cabe reconocer que esta dinámica no condujo a ningún cambio decisivo en la política gubernamental: los envíos de armas continuaron, los vetos diplomáticos se renovaron y se firmaron contratos energéticos. En otras palabras, el sistema logró absorber las protestas sin experimentar ninguna transformación fundamental.

Este fracaso no puede atribuirse a factores circunstanciales ni a deficiencias organizativas temporales. Proviene de una lógica estructural. A continuación, examinaré los movimientos de solidaridad internacional no como entidades aisladas e independientes desde el punto de vista analítico, sino situándolos en el marco de una nueva fase del imperialismo, que aquí denominaré imperialismo genocida. Esta fase se caracteriza por la convergencia de tres dinámicas estructuralmente interconectadas: las exigencias de la hegemonía imperialista occidental; el auge de formaciones políticas de extrema derecha y fascistas en Occidente; y la penetración de la hegemonía ideológica liberal en amplios sectores de la izquierda, lo que ha alterado permanentemente la forma en que esta comprende los movimientos sociales y su ámbito de acción.

Desde este marco analítico, se examinarán las profundas contradicciones estructurales que impregnan los movimientos de solidaridad a través de cuatro ejes interconectados: ideológico, histórico, táctico y político.

La trampa humana y la ilusión legal.

El primer problema es ideológico y fundamental. El marco dominante a través del cual se organiza la solidaridad en Occidente es el humanitario. Gaza se presenta como una crisis: alimentos, agua y atención médica. Todo esto es cierto. Sin embargo, la perspectiva humanitaria produce un profundo proceso de despolitización: sitúa a Israel y Palestina en el mismo plano moral y reduce el problema a sus consecuencias, minimizando sus causas. Responde a los síntomas sin nombrar la estructura: el colonialismo de asentamiento que garantiza el proyecto imperial occidental en el mundo árabe, que ha despojado sistemáticamente a los palestinos de sus tierras, recursos y existencia política desde al menos 1936.

Cuando la solidaridad internacional se organiza principalmente en torno a la prestación de ayuda humanitaria y el acceso a la atención médica, a expensas de cuestiones como la expropiación de tierras y recursos naturales, el derecho al retorno de los refugiados palestinos y el desmantelamiento de las estructuras coloniales, puede, en ciertas circunstancias, contribuir a movilizar la opinión pública internacional. Sin embargo, sigue siendo incapaz de ejercer una influencia real sobre el sistema imperialista-colonial. Al tratar los efectos de este sistema como crisis circunstanciales que pueden rectificarse, en lugar de como manifestaciones estructurales de un proyecto imperialista occidental que se está transformando para mantener su posición hegemónica frente al creciente auge de China como gran potencia económica y política, este tipo de solidaridad reproduce inadvertidamente los mismos supuestos sobre los que se basa el sistema al que dice oponerse. Normaliza la lógica colonial al limitarse a cuestionar sus manifestaciones más visibles, sin tocar las estructuras subyacentes de dominación ni su perpetuación.

El enfoque jurídico se enfrenta al mismo dilema. Recurrir a la Corte Internacional de Justicia, las resoluciones de la ONU y los mecanismos de investigación de crímenes de guerra no es del todo inútil; sería simplista negar su utilidad por completo. Sin embargo, no hay que olvidar que el derecho internacional formó parte del proyecto colonial: el sistema de mandatos de la Sociedad de Naciones estableció y codificó jerarquías raciales en el derecho positivo, mientras que las instituciones jurídicas contemporáneas han demostrado, durante siete décadas, ser estructu

Los Acuerdos de Oslo ejemplifican a la perfección esta situación: presentados como una vía legal y negociada hacia la soberanía palestina, en realidad condujeron a la fragmentación del territorio y la política, al establecimiento de una dependencia neoliberal del capital occidental y del Golfo, y al afianzamiento a largo plazo de la ocupación. Así, Oslo se convirtió en una de las estructuras fundacionales del statu quo. Sorprendentemente, amplios sectores del movimiento de solidaridad internacional siguen buscando soluciones dentro de este mismo marco normativo.

Por lo tanto, el apoyo occidental a Israel no puede reducirse a una mera falla política que pueda subsanarse mediante acciones legales y políticas más eficaces o a través de la educación cultural y mediática que modifique el discurso dominante. La complicidad activa de los estados occidentales con el proyecto genocida del «Gran Israel», que se desarrolla ante nuestros ojos en el Líbano, es una necesidad estructural arraigada en los intereses materiales del capital transnacional: preservar la infraestructura de la economía de los combustibles fósiles, mantener la hegemonía militar en la región y contener los movimientos antiimperialistas.

La incapacidad del movimiento de solidaridad —o al menos de su ala más prominente— para reconocer el imperialismo como un sistema, es decir, como una lógica integral que no puede reducirse a un conjunto de decisiones políticas circunstanciales, y para convertirlo en objeto de una lucha coherente, constituye su mayor limitación ideológica y su consecuencia política más significativa.

Formas de acción demasiado limitadas

Los movimientos contemporáneos de solidaridad propalestina se han reducido gradualmente a formas de acción notablemente limitadas: marchas, vigilias, peticiones, campañas en línea y resoluciones académicas. Estas formas de movilización, por amplias que sean, comparten una característica crucial: operan dentro de los marcos legales existentes y se dirigen a instituciones que, en general, han demostrado ser incapaces — o estructuralmente reacias— a responderles.

La magnitud de la movilización ha sido sin precedentes; sin embargo, su impacto político en los gobiernos occidentales ha sido mínimo. Esta disparidad se explica por una razón fundamental: estas formas de acción no imponen ningún costo material a aquellos a quienes buscan influir. Generan visibilidad, pero no provocan cambios drásticos.

