Si los recortes agreden al conjunto de la clase trabajadora, la respuesta más eficaz y coherente es una huelga general
Se termina el curso escolar y las alumnas y alumnos recibirán sus correspondientes boletines; unas verán recompensados sus esfuerzos durante el curso y otros estarán haciendo fila en la puerta de cualquier piscina para disfrutar de un verano en el que las familias querrán aprovechar cada momento de asueto, olvidarse de los problemas cotidianos y volver el curso que viene con el estrés de los trámites de última hora: bancos de libros, materiales, carteras, zapatillas, etc.
Los centros educativos cierran sus puertas. Durante dos meses desaparecerán de la actualidad las altas temperaturas en las aulas y dejaremos de escuchar a iluminados justificando su calurosa infancia en Murcia. También cesarán temporalmente las concentraciones en la puerta de la Consejería del Gobierno de Aragón para reclamar más inversión en instalaciones, en medios y en profesionales capaces de atender adecuadamente al alumnado. Y, por un tiempo, quedarán en suspenso los desplantes de la actual consejera, la señora Susín.
El ruido (poco para algunas) de las organizaciones que este año se han unido esfuerzos en defensa del derecho universal a la educación, de una Escuela Pública de calidad y del principio de que el dinero público debe destinarse a lo público, consiguieron parar una de las mayores agresiones para la educación aragonesa en los últimos años. Mientras la escuela pública sufre recortes en todos los frentes, el Gobierno de coalición de PP-VOX pretendia desviar decenas de millones para la educación privada. La movilización de la comunidad educativa logró detener ese atropello.
Con pleno conocimiento de causa
Sin embargo, esta victoria no puede ocultar la realidad. La política de recortes en recursos materiales y humanos impulsada por la señora Susín continúa intacta. Mientras los centros preparan el próximo curso, todo apunta a que el alumnado seguirá padeciendo las mismas carencias, o incluso mayores.
Resulta difícil pensar que estas decisiones sean fruto del desconocimiento o de un mal asesoramiento. Su trayectoria como jurista, preparadora de judicaturas y jueza sustituta permite concluir que conoce perfectamente las consecuencias de cada medida que impulsa. Precisamente por ello, cabe esperar nuevos intentos de debilitar la Escuela Pública aragonesa mediante cambios legislativos y decisiones administrativas diseñadas para favorecer intereses ajenos al bien común, o sea, con nocturnidad y premeditada alevosía. Sabe lo que hace y cuenta con los recursos de la Administración para hacerlo.