La regularización extraordinaria de migrantes, con la se pretende sacar de la clandestinidad a medio millón de personas que viven irregularmente en España, se retrasará, al menos, unas semanas más de lo previsto después de que los ministerios implicados no hayan cerrado el texto final, al que habrá que incorporar las recomendaciones del Consejo de Estado, que tampoco ha emitido aún su dictamen.
Fuentes gubernamentales sitúan su posible aprobación a finales de abril, pudiendo coincidir con la precampaña de las elecciones andaluzas. Pese a este retraso en el calendario inicial, que preveía comenzar los trámites administrativos los primeros días de abril, la portavoz del Gobierno y ministra de Migraciones, Elma Saiz, lanzó ayer “un mensaje de tranquilidad”, ya que “habrá tiempo suficiente” para que todos los que cumplan los requisitos podrán beneficiarse del proceso, que estará abierto hasta el 30 de junio.
Uno de los principales escollos, que mantiene enfrentado a Migraciones e Interior, es el control de los antecedentes penales, en un momento en el que el Partido Popular ha reavivado el asunto al acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de crear con la regularización “un agujero para la seguridad” de España.
Según anunció Moncloa, tras acordar con Podemos su aprobación, la propuesta primitiva indicaba que las personas con sentencia firme en su contra quedan excluidos del proceso. Aquellos con antecedentes policiales, que han estado inmersos en una investigación pero finalmente no han sido condenados, podrán conseguir la autorización de residencia siempre que, en base a informes individualizados, no constituyan “una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública”. Pero ¿cómo se verificará que el historial de antecedentes de un extranjero está limpio?
Migraciones defiende que “hay tiempo” para acogerse al proceso que debería durar hasta el 30 de junio
En la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska, según fuentes próximas a las negociaciones, se mantiene una postura firme desde el principio: sin certificado de antecedentes penales por parte de las autoridades del país de origen –o en el que se ha residido en los últimos cinco años– no debe haber autorización de residencia, que habilita automáticamente para trabajar en todo el territorio.
En cambio, el ministerio que capitanea Saiz, al igual que los partidos a la izquierda del PSOE, apuesta por una mayor flexibilidad en este punto: si en un mes el país al que se solicita el certificado no lo ha enviado, el Gobierno español podría recabar directamente la información necesaria. Y si corre un mes más con el silencio administrativo, bastaría con presentar “una declaración responsable de inexistencia de antecedentes”, entendiendo que carece de ellos.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) advierten de que la ausencia de antecedentes en España no equivale a la ausencia de historial en el país de origen, “por lo que cualquier relajación en los mecanismos de verificación supone un riesgo evidente”. Según el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, el Gobierno ha organizado “sobre el papel” cómo tramitar expedientes, “pero no la seguridad”.
Lo “lógico”, expresan las mismas fuentes, es que el texto final contemple vías alternativas para certificar el historial delictivo debido a la diferente casuística en los países de origen. En el Gobierno creen que no habrá “ningún problema” cuando se trate de países latinoamericanos, con los que se mantiene una estrecha colaboración policial. “El problema”, prosiguen, puede venir con Mali o Sudán, inmersos en conflictos militares que están destruyendo sus territorios, u otros países africanos que atraviesan situaciones complejas que hacen imposible facilitar documentos oficiales en un plazo de dos meses. Aunque no sería la primera vez que se recurre a este figura excepcional: en 2022, tras la invasión por parte de Rusia, se permitió a los refugiados de Ucrania acceder a una autorización de residencia con la mera declaración responsable.
Sindicatos policiales cargan contra la tramitación, que prioriza la burocracia “frente a la seguridad”
A falta de conocer el texto definitivo, es clave la fecha en la que insistió ayer la titular de Migraciones: próximo 30 de junio. Según confirman desde su Ministerio, ese será el último día para presentar las solicitudes, pero no el plazo máximo para resolver todos los casos, por lo que el tiempo para recibir los certificados de los terceros países se podría dilatar.