Por Joaquín Urias
Profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal constitucional
Algunas asociaciones judiciales han convocado una huelga de jueces para los primeros días de julio y lo han hecho intentando engañarnos a todos. Afirman que el proyecto de reforma judicial que debate el parlamento atenta contra la independencia judicial y busca someterlos al control de gobierno. Eso es falso y los jueces lo saben. Pero les ha parecido una mentira lo bastante sexy como para disfrazar de indignación una protesta que es exclusivamente política.
En una democracia sana las opiniones son discutibles, pero los hechos veraces deben ser respetados. Por eso resulta imprescindible denunciar la falsedad que nos están intentando colar.
La reforma judicial que ha llevado al parlamento el ministro de justicia, Félix Bolaños, pretende modernizar el sistema de acceso a la carrera judicial y fiscal. Para ello prevé algunas medidas excelentes, otras discutibles y alguna definitivamente mala. Es una propuesta que puede ser mejor o peor, gustar más o menos, pero que no contiene la más mínima amenaza a la independencia judicial.La propuesta tiene, a mi parecer, algunas medidas positivas. Entre ellas empieza a cambiar (demasiado poco aún) el carácter memorístico de las pruebas de acceso, crea nuevas becas para que estudien los futuros jueces, establece un centro público donde preparar gratis las oposiciones, amplía el cuarto turno para que entren a la carrera juristas con experiencia práctica.
Algunas de estas medidas molestan a los jueces en ejercicio. Están en su derecho de opinar así. A muchos de ellos no les gusta que se suavice el carácter memorístico de la oposición, porque están convencidos de que, si ese fue el mecanismo que les permitió ser seleccionados a ellos mismos, debe ser el mejor de los posibles. Hay otros muchos que obtienen un suculento complemento mensual –no siempre declarado a Hacienda—preparando a opositores y la gratuidad del nuevo centro público le vendría a fastidiar el negocio. Así que tampoco les gusta. Por estos u otros motivos resulta lícito discrepar de las medidas propuestas. Pero es engañoso atribuir esa discrepancia a un deseo de evitar injerencias del ejecutivo en su tarea.
Algunos, más osados, intentan argumentar que la creación de una institución pública y gratuita en la que preparar las oposiciones puede ser un modo de manipular ideológicamente a los futuros jueces. Pero es un razonamiento absurdo que ni ellos mismos se creen: tanto las universidades en las que han estudiado muchos de ellos como, sobre todo, la actual escuela judicial son instituciones públicas y no parece que a ninguno de ellos hayan conseguido convertirlos en títeres del socialismo.
Ciertamente, la reforma incluye también alguna medida a mi parecer desastrosa. Sobre todo, la apertura de un proceso de estabilización para que los actuales jueces sustitutos se integren en la carrera judicial. Es un disparate mayúsculo. No por el legítimo deseo de estabilizar a profesionales precarios sino porque los actuales jueces sustitutos no se nombran mediante ningún mecanismo reglado y objetivo de méritos, sino que son elegidos a dedo por altos cargos judiciales. Muchos del millar de jueces sustitutos son simplemente licenciados en derecho sin más estudios ni conocimientos que los de cualquier alumno de último año. Es un sistema absurdo y que fomenta el enchufismo y el caciquismo. Así que, de aprobarse la reforma, entrarán en la judicatura de manera definitiva estas personas que no han demostrado tener unos especiales conocimientos jurídicos o de otro tipo.
Es lógico que jueces, fiscales, abogados y operadores jurídicos estén indignados con esta medida. Incluso podría llegar a entenderse que se organizasen protestas contra ella, porque puede dañar la calidad del servicio público de justicia. Lo que supone una mentira descarada es decir que estamos ante un intento del gobierno de controlar o acallar a la judicatura. Si esos jueces sustitutos actuales guardan algún tipo de lealtad no es al gobierno, que para nada interviene en su nombramiento arbitrario, sino hacia los magistrados de los tribunales superiores de justicia que los designan a dedo. No van a entrar comisarios políticos sino enchufados de los propios jueces. Nada parecido a una inherencia gubernamental.
En suma, nuestros jueces y juezas están mintiendo descaradamente a la opinión pública hablando de intromisión en su independencia para referirse a lo que, a lo sumo, es solo mala planificación o mera discrepancia técnica. Y lo hacen por un doble motivo: para legitimarse presentándose como víctimas del terrible gobierno socialcomunista… y para dañar la reputación del actual presidente del gobierno, al que quieren acosar con esta huelga.
Los jueces tienen derecho a discrepar del gobierno, a tener la ideología que quieran e incluso a odiar a Pedro Sánchez. También tienen derecho a protestar contra las reformas de su estatuto que consideren equivocada. Lo que no tienen derecho es a mentir a la ciudadanía y menos aún a hacerlo como parte de una campaña política contra otro poder del Estado. Y eso es lo que está pasando.
Es algo terrible, porque deslegitima el ejercicio de un derecho como la huelga. Personalmente no soy partidario de restringir a nadie sus derechos de protesta laboral. Y aunque es cierto que los jueces son un poder del estado y como tal es dudoso que tenga sentido la huelga (sería como si lo hace el Rey o un diputado) puedo entender que muchos de ellos se consideren también meros trabajadores públicos.
Una huelga de jueces plantea problemas prácticos como la fijación de servicios mínimos, que no se sabe qué administración debe hacer y que puede ser revisada… por los propios jueces. De modo que si se declaran en huelga son los únicos trabajadores que deciden por sí mismos qué servicios atender. Una situación abusiva que ya se puso de manifiesto cuando en la última huelga los propios tribunales decidieron que tenían derecho a no trabajar, pero el Estado no podía descontarles el sueldo de los días de huelga. Aun así, defiendo su derecho a utilizar ese modo de negociación colectiva, aunque deberían –por un mínimo de decencia—hacerlo respetando lo que establece la ley. Así, una huelga convocada por las asociaciones judiciales es directamente inconstitucional, porque implicaría que éstas actúen como sindicatos, lo que está expresamente prohibido en la Constitución. La huelga de jueces sólo sería legal si se hiciera mediante asambleas de jueces en cada juzgado, con el voto favorable de la mayoría de ellos y se comunicara oficialmente con diez días de antelación. No lo han hecho, de modo que aunque tengan derecho de huelga en este caso no lo están ejerciendo legítimamente.
Pero incluso eso da igual. Ojalá los jueces puedan protestar por sus derechos laborales. Lo que no pueden hacer es una huelga política y basada en mentiras. Que es lo que están haciendo.
Esta convocatoria pone de manifiesto que muchos de nuestros jueces son personas deshonestas que no tienen el mínimo pudor en mentir a la sociedad y que no se cortan en hacer política. Han desperdiciado la ocasión de reivindicar su derecho de huelga protestando contra sus terribles condiciones de trabajo, reclamando más jueces y mejores servicios o, en definitiva, exigiendo una justicia de calidad. En vez de eso han decidido ponerse las togas y salir a la calle con VOX y el PP a ver si pueden hacerle daño a Pedro Sánchez. Definitivamente, vivimos tiempos tristes y el poder judicial no está, ni de lejos, a la altura democrática que debería. Todo muy lamentable.