foto: Provea, ong venezolana siempre lista para aportar a la desestabilización del proceso revolucionario.
En la lucha de clases global, el discurso de los derechos humanos ha emergido como una de las armas ideológicas más eficaces del imperialismo para justificar su injerencia en los asuntos internos de las naciones soberanas, especialmente aquellas que, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, han desafiado el orden capitalista. El marxismo enseña que los derechos humanos no son conceptos universales y ahistóricos, sino que surgen en un momento específico: con la revolución burguesa. Por ello, reflejan intrínsecamente los valores e intereses de la clase dominante, como la propiedad privada y la libertad de comercio.
Por esta razón, mientras en los países capitalistas, cuyo modelo se basa en la explotación del trabajo por el capital, se violan los derechos básicos, se acusa a los países socialistas – que defienden esos derechos – de ser dictatoriales y opresores. El uso de esta narrativa revela un flagrante doble rasero. El imperialismo occidental, liderado por Estados Unidos, es cómplice y promotor de masivas violaciones de los derechos humanos en todo el mundo, desde las guerras de agresión en Medio Oriente hasta el apoyo a regímenes dictatoriales que garantizan el acceso a recursos naturales, y al genocidio en Palestina.
Sin embargo, estas violaciones son sistemáticamente ignoradas por los medios de comunicación hegemónicos y los organismos internacionales controlados por el capital. En contraste, cualquier incidente, real o fabricado, en un país socialista es magnificado y utilizado para construir un caso en favor de sanciones económicas, bloqueos o, en última instancia, una intervención militar.
En este contexto, las ONG que operan en los campos de los “derechos humanos” y la “democracia”, se convierten en la punta de lanza del imperialismo. Es bien sabido que, lejos de ser entidades apolíticas e independientes, muchas de ellas reciben financiamiento directo de agencias estatales norteamericanas, o de fundaciones privadas con intereses geopolíticos. Ellas actúan como un caballo de Troya, infiltrándose en la sociedad civil y creando una red de oposición interna. Sirven para construir un relato funcional a los objetivos imperialistas: legitimar la intervención y desmantelar el Estado.
Por esto, ciertas ONG recopilan y difunden «información» que denuncia violaciones de derechos humanos, a menudo sacada de contexto o directamente inventada, para generar una percepción internacional de caos y tiranía. Proporcionan la justificación moral y la cobertura legal para que los gobiernos imperialistas apliquen “sanciones”, congelen activos o financien golpes de Estado.
Como estamos viendo con Venezuela, presentan un «Estado fallido» o «narcoterrorista» para aniquilar cualquier posible defensa internacional y preparar a la «opinión pública» a aceptar las agresiones imperialistas. Buscan debilitar las instituciones del Estado-nación para que este no pueda defender su soberanía frente al capital transnacional.
El caso de Venezuela es un ejemplo paradigmático. Tras la llegada al poder de la revolución bolivariana, que nacionalizó industrias estratégicas y puso los recursos del país al servicio del pueblo, el imperialismo activó su aparato de propaganda. La narrativa de una «crisis humanitaria» se construyó a través de informes de ONG y reportajes mediáticos, sirviendo como pretexto para la imposición de “sanciones” asfixiantes.
Estas sanciones, que han causado un inmenso sufrimiento a la población, son la verdadera y masiva violación de los derechos humanos, aunque se presenten como un «castigo» a los gobernantes del proceso. El objetivo no es la democracia, sino el control de las vastas reservas de petróleo, oro, etcétera.
En última instancia, tenemos que tener claro que el discurso de los derechos humanos, cuando es esgrimido por el imperialismo, no tiene nada que ver con la defensa de la vida o la libertad, sino con la defensa de los intereses de la burguesía. La lucha por los derechos humanos genuinos es, y siempre ha sido, parte de la lucha del proletariado contra la explotación y el saqueo capitalista.
La Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos es el “mayor cartel del mundo”, dijo el capitán Diosdado Cabello, vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, ratificando el compromiso del gobierno venezolano en la lucha contra el narcotráfico y las bandas criminales. No se trató solo de una legítima indignación ante las acusaciones pretestuosas del imperialismo estadounidense, alimentadas por una oposición golpista que busca contrarrestar con el terrorismo la ausencia de consenso en el país. El verdadero papel de la DEA, al servicio de las ambiciones geopolíticas de los gobiernos de EE. UU., es bien sabido por cualquiera que conozca la historia de América Latina. Y más allá.
El precedente más claro de esta táctica se encuentra en el caso Irán-Contra, un escándalo que expuso la connivencia de la CIA y otros organismos de seguridad de EE. UU. con el narcotráfico. A mediados de la década de 1980, la administración de Ronald Reagan, en su afán por derrocar al gobierno sandinista de Nicaragua, financió y armó ilegalmente a los mercenarios conocidos como «Contras». Para eludir la prohibición del Congreso, la CIA facilitó el tráfico de drogas de América Central hacia Estados Unidos, utilizando las ganancias del narcotráfico para financiar a los Contras.
Si bien la DEA se presentaba como la agencia principal en la «Guerra contra las Drogas», las investigaciones revelaron que sabía de estas operaciones y no solo las toleraba, sino que cooperaba con los traficantes para apoyar la agenda anticomunista. Este caso demostró que, para el imperialismo, el narcotráfico no era el enemigo principal, sino una herramienta útil para financiar a sus aliados y desestabilizar a sus oponentes políticos.
Al igual que en Nicaragua, la narrativa contra Venezuela se basa en la acusación de que el Estado bolivariano es un «narcoestado», con el objetivo de justificar el asedio económico y el apoyo a grupos criminales de derecha. La DEA y la CIA han apoyado a organizaciones criminales y grupos de «guarimberos» para crear caos, desestabilización social y violencia. Estas organizaciones, a menudo presentadas como «luchadores por la libertad», sirven como una fuerza paramilitar no oficial para generar un clima de ingobernabilidad que justifique una intervención extranjera.
El narcotráfico, lejos de ser un fenómeno criminal autónomo, se ha convertido en una pieza central de la guerra híbrida que el imperialismo estadounidense libra contra Venezuela. La DEA no actúa como una fuerza policial neutral, sino como un instrumento político al servicio de los intereses de la burguesía imperialista. Su verdadero papel no es combatir el tráfico de drogas, sino desestabilizar a los gobiernos que desafían el orden capitalista, utilizando el narcotráfico como pretexto y como arma.
La «Guerra contra las Drogas» en América Latina ha sido, en realidad, una guerra contra la soberanía. La DEA, con sus operaciones encubiertas y su apoyo selectivo a grupos criminales, ha demostrado ser un brazo del poder imperialista. El caso de Venezuela no es entonces que la última manifestación de una táctica largamente probada: utilizar el narcotráfico no como un problema a resolver, sino como un arma para socavar a los gobiernos que no se doblegan a los dictados de Washington.
En un plano más general, se ve además cómo en los países capitalistas la «lucha contra el narcotráfico y las mafias» sirve para aumentar los gastos militares y de «seguridad» con miras a agigantar la «sociedad disciplinaria» y el control social, y no la solución de los problemas (empleo, vivienda, educación) que exponen a las clases populares al chantaje de los poderes criminales: que, a decir verdad, son la otra cara del capitalismo y de su sistema de explotación, que te quita derechos y dignidad, pisoteando sus mismas leyes, pero manteniendo las «manos limpias.»
El verdadero combate contra el narcotráfico no reside en las operaciones de la DEA, sino en la lucha de clases que busca unir los “condenados de la tierra” para derrotar el capitalismo, cuyas contradicciones, en última instancia, son las que alimentan el crimen y la injusticia social.