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Uruguay. Conmemoración de la 30° Marcha del Silencio

 


Miles de personas se movilizaron en Montevideo por Memoria, Verdad y Justicia. Sobre la avenida 18 de Julio, Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, militantes e integrantes del gobierno del presidente Orsi dijeron no al olvido. José Pepe Mujica y Belela Herrera, quienes fallecieron este mes con cuatro días de diferencia, fueron los grandes ausentes.

Desde Montevideo

   Miles de uruguayos reafirmaron su compromiso con la lucha por los derechos humanos una vez más. Lo hicieron de a pie, a lo largo de varias cuadras, sin cantos ni voces amplificadas, con un respeto tan solemne como sentido por las víctimas del Terrorismo de Estado que invita a revisitar el pasado. Porque las heridas abiertas no cicatrizan. La dictadura no es un vago recuerdo. Sus consecuencias siguen hasta la actualidad.

  En esa espina dorsal de esta capital que es la avenida 18 de Julio, se realizó la 30° Marcha del Silencio. Un hecho que ya es un ritual cargado de capital simbólico. Que se replicó también en distintas ciudades del interior. Incluso en países tan distantes entre sí como Japón y Ecuador. Bajo la consigna: “30 veces Nunca Más: sepan cumplir. ¿Dónde están?”.

  La columna que partió desde la Universidad de la República, en el cruce entre Juan Jackson y Avenida Rivera caminó a paso lento por la 18 hasta Plaza Libertad. A su frente iban familiares con pancartas de los desaparecidos. Los registros uruguayos indican que son 197, muchos de ellos secuestrados en la Argentina. Una cara y un nombre en cada cartel señalaban el dolor silencioso de sus familiares. Como el que portaba la prima de José Luis Urtasun, detenido-desaparecido en Buenos Aires el 13 de agosto de 1978.

 Imagen: Gustavo Veiga

Al frente de la marcha iba Jair Krischke, el presidente del Movimiento de Derechos Humanos de Brasil, militante infatigable que salvó vidas de uruguayos al otro lado de la frontera durante la dictadura de 1973 a 1985. La cabeza de la columna fue seguida por detrás por una nutrida cantidad de personas. Otras tantas la acompañaban de cerca, desde las veredas, donde un silencio envolvente solo era interrumpido por algunas voces aisladas de los militantes que despejaban el camino para que no se interpusieran fotógrafos y camarógrafos delante de la movilización y un pequeño móvil que iba filmando su desarrollo.

  En la esquina de Magallanes y 18 de Julio, sobre la Plaza de los Bomberos, se habían reunido referentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), hoy en el gobierno del Frente Amplio. El secretario de la Presidencia Alejandro Pacha Sánchez, la ministra de Defensa Sandra Lazo y el diputado nacional Gabriel Otero, víctima de la dictadura. Cuando niño, vivió detenido en un cuartel junto a su madre Melba, militante política al igual que su padre, Evaristo Manuel.

  “Se debe trabajar desde muchos ángulos toda esta temática. La educación en memoria es fundamental. Hace treinta años que venimos a esta marcha, acá y en el interior del país. He estado en Treinta y Tres, en Rocha, en varios lugares del país y en general vengo con mis hijos, en alguna oportunidad con mi nieta. O sea, cada vez se suma más gente y concita voluntades en la necesidad de avanzar en la búsqueda de la verdad. Y hasta que esto no suceda no habrá una verdadera reconciliación”, le dijo a Derribando Muros la ministra Lazo.

  Son tiempos de retroceso en el mundo para las políticas de memoria, verdad y justicia. En la Argentina lo sabemos de sobra. El gobierno de Javier Milei cultiva el negacionismo. En Brasil sigue vigente la Ley de Amnistía de 1979 con la cual los militares se garantizaron impunidad por sus crímenes en los años 60 y 70. En Uruguay las causas avanzaron lento, se perdió un referéndum para abolir la Ley de Caducidad, pero la Marcha del Silencio interpela cada año sobre las derivaciones de un pasado no cerrado.

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  Otero dice que el camino transitado hasta ahora “es consecuencia de esa cuestión de lucha y resistencia de este pueblo que reclama dónde están los 197 desaparecidos. Reclama verdad. Reclama justicia. Y tenemos la esperanza de que este gobierno, que el presidente Yamandú y la ministra de Defensa puedan tener éxito en encontrar la verdad que muchos queremos todavía. Esta es una marcha sostenida por los jóvenes. Hoy me tocó vivirla con mis sobrinos nietos de 22 y 19 años y andan por ahí. Ellos me preguntaron: ‘Tío, ¿Cómo fue la primera marcha?’ Están sensibilizados con el tema y por esta movilización que es un ícono de resistencia”.  

