Un análisis de International Crisis Group sostiene que las restricciones impuestas por el Gobierno de Benjamin Netanyahu desde octubre de 2023 han transformado la dependencia económica palestina en un mecanismo de coerción política que amenaza con provocar el colapso de la Autoridad Palestina
El documento, elaborado a partir de casi un centenar de entrevistas con empresarios, responsables municipales, funcionarios palestinos y expertos económicos realizadas entre 2025 y 2026, describe una realidad relegada por la atención internacional centrada en el genocidio de Gaza, que es el progresivo deterioro económico de Cisjordania. La economía palestina no atraviesa únicamente una recesión; sufre un proceso de asfixia que amenaza con hacer inviable el funcionamiento de la Autoridad Palestina y profundizar su subordinación respecto de Israel.
La economía ha dejado de ser un efecto colateral de la ocupación para convertirse en uno de sus instrumentos fundamentales. Israel controla los mecanismos esenciales para el funcionamiento diario de Cisjordania, ya que recauda buena parte de los impuestos que corresponden a la Autoridad Palestina, administra las aduanas por donde pasan las importaciones, controla los accesos terrestres, determina la movilidad de trabajadores y mercancías, y supervisa la conexión entre el sistema bancario palestino y el internacional. Esta arquitectura de dependencia se fue construyendo desde la ocupación iniciada en 1967 y quedó consolidada tras los Acuerdos de Oslo y el Protocolo de París de 1994, que mantuvieron bajo control israelí aspectos esenciales de la política económica palestina a la espera de una transición hacia un Estado independiente que nunca llegó.
Desde finales de 2023 se ha producido un cambio cualitativo. Las herramientas económicas ya no solo mantienen una relación de subordinación, sino que se utilizan activamente como mecanismo de presión. Muchas de las medidas adoptadas tras el ataque de Hamás responden formalmente a argumentos de seguridad, pero en conjunto han adquirido un carácter punitivo que va más allá de las necesidades inmediatas derivadas del conflicto.
Las consecuencias macroeconómicas son severas, con una contracción del producto interior bruto superior al 20 %, una tasa de desempleo que supera el 30 % y un aumento de la pobreza
El informe identifica un protagonista central en esta estrategia, Bezalel Smotrich, ministro de Finanzas israelí y también ministro dentro del Ministerio de Defensa con competencias sobre la administración civil de amplias zonas de Cisjordania. Figura destacada de la extrema derecha religiosa y del movimiento de colonos, Smotrich nunca ha ocultado su objetivo de impedir la creación de un Estado palestino. Crisis Group recoge varias declaraciones públicas del ministro en las que afirma su voluntad de utilizar herramientas económicas para debilitar a la Autoridad Palestina. En septiembre de 2025, aseguró expresamente que pretendía impedir el surgimiento de un Estado palestino mediante el "estrangulamiento económico" de la Autoridad Palestina.
Las decisiones adoptadas por el Ministerio de Finanzas han tenido efectos inmediatos sobre la vida cotidiana de millones de palestinos. Uno de los principales mecanismos ha sido la retención de los llamados "ingresos de compensación", impuestos y aranceles que Israel recauda en nombre de la Autoridad Palestina y que representan aproximadamente dos tercios de sus ingresos públicos. La suspensión de estas transferencias ha provocado graves dificultades para pagar salarios públicos, financiar servicios esenciales y sostener el funcionamiento de las administraciones locales.
A ello se suma la prohibición prácticamente total de que los trabajadores palestinos accedan a sus empleos en Israel y en los asentamientos. Antes de octubre de 2023, cerca de 200.000 palestinos obtenían allí su principal fuente de ingresos. La desaparición de esos salarios ha reducido drásticamente el consumo interno y ha dejado a decenas de miles de familias dependiendo de redes de apoyo mutuo o de ayudas externas para cubrir necesidades básicas.
El sistema financiero es otro aspecto crítico. Los bancos palestinos dependen de dos entidades israelíes para mantener sus operaciones internacionales y, sin esa relación de corresponsalía bancaria, la economía palestina quedaría aislada del sistema financiero global. El Ministerio de Finanzas ha utilizado la amenaza de retirar las garantías jurídicas necesarias para mantener esa cooperación bancaria como instrumento de presión política. La incertidumbre generada por estos anuncios ha incrementado la fragilidad del sistema financiero palestino y dificulta el acceso al crédito para empresas y particulares.
Las consecuencias macroeconómicas son severas, con una contracción del producto interior bruto superior al 20 %, una tasa de desempleo que supera el 30 % y un aumento de la pobreza. El verdadero problema radica en el progresivo deterioro de la capacidad productiva palestina. Para describir este fenómeno, el informe recupera un concepto desarrollado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que es el "de-development" o "desdesarrollo". Esto no significa simplemente que la economía deje de crecer, sino que pierde las capacidades necesarias para producir, invertir y desarrollarse de forma autónoma.
La agricultura constituye uno de los ejemplos más visibles de este de-desarrollo estructural. Las restricciones de acceso a tierras situadas en el Área C -donde Israel mantiene el control civil y militar-, la demolición de infraestructuras agrícolas y el arranque de olivares dificultan el mantenimiento de una actividad que fue uno de los pilares de la economía palestina. Estas políticas reducen las posibilidades de construir una base productiva propia y obligan a una dependencia creciente de las importaciones y del empleo en Israel.
Numerosos palestinos interpretan el endurecimiento de estas políticas, especialmente tras la devastación de Gaza, como parte de una estrategia destinada a hacer inviable su permanencia en el territorio. El texto introduce una crítica de fondo al modelo surgido tras los Acuerdos de Oslo, ya que lo que en los años noventa fue concebido como un sistema transitorio ha terminado consolidando una dependencia estructural que hoy se utiliza como herramienta de castigo y coacción. La ausencia de soberanía sobre fronteras, moneda, comercio exterior y política fiscal impide que la economía palestina pueda funcionar con autonomía.
La economía palestina seguirá siendo profundamente dependiente mientras no pueda controlar sus propias fronteras, su política comercial y sus mecanismos financieros
Para frenar la deriva a corto plazo, es necesario que Israel restablezca la transferencia íntegra de los ingresos fiscales retenidos, permita el regreso de los trabajadores palestinos a sus empleos, reduzca las restricciones de movimiento y garantice la continuidad de las relaciones bancarias. También se requiere el fin de la demolición de viviendas, el arranque de olivos y las limitaciones que impiden a los agricultores acceder a sus tierras de cultivo.
La economía palestina seguirá siendo profundamente dependiente mientras no pueda controlar sus propias fronteras, su política comercial y sus mecanismos financieros. Si la comunidad internacional no actúa para revertir esta subordinación y evitar el colapso de la Autoridad Palestina, la crisis económica derivará en una nueva ola de violencia. Al igual que el control militar, las finanzas se han consolidado ya como un frente de guerra principal en el conflicto.