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Un banco público frente al latrocinio financiero

 La falta de acceso a la vivienda en España no se entiende sin el despiadado papel del sistema financiero





El pasado año, los seis bancos cotizados (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja) lograron en conjunto unos beneficios anuales de 31.768 millones de euros, un 21 por ciento más que en 2023. Para que nos hagamos una idea, la cifra anual de beneficios de la gran banca supera al doble del presupuesto de Castilla y León, la Comunidad más extensa de España. Recordemos que, al abordar el falso debate de la financiación autonómica, los partidos del bloque de poder neoliberal nunca traen a colación la justicia fiscal.

La banca va como un cohete, que diría aquel. Hay titulares que, sin pretenderlo, rugen como una llamada a la acción, y que también deberían activar la memoria a corto y largo plazo. Solo hace unos meses los votos de PSOE, PP y Vox en el Congreso sirvieron para tumbar una proposición de ley de Podemos que duplicaba el impuesto a la banca. “Lamebotas del poder”, espetó Ione Belarra con valentía.

Un factor clave para explicar la fiesta bancaria en España es la total ausencia de competencia

Los beneficios de los bancos siempre caen del cielo. El pasado año, las grandes entidades financieras disfrutaron de unas subidas de tipo de interés que, sin contrapeso alguno para la protección de las personas usuarias, conllevaron un lucro fácil. Poco se habla de la opaca relación entre el Banco Central Europeo y las entidades financieras. Cuando la autoridad monetaria abre el grifo, los bancos se llenan los bolsillos. A salvo la monarquía española, cuesta imaginar una autoridad pública tan impune, irresponsable y antidemocrática como el Banco Central Europeo.

Un factor clave para explicar la fiesta bancaria en España es la total ausencia de competencia. Se ha normalizado que los bancos no remuneren el ahorro de las clases populares, un latrocinio consentido por los poderes públicos. Los guardianes del neoliberalismo, tan proclives a invocar la defensa de la competencia frente a cualquier política pública dirigida a redistribuir la riqueza, nada tienen que decir del ignominioso cártel que conforman los bancos españoles.

La elevada concentración del sector financiero trae causa de decisiones que adoptaron unos poderes públicos capturados por los banqueros. Pensemos en el rescate bancario y, más en concreto, en la eufemística reestructuración de las cajas de ahorro, que materialmente fueron regaladas a los grandes bancos. Hoy hay menos entidades en el “mercado”, demasiado grandes para caer, que se decía entonces, demasiado grandes como para que el bipartito se atreva a intervenir frente a sus abusos sistemáticos.

¿De dónde venimos? El felipismo ―de la mano de su beautiful people― y el aznarato consumaron un infame proceso de privatización de la banca pública, como en tantos otros sectores de la economía. Años después, en el marco de las sucesivas burbujas, las cajas de ahorro vieron completamente adulterados sus fines sociales sin control alguno. La falta de acceso a la vivienda en España no se entiende sin el despiadado papel del sistema financiero.

Los bancos son instrumentos fundamentales para financiar la economía real

La historia reciente de la banca española es la historia de los tipos que estafaron a la clase trabajadora: burbujas, ejecuciones hipotecarias ilegítimas, cláusulas suelo, IRPH, método 365/360, usura, fraude de las preferentes, comisiones desmedidas, tarjetas revolving, etc. Los fraudes de mañana se están gestando hoy. No parece que la futura creación de la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero vaya a cambiar nada.

Los bancos son instrumentos fundamentales para financiar la economía real, determinar la masa monetaria o canalizar los métodos de pago y ahorro de la ciudadanía. Hablamos de funciones demasiado importantes como para que sean asumidas por empresas privadas que anteponen el lucro a cualquier otra consideración. Los Estados democráticos deben contar con bancos públicos que, sometidos a controles de legalidad y democráticos, puedan encarnar el interés general en un sector crucial para la economía y la defensa de los derechos de la mayoría social. Necesitamos un gran banco público para poner coto al poder privado, evitar abusos, democratizar y ecologizar el modelo productivo y solucionar la exclusión financiera, especialmente en el medio rural. Todo por hacer.