La ciudad es uno de los 33 bienes que forman parte de la lista estatal de lugares relevantes para la democracia
Los turistas que visitan el castillo de San Felipe, el alumnado que estudia en las aulas del instituto de Canido, la ciudadanía que va a renovar su DNI a la comisaría de San Amaro, la plantilla que trabaja en Navantia, el público del teatro Jofre, los investigadores de los archivos militares o los transeúntes que pasean por el centro de Ferrol podrán saber, sin necesidad de buscarlo, que se encuentran en alguna de las piezas del puzzle que han hecho de la ciudad un Lugar de Memoria Democrática.
Como quien revisa el álbum familiar guiado por algún mayor que va marcando en las imágenes el primer piso de los padres, el aspecto de los bisabuelos y el resto de acontecimientos sobre los que enraizó el árbol genealógico, datos fundamentales para saber de dónde venimos y discurrir conscientes por la vida, Ferrol desempolva el recuerdo de los 22 sitios que 40 años de dictadura se empeñaron en reconvertir en comunes bajo una pátina de normalidad cotidiana encaminada a sepultar el eco de las balas, el hambre y la completa falta de libertades.
Uno de 33
Fechada el pasado 4 de noviembre y publicada en el Boletín Oficial de Estado (BOE) tres días después, la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática publicaba el acuerdo de incoación del procedimiento para declarar Lugar de Memoria Democrática a “La ciudad de Ferrol”, abriéndose un período de exposición pública, especificándose que, como máximo, la resolución tendrá que esperar a lo sumo un año.
El Lugar de Memoria Democrática de Ferrol
La urbe pasaría así a formar parte de manera oficial del Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática que engrosan 32 ubicaciones más. Del Valle de Cuelgamuros al despacho de los “abogados de Atocha”, pasando por localidades enteras como es el caso de Gernika-Lumo por el bombardeo alemán en plena Guerra Civil, o la carretera de Málaga a Almería que intentaban cruzar los miles de andaluces civiles que perecieron, entre 3.000 y 5.000, en la conocida como “Desbandá”.
El objetivo, explican desde el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, es “conformar una relación de espacios, inmuebles o parajes en los que se han desarrollando hechos de singular relevancia para la memoria democrática”. Cabe resaltar, no obstante, que no ha sido el Gobierno central quien se ha fijado en Ferrol por arte de magia. Como en casi todo, detrás de la declaración hay un trabajo desinteresado y organizado de la sociedad civil que, en este caso, capitaneó la AC Memoria Histórica Democrática.
Fue el pasado 21 de mayo cuando comparecieron sus integrantes en el Ateneo Ferrolán junto a entidades como Fuco Buxán y Ferrolterra Antiga, además de historiadores locales, dando cuenta del inicio de unos trámites que pretendían “reivindicar o Ferrol democrático frente ao relato do Ferrol do Caudillo”, resumían entonces, explicando que en primer lugar se había llevado una moción al pleno por parte del BNG y Ferrol en Común que fue rechazada al ser una iniciativa de la que tendría que encargarse el Consello Sectorial da Memoria Democrática que no estaba aún constituido. Por eso, decidieron registrar la petición por su cuenta siete días antes en el Ministerio de Presidencia.
Conservar y señalizar
El siguiente paso ahora es la solicitud de sendos informes al Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela y a su sección homóloga en la Universidade de A Coruña, además de un tercero al Consello da Cultura Galega, antes de dar audiencia a los titulares de los lugares y al Concello para que formulen alegaciones y se pronuncien sobre el régimen de protección del bien conforme a la normativa.
Esto es fundamental, ya que ser Lugar de Memoria implica la obligación de “garantizar la perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada” de los puntos que conformen el expediente, 22 en el caso de Ferrol. Es decir, por un lado “se evitará la remoción o desaparición de vestigios erigidos en recuerdo” y, por otro, se establecerán medidas de protección y difusión de la historia.
Las primeras, que la ley no especifica, estarán destinadas a que la ubicación se conserve, mientras que las segundas tienen una “finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora” y “la Administración General del Estado impulsará la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo, así como de señalización de punto de reconocimiento de las víctimas indicando cuantos datos sean de interés para el conocimiento público de los hechos”.
En el caso de la ciudad naval son varias las administraciones, instituciones y empresas las que tendrán que colaborar para cumplir estos requerimientos, puesto que entre las titularidades de los 22 lugares que forman parte de la lista están el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Xunta de Galicia, el Concello de Ferrol, la empresa pública Navantia, la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y varios particulares y promotores inmobiliarios que poseen viviendas.
Puntos de memoria
Entre los “espacios emblemáticos y vinculados con la memoria” están señalados en el expediente el castillo de San Felipe, “que se convirtió en prisión militar y centro de fusilamientos erigiéndose como uno de los principales espacios de represión”, además de otros que “desempeñaron un papel central en la represión” como el presidio de La Escollera en el interior del Arsenal, la prisión naval de Caranza, el Cuartel del Baluarte del Infante, el Cuartel de Dolores, la prisión del partido judicial (hoy comisaría de la Policía Nacional en la avenida de Vigo) y la Comisaría de San Amaro.
Entre el resto de “escenarios significativos de esta violencia institucional” figura el cementerio de Canido (hoy el instituto del barrio), donde están documentadas cerca de 300 ejecuciones entre 1936 y 1945, y del que únicamente queda su capilla, la actual parroquia de San Rosendo. Otro camposanto, el de Serantes, alberga varias fosas comunes y el monolito al alcalde republicano Alejandro Porto Leis, ejecutado en el 38.
“A pesar de la violencia, Ferrol mantuvo viva su tradición de lucha obrera” que sitúa al astillero como otro de los puntos destacados, junto al Cantón de Molíns (allí estaba el consistorio), el Jofre como ubicación habitual de mítines, el Centro Obrero de Cultura y Beneficencia (Real, 138) como faro de la intelectualidad republicana, el portal donde la policía franquista mató a Moncho Reboiras (Tierra, 27), el monumento al “Dez de Marzal” y los archivos militares como fuente documental: el Naval, en Capitanía, y el Intermedio de Noroeste