La institución propone un programa de incentivos para plazas de difícil cobertura y apostar por la tecnología para el desarrollo de la telemedicina
07 nov 2025 . Actualizado a las 19:57 h.La falta de médicos de familia y pediatras en los centros de salud, sobre todo en áreas rurales, es una de las grandes preocupaciones de la Valedora do Pobo, la institución que se encarga en Galicia de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos. Así se recoge en su informe del 2024, remitido este viernes al Parlamento, que muestra que las quejas siguen al alza, con 16.562 expedientes y 4.155 asuntos abordados, de los cuales algo más de la cuarta parte tienen que ver con la cobertura sanitaria, el área que más inquieta a los gallegos. La valedora vuelve a poner el foco en las listas de espera, la derivación a centros concertados y, sobre todo, en la falta de facultativos, que ha desencadenado quejas colectivas, como en O Carballiño y Chantada.
Recomendaciones
La institución presidida por Dolores Fernández Galiño advierte de que este es un problema extensible al conjunto del sistema nacional de salud, y que requiere de la colaboración. Como en otras ocasiones, la valedora ha trasladado a Sanidade la necesidad de encontrar la necesaria coordinación entre las distintas instituciones con competencias (universidades y Ministerio de Sanidad) para resolver un problema que califica de «crónico».
Hace algunas propuestas en su informe: ajustar las plazas universitarias de formación y las plazas vía mir en los centros de salud a las necesidades reales de personal cualificado de la administración sanitaria; informar sobre las virtudes de la especialidad de medicina familiar a nivel de las universidades, con el objeto de hacer esta especialidad médica más atractiva para los estudiantes de medicina; y reforzar especialmente la formación continuada en el campo de la atención primaria y desarrollar un programa de incentivos entre los facultativos que permita cubrir las plazas desiertas de difícil cobertura.
La valedora también propone ahondar en el desarrollo tecnológico para explorar la alternativa de la telemedicina. Y hace una advertencia a la Xunta. «Mentres a situación descrita persista, resulta imprescindible que se facilite información sobre tódolos recursos asistenciais dispoñibles á poboación afectada por estas vacantes non cubertas e os recursos asistenciais que afectan ás consultas ordinarias no centro de saúde, pero tamén ás urxencias que poidan xurdir ao carecer dun profesional facultativo de referencia que poida dirixir a atención sanitaria nestes casos», apunta la institución.
Educación: acoso escolar
A pesar de los esfuerzos de la comunidad educativa por abordar este problema, la valedora vuelve a constatar las dificultades para prevenir y detectar estas conductas. Y por las quejas recibidas, hace referencia a los denominados puntos naranja. Según la valedora, no se informa a todo el alumnado de la existencia y función de este recurso contra el acoso escolar y el ciberacoso, de forma que se desconoce por una parte del alumnado que en estas cajas de correo es posible denunciar de forma anónima las posibles situaciones de acoso o ciberacoso que estén padeciendo los alumnos o sus compañeros.
En algunos centros, sostiene la valedora, existe la posibilidad (no extendida a nivel autonómico) de hacerlo en línea, pero el alumnado tampoco sabe cómo utilizar este canal virtual de comunicación. La Valedora do Pobo sostiene que la instalación de las cajas debería hacerse siempre en lugares que garanticen la privacidad, espacios en los que no se pueda presenciar el depósito de las comunicaciones. «Temos coñecemento de que nalgúns centros se colocaron na porta de acceso ao recinto, nos corredores dos despachos de dirección, das xefaturas de estudos ou das salas de profesorado, ou en lugares de paso», revela la institución en su último informe. A raíz de un caso abordado, la valedora plantea otro asunto: la necesidad de tomar las medidas precisas para evitar que un centro educativo pueda adoptar ninguna decisión en relación con un supuesto acoso escolar sin escuchar a la presunta víctima.
Servicios sociales y dependencia
En relación a la radiografía del 2024 —que no incluye el impacto de las medidas aprobadas por la Xunta después—, la valedora reitera que las listas de espera de los servicios ya aprobados para personas con dependencia siguen siendo motivo de queja. Según detalla en su informe, esto afecta incluso a personas con gran dependencia (grado tres) y que por tanto tienen prioridad. La situación en las listas, precisa, varía a mejor o a peor por los criterios de ordenación y las nuevas incorporaciones, por lo que la incertidumbre puede prolongarse.
Para la valedora, una de las consecuencias más llamativas de las listas de espera es la interrupción de la atención de las personas que se encontraban en el sistema educativo y que, al cumplir la edad límite, tienen que acudir al sistema de dependencia. Es decir, que pasan a encontrarse con las esperas. Por eso reclama medidas adecuadas. La valedora reconoce que esto ya se hizo al cambiar la orden de prioridad en la atención a la dependencia para atribuir el primer lugar a las personas procedentes de centros socioeducativos. Sin embargo, a pesar de esa priorización, la Valedora do Pobo advierte de que el problema sigue dándose, en especial cuando lo que se precisa es una plaza de atención especializada.
Inteligencia artificial
En su informe del 2024, la institución presta atención a este asunto al entender que entraña peligros para los derechos de los ciudadanos. En su comparecencia después de entregar el informe en el Parlamento gallego, Dolores Fernández Galiño explicó que la protección de datos personales puede verse comprometida si se usan informaciones sin consentimiento o sin un control efectivo de uso, y añadió, en este sentido, que «os algoritmos e os nesgos nos datos teñen potencial para perpetuar ou agravar as discriminacións existentes, especialmente en materia de xénero, raza ou condición social».
En línea con todos los cambios que acarrea la revolución tecnológica, la Valedora do Pobo indicó además que la inteligencia artificial puede condicionar el derecho a una información veraz «ante a proliferación de ultrafalsificacións que xa supoñen riscos serios para a intimidade, para a propia imaxe e incluso para a integridade dos procesos democráticos». En este sentido, la Valedora do Pobo sostiene que las nuevas tecnologías nunca pueden ser una excusa para vulnerar los derechos, sino una herramienta al servicio de la igualdad y la dignidad de la persona.