BNG y PSdeG acusan a la Xunta de blindar con esta normativa la «fábrica de mentiras e manipulación» en la que convirtió el PP a la corporación, denuncian
11 mar 2025 . Actualizado a las 11:55 h.El Partido Popular aplicó el rodillo de su mayoría absoluta para aprobar en solitario la ley de servicios de los medios públicos de comunicación audiovisual de Galicia para la sociedad digital, que sustituirá la normativa del 2011 para adecuarla a los cambios tecnológicos y normativos de los últimos quince años. Lo hizo con el voto en contra de BNG y PSdeG, que alertaron sobre un «desmantelamento» de la CRTVG y un blindaje de la «fábrica de mentiras e manipulación» en la que la convirtió el PP, denunciaron. Se trata de la quinta ley en lo que va de legislatura, la sexta si se incluye la que acompaña a los Presupostos.
La norma establece que la actual Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG) pase a denominarse Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG) y tendrá como misión principal la promoción, difusión e impulso de la lengua gallega, según su exposición de motivos. El nuevo marco legal contempla la obligación de los medios públicos de liderar la alfabetización mediática y digital, en colaboración con el sistema educativo, y reforzar el papel de la corporación como promotora y difusora de la producción audiovisual gallega, con una apuesta por la producción propia.
También establece cambios en el proceso de elección de los órganos de dirección de la corporación. El Consejo de Administración, compuesto por el director general y seis miembros más, será elegido por mayoría cualificada de dos tercios del Parlamento gallego en una primera votación. Si no se alcanza el consenso, se repetirá la votación un mes después con la exigencia de una mayoría de tres quintos. En el caso del director xeral, se establecen mecanismos similares. Esto centró parte de las críticas de la nacionalista Olalla Rodil y la socialista Silvia Longueira, que interpretaron que este sistema permitirá la elección «a dedo» de los órganos de dirección.
La diputada del Bloque acusó a los populares de pretender hacer de los medios públicos su «leira particular na que só colle o PP no seu discurso e pensamento único», retratando a una «Galiza pequena e folclorizante» que se encuentra a «anos luz» de una comunidad que es «plural e diversa».
La nacionalista sacó un mando de televisión desde el atril de la Cámara para ilustrar los «tres botóns» con los que los populares pretenden controlar la cadena, que servirán para: «Silenciar o pluralismo político, impoñer o pensamento único do Partido Popular e, o máis importante, blindar a fábrica de mentiras na que teñen convertido o radio e televisión pública deste país».
Desde el PSdeG, Silvia Longueira consideró que la normativa aprobada es «gatopardiana», ya que aplicará numerosos cambios para que todo siga tal y como está, valoró. «Vai lexitimar o que xa fan: facer coa CRTVG o que máis lle conveña política e ideoloxicamente», criticó.
La diputada socialista denunció que la ley se hizo «de costas» al Colexio Profesional de Xornalistas, la mesa del sector audiovisual, el idioma o el propio Parlamento. Consideró así que el marco normativo supondrá un «secuestro da democracia dos medios públicos».
La popular Carmen Pomar cargó contra la oposición por oponerse sin argumentos «nin credibilidade» al texto que se votaba este martes y con «versións falseadas» sobre su contenido. Expuso que su grupo parlamentario buscó el consenso durante la tramitación de la normativa, defendió el mecanismo de elección del director xeral y del consejo de administración, y subrayó que los medios públicos autonómicos «seguirán a ser independentes».
El texto aprobado es casi similar al enviado desde el Gobierno gallego, después de que el PP rechazase la práctica totalidad de las cerca de 70 enmiendas de la oposición. No se aceptaron ninguna de las 29 del BNG y solo fueron transaccionadas tres de las 39 del PSdeG. Mientras se debatía y votaba la ley en el pleno del Parlamento, decenas de personas se manifestaban a sus puertas, convocadas por la plataforma «Por unha CRTVG ao servizo do pobo».
La norma supone, según denuncian, «un punto de non retorno» para la radio y la televisión públicas. Raquel Lema, del Comité Intercentros de la CRTVG, advirtió de que la ley introduce «graves retrocesos e ameazas», eliminando «os poucos freos democráticos que había para que a dirección da CRTVG, que traballa para os intereses do PP, poida actuar ao seu antollo externalizando os servizos informativos».
Criticó también que se pueda «poñer unha alta dirección a dedo sen ningún tipo de control» o «utilizar linguas distintas ao galego» en las emisiones. «Están tirando pola borda o esforzo de 40 anos», lamentó, considerando que la CRTVG se convertirá «no medio de comunicación do PP».