Es probable que las sanciones impidan a Albanese viajar a Estados Unidos y bloqueen cualquier activo que tenga en el país, pero la relatora logró pintar al diablo.
La persecución estadounidense de opositores alcanza ya a expertos independientes nombrados por organismos internacionales. El caso de la relatora de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en territorios palestinos, Francesca Albanese, es ilustrativo. En días pasados, el gobierno de Trump impuso sanciones a una voz indispensable que ha denunciado atrocidades de guerra que equivalen a una licencia para matar. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Albanese fue sancionada por colaborar con la Corte Penal Internacional (CPI) en sus esfuerzos por procesar a ciudadanos estadounidenses o israelíes relacionados con la destrucción de Palestina. Fue la publicación del informe “De la economía de la ocupación a la economía del genocidio” la gota que derramó la copa.
En el documento dirigido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la Relatora Especial delata la maquinaria corporativa que sustenta el proyecto israelí de asentamiento colonial por desplazamiento y reemplazo. Mientras líderes políticos y gobiernos miran a otro lado, multinacionales como las mexicanas Cemex y Orbia extraen rentas de la economía de ocupación ilegal, segregación y, ahora, lo que expertos califican como genocidio. La red de complicidad expuesta es la mera punta de un iceberg que solo la denuncia podría derretir. De ahí el malestar de Rubio.
El Informe Albanese señala a quienes dotan la infraestructura vertebral del desplazamiento. Empresas armamentísticas, tanto israelíes (Elbit, Israel Aerospace Industries) como internacionales (Lockheed Martin), desarrollan, prueban y certifican sus productos como "probados en combate" (battle-proven) en un ciclo de innovación perverso, convertido en pilar de las exportaciones israelís. Gigantes tecnológicos como Microsoft, Google y Amazon, junto con empresas especializadas como Palantir, proveen sistemas de datos, nube e inteligencia artificial que permiten una vigilancia masiva de la población palestina, desde el reconocimiento facial biométrico hasta algoritmos predictivos. Empresas de maquinaria pesada como Caterpillar, HD Hyundai y Volvo suministran el equipo esencial para la demolición de viviendas e infraestructura palestina.
El Informe Albanese señala a quienes dotan la infraestructura vertebral del desplazamiento.
En paralelo, diversos cómplices reproducen una economía de construcción y explotación en las tierras confiscadas. La edificación de colonias ilegales representa un boom subsidiado por el Estado mediante empresas como Heidelberg Materials y CAF. El control sobre recursos estratégicos como el agua (monopolio de Mekorot) y la energía (Chevron y BP) crea una dependencia estructural para la población palestina, forzada a comprar recursos extraídos de su propio territorio.
La economía de ocupación no podría sostenerse sin el sistema financiero global. Bancos internacionales como BNP y Barclays suscriben bonos del tesoro israelí y financian el creciente déficit presupuestal alimentado por el gasto militar. Aseguradoras como Allianz y AXA y fondos soberanos como el noruego y de pensiones como el de Quebec, además de gestoras de activos como Blackrock y Vanguard, invierten en acciones y bonos del Estado israelí y las empresas cómplice. A la par, despachos de abogados, contadores y académicos blanquean y legitiman el aceitado de la aplanadora.
La economía de ocupación no podría sostenerse sin el sistema financiero global.
El Informe Albanese posibilita conceptualizar una alternativa semántica al término “economía del genocidio” para describir esta barbarie autosostenible, por aquello del escozor que despierta. El eufemismo —por diseño— “economías de complicidad” resume un sistema interconectado de actores corporativos, financieros, académicos y caritativos que, con conocimiento o no, sostienen, financian y se benefician del barrido de un territorio ocupado, en este caso Palestina. Además de la industria militar, este entramado abarca una amplia gama de sectores como la tecnología de vigilancia, la construcción, las finanzas, los agronegocios y el turismo, los cuales proveen las herramientas materiales (armas, maquinaria), la infraestructura tecnológica (vigilancia, inteligencia artificial), el capital financiero (inversiones, préstamos) y la normalización ideológica (investigación académica, casos de negocio) que facilitan el desplazamiento y reemplazo de la población palestina. El aparato estatal, lejos de actuar como un regulador imparcial, reasigna activos (tierra y recursos) y promueve un modelo económico extractivo.
El objetivo final de las economías de complicidad, desconocido aún, puede ser la creación de un campo de concentración— como modeló una unidad de Boston Consulting Group y denunciaron el Financial Times y Haaretz— o de lo que Trump llamó una “Riviera de Oriente Medio”. En cualquier caso, mientras perdure, la destrucción masiva genera rentas bajo un sistema de opresión que funciona como los engranes de una maquinaria aplastante.
Es probable que las sanciones impidan a Albanese viajar a Estados Unidos y bloqueen cualquier activo que tenga en el país, pero la relatora logró pintar al diablo. Las carpetas abiertas en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Corte Penal Internacional (CPI) transformaron los riesgos reputacionales en pasivos materiales y cuantificables. Con las denuncias, la continuidad operativa implica una decisión consciente de aceptar un nivel de complicidad penal, lo que representa una vulnerabilidad financiera y legal. La viabilidad a largo plazo del modelo se tambalea con la exposición corporativa a una corrección de mercado catastrófica impulsada por la exigencia de rendición de cuentas legal, política y económica. De ahí el valor del Informe Albanese.
Las sillas musicales es un juego de eliminación en el que se colocan sillas, una menos que el número de participantes, y se reproduce música mientras los jugadores orbitan tronos precarios. Es una danza de anhelo y pérdida al compás de una melodía incierta. Cuando el pulso se detiene sin aviso, y el silencio cae como una sentencia, una ráfaga de instinto gatilla la búsqueda de refugio. En Medio Oriente, conforme la presión internacional suba y la música de la licencia para matar y expropiar pare, como alguna vez paró en el apartheid sudafricano, entonces el terror bajará la borrachera de quienes hoy capturan rentas extraordinarias. En ese momento, el instinto de salvación llevará a los participantes del horror a sonar los silbatos, unos contra otros. Se habrá roto entonces la economía de complicidades. Estados Unidos, cuya meta es que la música suene y suene, persigue hoy a la mujer valiente que presionó el botón de STOP.