El PP anuncia que llevará al Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato con Israel y Yolanda Díaz afirma que es "legal"
Fuentes del Partido Popular advierten de que la decisión se ha tomado por motivos "únicamente políticos" y "arbitrarios" y señalan que tendrá un alto coste económico.
El PP ha anunciado que denunciará ante el Tribunal de Cuentas la rescisión del contrato de compra de balas a una empresa israelí y afirma que se ha tomado por motivos "únicamente políticos" y "arbitrarios".
Así lo han avanzado este viernes fuentes del PP, que advierten de que la rescisión del contrato tendrá un alto coste económico. Y añaden que, ante ese pago sin contraprestación, se plantea "una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos con incumplimiento de las normas presupuestarias que exigen entrega de algo".
Recalcan que esa responsabilidad en la que incurriría deben hacerla frente patrimonialmente quienes la ocasionen y "no el bolsillo de los españoles como pretende el Gobierno". En este sentido, desde el PP se preguntan "¿quién va a pagar la decisión de Sánchez de rescindir el contrato por interés personal?".
Por su parte, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha afirmado este jueves que la rescisión del contrato de compra de munición es "completamente legal" y ha pedido hacer lo mismo con los otros contratos pendientes de compra de armamento a Israel, aunque prevé que puede haber litigios.
En una entrevista en RNE, Díaz ha celebrado que Sumar haya "conseguido" que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, diera marcha atrás en su "error" de adjudicar este contrato, y ha evitado cargar contra sus socios de coalición del PSOE tras sus fuertes desavenencias en materia de defensa.
"Yo creo que en política, como en la vida, uno tiene que rectificar, y aquí lo dejo", ha dicho. Ella misma, según ha explicado, estuvo hablando el miércoles con Marlaska y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para intentar lograr la rescisión del contrato, algo que finalmente se hizo y que Díaz asegura que es "completamente legal".
"No corremos ningún riesgo, no hay ninguna acción incorrecta", asegura la vicepresidenta, que junto a su equipo, según ha relatado, dio razones jurídicas a Marlaska amparadas en la legalidad internacional para defender la rescisión del contrato.
Díaz no ha pedido la dimisión de Marlaska y no cree que haya perdido autoridad para seguir al frente del departamento ya que, a su juicio, "rectificar nos hace mejores".
Preguntada sobre otros nueve contratos de compra de armamento a Israel pendientes de formalización, ha pedido que el Ejecutivo haga lo mismo y los rescinda por completo ya que, según ha subrayado, el acuerdo del Gobierno de coalición "está vinculado a la no posibilidad de compra de armamento con Israel".
La decisión del Gobierno ha sido celebrada por la plataforma Juristas por Palestina, integrada por profesionales del mundo del derecho, que no duda en señalar a la "intensa presión social y política" como acicate para la rescisión, si bien denuncia que restan "al menos otros nueve contratos en materia militar o armamentística que han sido adjudicados a empresas israelíes o a sus filiales españolas".
Unas adjudicaciones que –aseguran– se han llevado a cabo de "manera velada y a espaldas de la ciudadanía", por lo que desde la plataforma exigen respuestas al Gobierno sobre su formalización.
Asimismo, reclaman que el Ejecutivo cumpla con los compromisos adoptados el pasado septiembre al rubricar la resolución de Naciones Unidas que exige de "forma inequívoca la suspensión del comercio y de todas las inversiones que contribuyan a la ocupación ilegal israelí en el Territorio Palestino Ocupado".