Varios factores mantienen la incertidumbre sobre la implantación de la fábrica de fibras textiles que aspira a convertirse en la mayor inversión privada en Galicia
El proyecto Gama, promovido por la multinacional portuguesa Altri en Palas de Rei, se encuentra en un momento crucial tras . Sin embargo, su materialización sigue sujeta a una serie de pasos administrativos, financieros y políticos que pueden condicionar su futuro. Además, la fuerte oposición social y las posibles acciones judiciales a emprender añaden incertidumbre a una iniciativa industrial que aspira a convertirse en la mayor inversión privada en Galicia con un presupuesto de 1.000 millones de euros. A continuación, se analizan los retos pendientes para Altri y las decisiones que marcarán los próximos meses.
Obtención de financiación europea: los fondos Next Generation, en pausa
La viabilidad económica del proyecto Gama está estrechamente . La compañía portuguesa aspira a recibir una ayuda directa de 250 millones de euros, aproximadamente el 25% del presupuesto total, a través de los fondos europeos . Con todo, el Ministerio de Industria, responsable de tramitar esta solicitud ante la Comisión Europea, mantiene el proceso en pausa.El Gobierno estatal exigía garantías de que el proyecto Gama de Greenfiber, filial de Altri, cumple estrictamente los requisitos ambientales, especialmente el principio de no causar un perjuicio significativo al medio, condición fundamental para acceder a financiación europea.
Además, el debate político sobre la pertinencia de destinar fondos públicos a una planta bioindustrial con potencial impacto ambiental y social es creciente. Mientras la Xunta insiste en que Altri es un proyecto estratégico para la , sectores de la oposición, como el y de manera más tibia el PSdeG, denuncian que la empresa busca financiación a fondo perdido sin demostrar una sostenibilidad económica clara.
El PERTE de descarbonización: un apoyo incierto
Paralelamente a la solicitud de fondos Next Generation, , un programa estatal para proyectos industriales de baja emisión de carbono. En este caso, la empresa demanda 30 millones de euros, pero la ejecución de las inversiones antes de 31 de diciembre de 2026, fecha límite impuesta por la UE, parece difícil.
El ya advirtió que para recibir ayudas, la planta de Altri proyectada en la deberá demostrar que cumple con el criterio de sostenibilidad ambiental. De hecho, la propia ministra Sara Aagesen subrayó que ningún proyecto que no respete estas normas podrá acceder a financiación pública. La luz verde de la Xunta a la declaración ambiental podría desbloquear estas ayudas, claves también en la viabilidad del proyecto. Si Altri no lo consigue, sumará un nuevo obstáculo financiero a su implantación.
El papel de la Xunta: ¿habrá apoyo económico autonómico?
La incertidumbre sobre los fondos estatales y europeos abre un nuevo interrogante: ¿estaría dispuesta la Xunta a asumir parte de la financiación de Altri si el Gobierno central rechaza la ayuda directa?
El PSdeG ya advirtió de que Altri no cumple con los criterios de viabilidad económica y acusó a la Xunta de ocultar posibles mecanismos de financiación autonómica. José Ramón Gómez , secretario general de los , pidió explicaciones sobre si la Administración autonómica está dispuesta a invertir fondos públicos en el proyecto y de qué forma.
Por su parte, el presidente de la Xunta, , reafirmó su apoyo a la iniciativa pero evitó concretar si el Gobierno gallego está dispuesto a poner encima de la mesa recursos propios. Una eventual participación de la Xunta en la financiación podría aumentar el conflicto político.
Posibles implicaciones jurídicas tras la sentencia del TSXG
Una de las incógnitas jurídicas que puede complicar la tramitación de Altri es la (TSXG) que anula parcialmente el decreto de la Xunta que privatizaba los procedimientos de evaluación ambiental. Esta resolución cuestiona la legalidad del modelo empleado por la Xunta para externalizar informes a empresas privadas, sustituyendo la supervisión directa de funcionarios públicos.
La , impulsora del recurso que llevó a la anulación parcial del decreto, ya anunció que solicitará la suspensión administrativa de proyectos tramitados bajo este marco, incluyendo la . Según el sindicato nacionalista, este fallo judicial abre la puerta a una revisión de todos los informes ambientales elaborados por entidades privadas desde julio de 2023, lo que podría afectar directamente a la viabilidad legal del proyecto. El diputado nacionalista Luis Bará ya ha anunciado que, tras el visto bueno de la Xunta al proyecto, "hai unha xigantesca batalla legal e democrática por diante e imos gañar". La también se prepara para llevar la tramitación de la Xunta a los juzgados.
Si la tramitación de queda atrapada en una batalla judicial, podrían producirse nuevos retrasos e incertidumbres, poniendo en riesgo su ejecución dentro de los plazos marcados por los fondos europeos.
Un proyecto pendiente de múltiples condiciones
A pesar de contar con una declaración ambiental favorable de la Xunta, el futuro de Altri en Palas de Rei sigue sin estar garantizado. La empresa necesita obtener financiación estatal y europea, superar los desafíos legales y afrontar una fuerte oposición social. Marzo será un mes clave para el proyecto, a la espera de la resolución de la ayuda de los fondos Next Generation y del PERTE de descarbonización.
Si Altri no consigue los apoyos económicos que solicita, su viabilidad podría verse seriamente comprometida. En caso contrario, aun deberá enfrentar un largo camino de lucha judicial y resistencia ciudadana. La evolución de estos factores determinará si la macrocelulosa de Palas de Rei se convierte en una realidad o en una de las iniciativas industriales más controvertidas de la última década en Galicia.
La conselleira de Economía e Industria,, resaltó este mismo viernes en rueda de prensa que el proyecto “no tiene garantizada la estructura necesaria de la red de transporte de energía eléctrica”. “El proyecto no es viable con esta situación. Ahora está en manos del Gobierno central decidir si se invierte o no en la subestación que daría la conexión eléctrica”, aseveró. “Una fábrica si no se puede enchufar, no puede funcionar”, zanjó la titular de Industria.