  Uruguay no olvida a sus víctimas del Terrorismo de Estado pero hay bolsones de negacionismo que perduran, sobre todo en las redes sociales. Militares condenados que reciclan el olvido y desafían al gobierno. Voces críticas que sostienen aún hoy, en el siglo XXI, que “no hubo una dictadura, torturas, ni desapariciones”. Que atribuyen a los militares una condición beatífica por haber salvado al país del comunismo internacional. Una construcción de subjetividad que a girones, incluso se prolongó en los primeros gobiernos constitucionales de Julio María Sanguinetti y Luis Lacalle Herrera.

  La trigésima Marcha del Silencio extrañó esta vez a dos grandes uruguayos que no pudieron estar presentes porque se fueron de este mundo con cuatro días de diferencia. El expresidente José Pepe Mujica y María Belela Herrera, la activista de Derechos Humanos, profesora y política uruguaya, que llegó a ser vicecanciller del Uruguay entre 2005 y 2008. Este martes 20 de mayo también, ese hombre que cosechó recordatorios elogiosos por su trayectoria de lucha, sabiduría popular y coherencia, además hubiera cumplido 90 años.     

UNA HISTORIA DE AVANCES Y RETROCESOS

La marcha del Silencio es un punto de encuentro, una forma de exigir “Nunca más”, un compromiso militante con la memoria de los desaparecidos uruguayos. Un pedazo de la historia de un pueblo. Nació el 20 de mayo de 1996, etapa durísima para las luchas de Madres y Familiares que siete años antes habían sufrido el golpe de la Ley de Caducidad. Una pretensión que legalizaba el olvido sometida a referéndum durante la presidencia de Julio María Sanguinetti, máximo responsable político de esa norma. La ciudadanía votó y ganó la postura de dar vuelta la página.

  Fue por la diferencia de un 57 al 43 por ciento aquel 16 de abril de 1989. Pero los derrotados no se rindieron, siguieron organizándose, militando y pidiendo justicia por los crímenes de la dictadura. Aquellos delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales habían prescripto para el gobierno aunque no para las víctimas del Terrorismo de Estado que sobrevivieron. Parejas, hijos, nietos, amigos y compañeros de los desaparecidos.

  El presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, Jair Krischke, en el centro, encabeza la marcha en Montevideo. Imagen: Gustavo Veiga.

Su lucha continuó y empezó a ganar espesura. En los debates y búsquedas de consenso surgió la idea de que el 20 de mayo era una fecha clave como punto de partida. Ese día de 1976 aparecieron en la Argentina los cuerpos de los legisladores Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinados en Buenos Aires en el marco del Plan Cóndor. Fue así que bajo la consigna “Verdad, memoria y Nunca Más”, aquel 20 de mayo de hace treinta años se realizó por primera vez la Marcha del Silencio. Un silencio que interpela a la sociedad, que lo ha hecho con cada gobierno posterior al de Sanguinetti, con más o menos éxito.

  Durante el mandato de Jorge Batlle se dio un paso adelante con la creación de la Comisión para la Paz. Aunque módica en sus resultados, a partir del 9 de agosto de 2000, esta especie de CONADEP redactó un informe sobre 260 desaparecidos uruguayos en todo el Cono Sur. Su trabajo significó el reconocimiento del Estado a las víctimas del golpe cívico-militar iniciado en 1973 y liderado en la primera etapa por el presidente constitucional Juan María Bordaberry. Pero sus consecuencias jurídicas tuvieron “efectos acotados” dice Elena Zaffaroni de Madres y Familiares.

  Es demasiado lo que queda por hacer, aunque el  pueblo uruguayo tiene suficientes herramientas. El poder de la movilización y concientización entre los jóvenes. La disputa por el sentido con los grupos de extrema derecha que todavía niegan el pasado. La renovada expectativa en avances tangibles durante el cuarto gobierno del Frente Amplio. Son algunas de las coordenadas a tomar en cuenta para que no se detenga o retrase la demanda de justicia que ya lleva cuatro décadas en democracia desde el 1° de marzo de 1985.