En 2016 esta jueza fue la que archivó la denuncia por maltrato de Juana Rivas tras su llegada a España
Hay que remontarse al 12 de julio de 2016, cuando Aurora Angulo, jueza del Juzgado de Violencia contra la Mujer de Granada, archivó la denuncia interpuesta por Juana Rivas nada más llegar a España huyendo de su maltratador, Francesco Arcuri. Así pues, en un auto dictado el 20 de julio, acordó el archivo de las actuaciones lo que suponía entre otras cosas el incumplimiento del artículo 17 del Estatuto de la Víctima, según el cual esta jueza debía haber ordenado la traducción de dicha denuncia, y la tendría que haber remitido a Italia. No lo hizo hasta más de un año después, en concreto el día 3 de agosto de 2017, cuando Francisca Granados desde el Centro de la Mujer del Ayuntamiento de Maracena se dirigió a múltiples instancias administrativas y judiciales, denunciando ese error judicial.
A partir de aquí, comienza la pesadilla para Rivas, primero con su ex pareja y padre de sus hijos denunciando sustracción internacional de menores, que ante la falta de consideración del contexto real del que venían huyendo Juana y sus hijos, acabó dando paso a uno de los casos más paradigmáticos de justicia patriarcal pese a las evidencias de maltrato y de violencia vicaria por parte de Franceso Arcuri.
Hoy, ocho años después el caso de Juana Rivas, y la protección de su hijo menor, vuelven a estar en manos de la jueza Aurora Angulo. Tras la exploración del menor ante una Jueza de Guardia, el pasado martes, en las que su hijo Daniel relató la violencia física y psíquica que ha ejercido su padre sobre él y el terror que siente ante la idea de retornar a Italia, la jueza Aurora Angulo, ha dictado un Auto por el cual considera que los hechos no son constitutivos de violencia machista, y que no resultan de su competencia. También ha dictado otro Auto por el cual deniega las medidas de protección legalmente previstas en el artículo 158 del Código Civil al hijo menor, Daniel, de tan solo 10 años.
Llama la atención que la magistrada supuestamente especializada en violencia de género no tenga en cuenta la violencia vicaria relatada por el menor y también por su madre y su hermano mayor en dos denuncias interpuestas una en España y otra en Italia. Las consecuencias de aludir a un conflicto de competencia lo que hace es dilatar el proceso. Más allá de eso, Daniel seguirá estando en España con su madre, pese a esta decisión de la magistrada hasta que se resuelva quién será el juzgado competente
Desde el equipo jurídico de Rivas, confirman que “mientras diferentes tribunales españoles e italianos siguen discutiendo sobre a quién le corresponde decidir, Daniel que ya está escolarizado en España, celebrará el sábado su undécimo cumpleaños en la casa en la que quiere estar y con quien quiere estar”.