Marruecos sigue encadenando expulsiones de activistas y periodistas mientras España mira a otro lado
En esta ocasión expulsa a dos activistas aragoneses y a la periodista y colaboradora de Diario Red, Gara Santana, después de aterrizar en Dajla, zona ocupada del Sáhara Occidental
El régimen marroquí ha sustanciado su última expulsión, siendo esta vez las víctimas Jesús Maestro y Rosa Fernández, de la asociación Um Draiga, asociación de amistad con el pueblo saharaui y entidad perteneciente a la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS Sáhara), junto a la periodista Gara Santana Suárez, del ElDiario.es y colaboradora territorial en Canarias de Diario Red.
La expulsión se produjo después del aterrizaje del avión en la capital saharaui ocupada, El Aaiún. Al igual que en otras ocasiones, la expulsión se produjo evitando que los tres se bajasen del avión sin mediar explicación.
Esta expulsión se suma a anteriores ocasiones en las que se llegó a expulsar a eurodiputados que llegaban a territorio ocupado con el fin de comprobar el cumplimiento de los derechos humanos. También el periodista Francisco Carrión de El Independiente corrió la misma suerte hace pocos meses.
Este desplazamiento por parte de los tres nuevos expulsados se producía con el fin de comprobar el cumplimiento de derechos humanos y de las condiciones en las que viven distintos grupos sociales saharauis como familiares de presos políticos, los propios presos encerrados en las cárceles marroquíes por manifestaciones a favor del Sáhara Occidental, así como asociaciones de mujeres saharauis, de vigilancia de los recursos naturales y el medioambiente, para la protección de la cultura saharaui y organizaciones de medios de comunicación.Las reacciones políticas han venido principalmente desde Aragón. Desde Izquierda Unida Aragón, mediante su coordinador general, Álvaro Sanz, declaraba a Arainfo: "el Ministerio de Exteriores debe actuar para impedir que Marruecos siga impidiendo a observadores internacionales llevar a cabo su misión de verificación de derechos humanos". Por otra parte, Nerea Marín, diputada delegada de Cooperación y Memoria Democrática de la Diputación Provincial de Zaragoza, hacía un llamamiento a permanecer en "alerta ante este tipo de ataques a los derechos humanos del pueblo saharaui y al derecho internacional por parte de Marruecos".
Con el comienzo de la apertura de los territorios ocupados al turismo y el incentivo por parte de Marruecos para visitar estos territorios, incluso usando influencers pagados para generar campañas publicitarias, también se está consolidando una tendencia de deportaciones opacas contra activistas y personas vinculadas al pueblo saharaui.
Francisco Carrión, periodista de El Independiente, volaría a Dajla en la recientemente inaugurada ruta con Madrid; sin embargo, solo alcanzaría a ver la ciudad desde el aire, ya que al bajarse no pasó del primer de los varios controles establecidos en el aeropuerto. Carrión escribió una crónica de su llegada donde aseguró cómo su denegación de entrada se produjo por "no cumplir las condiciones de entrada y estancia de extranjeros en el Reino de Marruecos". Su carta de expulsión rezaba: "Se le informa que una decisión de no admisión en territorio marroquí se ha tomado contra usted por razones de seguridad. Partirá en dirección a su país de origen”. Al insistir sobre la razón de su expulsión, uno de los agentes espetó: "¡Por lo que has escrito de nuestro rey!".
Otro antecedente con un periodista fue el de José Carmona, del diario Publico, quien a pesar de haber conseguido entrar e incluso recolectar algunos testimonios, fue seguido y acosado por las fuerzas de seguridad marroquíes hasta que irrumpieron en una de las casas donde estaban hablando con saharauis y les obligaron a abandonar el país. De los testimonios recogidos por Carmona se desprende que la población autóctona de los territorios ocupados sufren un total ostracismo si se atreven a reivindicar ser saharauis o la pertenencia de sus territorios al Sáhara Occidental, siendo privados incluso de empleo.
Otro antecedente, esta vez de carácter político fue el de la deportación de tres eurodiputados, una de ellas, Isa Serra de Podemos cuando llegaban a la zona a comprobar el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre agricultura y pesca, bajo la cual el acuerdo entre Marruecos y la UE habría decaído porque la autorización de venta de recursos dependería del Frente Polisario como representante del pueblo saharaui y no de Marruecos, quien no podría legalmente lucrarse de estos, ni las empresas europeas aprovecharse de ello. Fueron recibidos por agentes de seguridad que sin identificarse como tal pidieron a los eurodiputados algún tipo de documento que justificase su estancia y el motivo de la misma y al intentar salir de la aeronave fueron empujados de vuelta a la misma para finalmente acabar deportados.
Hay más antecedentes como el de la delegación del parlamento vasco compuesta por miembros del PNV, Bildu y Sumar que formaban parte de la Comisión de Igualdad y Cooperación al Desarrollo del parlamento y que cuando aterrizaron en El Aaiún ocupado, también se vieron incapaces de bajar de la aeronave por acción de agentes de seguridad marroquíes.
La consolidación de esta tendencia por parte de Marruecos y de otra de ‘mirar a otro lado’ por parte de España dejan entrever el nulo interés que tiene este último en conocer la situación de los saharauis en territorio ocupado, y en cambio, tiende a legitimar las actuaciones de Marruecos en esta línea al no exigir actuaciones legales y criterios claros de inadmisión, basándose únicamente en las tendencias políticas de los involucrados.