Advertencias y críticas internacionales
Cuatro países europeos —Reino Unido, Alemania, Francia e Italia— solicitaron a «Israel» desistir de la ley, señalaron la pena de muerte como “inhumana y degradante”.
De acuerdo con Amnistía Internacional, su aplicación consolida un sistema de apartheid y podría constituir un crimen de guerra.
La aprobación ocurrió tras superar más de dos mil reservas durante su debate parlamentario, en un contexto de denuncias por abusos graves contra prisioneros, incluido tortura física y psicológica, privación de alimentos y atención médica, y condiciones de detención degradantes.
Ley para ejecutar a prisioneros palestinos: qué significa y por qué importa
En las semanas previas al voto, Itamar Ben-Gvir recorría los pasillos de la Knesset con un pin en forma de soga prendido en la solapa. El ministro de Seguridad Nacional israelí no necesitaba discursos: el gesto condensaba un proyecto político que durante años ocupó los extremos del sistema hasta que los extremos se volvieron Gobierno.
Ben-Gvir lidera Otzma Yehudit, el partido más a la derecha de la coalición de Benjamín Netanyahu, y carga con una condena de 2007 por incitación racista contra árabes y apoyo al grupo Kach, incluido en las listas de organizaciones terroristas de Israel y de Estados Unidos. Desde ese historial llegó a ministro; desde ese ministerio convirtió en ley lo que había prometido en campaña. La ejecución de militantes palestinos era su bandera central en 2022. Este lunes, la Knesset la aprobó en segunda y tercera lectura.
La calendarización tampoco fue casual. El voto se realizó en los días previos al receso de primavera, cuando la ventana para cuestionarla era la más estrecha. Ante la presión internacional, Netanyahu solicitó suavizar elementos del texto original; la versión revisada incorporó, como opción excepcional, la cadena perpetua. Concesión menor que no tocó el núcleo de la norma.
Lo que la ley establece
La norma convierte la condena a muerte en sentencia obligatoria para palestinos de Cisjordania juzgados por el asesinato de ciudadanos israelíes en actos tipificados como terrorismo. Solo circunstancias «especiales» —sin definición en el texto— abrirían paso a la cadena perpetua.
Más allá de la pena en sí, la ley desmonta los mecanismos que existen para prevenir condenas equivocadas sin posibilidad de enmienda. Suprime la clemencia y el indulto. Fija 90 días como plazo máximo entre sentencia firme y ejecución. Permite condenar con mayoría simple de jueces. Restringe el acceso presencial a asesoría legal. El gremio médico israelí se negó a participar en inyecciones letales, de modo que el método es la horca. La velocidad y la irreversibilidad operan juntas.
Para los ciudadanos israelíes —incluidos los colonos asentados en ese mismo territorio— el texto es otro. La legislación civil contempla la pena capital solo en ataques que busquen «negar la existencia del Estado de Israel» y mantiene la discrecionalidad del juez. Amichai Cohen, del Instituto para la Democracia de Israel, lo señaló sin rodeos: la estructura de la norma hace prácticamente imposible que un israelí enfrente sus disposiciones más severas.
Un territorio, dos sistemas de justicia
Esa asimetría no es un efecto colateral de la ley. Es su principio organizador. Los palestinos en Cisjordania son juzgados ante cortes militares bajo un régimen que organismos internacionales han documentado como incompatible con las garantías básicas de un juicio justo. Según B’Tselem, organización israelí de derechos humanos, esas cortes tienen una tasa de condena del 96% e historial de confesiones obtenidas bajo tortura. A ese sistema se le deposita ahora la facultad de colgar a un hombre.
Los colonos que habitan ese mismo suelo ocupado son juzgados por la justicia civil israelí, donde la sentencia queda a criterio del juez. Los cancilleres de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido lo calificaron, en declaración conjunta el domingo previo al voto, como una medida de carácter «discriminatorio de facto» hacia los palestinos. La fórmula diplomática apenas cubre lo que los juristas llaman segregación judicial.
Resistencia bajo ocupación
La ley tipifica como terrorismo los actos de palestinos que matan a israelíes sin distinguir el contexto en que ocurren. Esa omisión es política. La mayoría de quienes han sido condenados por esos hechos actuaron dentro de una ocupación que acumula décadas de demoliciones, desplazamientos forzados, bloqueos, asesinatos de civiles y colonización de territorios que el derecho internacional reconoce como palestinos.
Lo que la norma llama terrorismo tiene, para quienes lo ejercen, otro nombre: resistencia a una potencia ocupante que mata, desplaza y expropia sin rendir cuentas. Abdallah Al Zughari, presidente del Club de Prisioneros Palestinos, denunció que los detenidos en cárceles israelíes han sido sometidos a prácticas de «asesinato lento» que causaron la muerte de más de 100 prisioneros desde el 7 de octubre de 2023. Esta ley no inaugura ese exterminio; lo juridifica.
La norma no menciona a los palestinos muertos por el ejército israelí ni a los colonos que atacan aldeas con impunidad documentada. Solo nombra a los israelíes muertos y convierte esa muerte en el único hecho jurídicamente relevante. El contexto que produce la violencia queda fuera del texto porque estar dentro lo deslegitimaría.
Lo que dice el derecho internacional
Israel abolió la pena de muerte para el asesinato en 1954. En 78 años de historia solo ha ejecutado a una persona tras un juicio civil: Adolf Eichmann, uno de los arquitectos del Holocausto nazi, en 1962. Las cortes militares conservaron esa opción sobre el papel, pero nunca la usaron. Esta ley quiebra esa historia en el peor momento para hacerlo: 113 países han abolido la pena capital para todos los crímenes; 54 aún la permiten, entre ellos Estados Unidos y Japón. La tendencia es hacia la abolición.
Expertos de la ONU advirtieron el mes pasado que la legislación viola el derecho fundamental a la vida. Las condenas obligatorias, sin plena discreción judicial, son incompatibles con las normas internacionales. La definición vaga de terrorismo en el texto abre la puerta a ejecutar conductas que no alcanzan ese umbral. Amnistía Internacional lo complementa con un dato: no existe evidencia de que la pena de muerte disuada más que la cadena perpetua.
La Unión Europea condenó la propuesta. Juristas cuestionaron además que Israel tenga jurisdicción para legislar sobre los palestinos en Cisjordania: ese territorio no es tierra soberana israelí bajo el derecho internacional, lo que compromete la legalidad de toda condena dictada bajo este marco. Grupos de derechos humanos y legisladores de la oposición ya anunciaron que la impugnarán ante la Corte Suprema —la misma que el gobierno de Netanyahu ha intentado desmantelar durante meses.
El orden que esta ley construye
Ese detalle no es menor. Ben-Gvir y sus aliados han trabajado para reducir el poder del Poder Judicial israelí al tiempo que amplían el Ejecutivo. La ley de pena de muerte y el asalto a la Corte Suprema no son movimientos paralelos: son piezas del mismo tablero. Una coalición que necesita a la ultraderecha para sobrevivir le entrega a esa ultraderecha las herramientas para rehacer el Estado a su imagen.
Las encuestas muestran mayoría de apoyo a la norma entre los judíos israelíes. La aprobación llega mientras la ofensiva en Gaza continúa y el asentamiento en Cisjordania se profundiza. Cada uno de esos procesos alimenta a los otros.
Para los palestinos bajo ocupación, el resultado es concreto: el mismo territorio, el mismo acto, consecuencias radicalmente distintas según la identidad del acusado. Eso tiene un nombre. Es el apartheid con número de boletín oficial y fecha de promulgación.