Esta observación no es exclusiva del problema palestino: las movilizaciones transfronterizas contra el cambio climático, así como el movimiento Black Lives Matter, se han topado con las mismas limitaciones estructurales, lo que revela las deficiencias de un modelo de acción basado en apelaciones morales a las instituciones en lugar de colocarlas realmente en una posición de impotencia y confusión.

Una estrategia organizativa basada en un análisis estructural de la situación habría adoptado una forma completamente distinta. Habría incorporado acciones que interrumpieran de forma tangible el flujo de armas, como la negativa de los estibadores a cargar buques con equipo militar; incidentes que sí ocurrieron, pero fueron esporádicos y geográficamente limitados, por lo que no lograron un impacto duradero.

Una estrategia eficaz habría empleado huelgas en sectores económicos directamente cómplices de la ocupación. También se habría dirigido a las redes financieras y energéticas que vinculan el capital occidental basado en combustibles fósiles con el Estado israelí. Sin embargo, estas acciones no pueden alcanzar su máximo potencial si se quedan como iniciativas aisladas; su eficacia política depende de su integración en una campaña coordinada basada en movimientos organizados.

Desde esta perspectiva, las sentadas universitarias de la primavera de 2024 representaron una expansión significativa de las formas de acción: fueron disruptivas y costosas para las instituciones involucradas y, en algunos casos, lograron concesiones reales. Sin embargo, siguen siendo una excepción.

Cabe destacar también que, siempre que la acción directa traspasa el umbral de la protesta simbólica, la represión gubernamental se intensifica considerablemente: el uso de la legislación antiterrorista contra Palestine Action en el Reino Unido, la criminalización de las ocupaciones universitarias en Estados Unidos, las restricciones al derecho a manifestarse y el enjuiciamiento en Francia de activistas propalestinos acusados de ensalzar el terrorismo.

Así, el Estado trabaja activamente para limitar las formas de acción a aquellas que sean más manejables, es decir, las que no amenacen el orden imperialista-colonial. Sin embargo, esta reducción no se logra únicamente mediante la coerción externa; a menudo se produce antes, a través de la internalización de los límites de lo posible y lo concebible. A esto se refería Antonio Gramsci en su concepto de hegemonía: no como una coerción impuesta desde fuera, sino como límites reproducidos desde dentro, que definen las formas de acción consideradas legítimas incluso antes de que se manifieste la represión.

Punto ciego: Incapacidad para brindar resistencia

Uno de los puntos ciegos más problemáticos del movimiento de solidaridad contemporáneo radica en su incapacidad para afirmar el derecho palestino a la resistencia armada: una omisión que no puede reducirse a una mera cautela táctica, ya que atenta contra la esencia misma de la coherencia política del movimiento.

En el derecho internacional positivo, las Resoluciones 2625 y 3103 de la Asamblea General de la ONU, así como la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, reconocen explícitamente el derecho de los pueblos bajo el colonialismo a resistir por todos los medios que la comunidad internacional considere legítimos, incluida la lucha armada. Este derecho no fue cuestionado seriamente dentro del marco político que dio forma al movimiento de solidaridad en la década de 1970.

Lo que ha cambiado fundamentalmente desde entonces es la clasificación sistemática de las fuerzas de resistencia palestinas como organizaciones terroristas por parte de los estados occidentales y sus aliados. Este proceso de reclasificación legal y política no es neutral; su objetivo específico es criminalizar la resistencia misma, así como cualquier forma de apoyo o solidaridad política con ella, limitando así el abanico de ideas dentro de estos movimientos y obligándolos a reposicionarse constantemente en relación con esta línea divisoria impuesta externamente.

El movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), que se ha convertido en la forma dominante de solidaridad internacional con Palestina desde 2005, se ha distanciado deliberadamente de la lucha armada. Esta fue una decisión estratégica consciente destinada a ampliar su base de apoyo y reducir su exposición a acusaciones de complicidad con el terrorismo, acusaciones para las que la designación de organizaciones de resistencia como entidades terroristas por parte de los estados occidentales es el principal instrumento. Las directrices emitidas en mayo de 2024 por el Comité Nacional del BDS a los grupos de solidaridad de todo el mundo, instándolos a no apoyar la resistencia armada palestina en un momento en que el ataque más mortífero de Israel contra Gaza se intensificaba, ejemplifican esta contradicción: la estructura dominante de la solidaridad internacional ha estado enmarcando disciplinariamente a su base militante en nombre de la aceptación institucional occidental, mientras que el movimiento antiapartheid de las décadas de 1970 y 1980 no vinculó su apoyo al abandono de la resistencia armada por parte del Congreso Nacional Africano.

Condicionar la solidaridad con Palestina a condiciones no establecidas por los propios palestinos, sino por las instituciones imperialistas a las que esta solidaridad dice oponerse, no es un acto de solidaridad; más bien, según la formulación de Frantz Fanon, es la producción de una alternativa más elaborada: una solidaridad que reproduce las jerarquías de legitimidad impuestas por el sistema dominante bajo el pretexto del compromiso.

Es posible y necesario un tipo diferente de solidaridad internacional, que se manifieste en distintas formas de acción. Una solidaridad que sitúe a Palestina dentro de las estructuras globales del capitalismo fósil y la hegemonía imperialista occidental. Una solidaridad que construya vínculos orgánicos entre la liberación palestina y el movimiento obrero organizado, la justicia climática y las luchas antirracistas. Y, por último, pero no menos importante, una solidaridad que reconozca el derecho del pueblo palestino a determinar sus propias formas de resistencia, incluida la resistencia armada, como un derecho inalienable.