El reparto de menores, un conflicto político atravesado por la xenofobia y con más de 5.800 niños y niñas como rehenes
El PSOE negocia con Junts la reforma de la Ley de Extranjería usando a los menores migrantes como moneda de cambio
Para los menores migrantes en España el 2025 comienza como acabó 2024: siendo rehenes del racismo institucional y de la falta de voluntad del Gobierno por atajar una situación insostenible que mantiene la vulneración de los derechos humanos y los derechos del menor.
Las acusaciones son mutuas y sólo demuestran una vez más la hipocresía de determinados partidos políticos. Así pues, el Gobierno acusa al PP de ser “incapaz de dar una respuesta humanitaria” al negarse al reparto entre comunidades autónomas. Y por su parte el portavoz de los populares Borja Sémper acusa al Ejecutivo “de echar balones fuera” por su incapacidad para diseñar una política migratoria “rigurosa”. Desde Canarias las acusaciones son bidireccionales, y es que a Fernando Clavijo no le hace gracia que se mantenga esta situación pese a formar parte del partido que mantiene el bloqueo al reparto en cuestión, y sobre todo, pese a haberlo negociado anteriormente tanto con PP como con el PSOE. “La culpa es de ambos, del Gobierno por no intervenir pese a ser su competencia, y del PP por bloquear cualquier propuesta para atajar esta situación”, ha recalcado el propio presidente canario.
De hecho, ambos partidos siempre han mostrado plena sintonía en lo que respecta a la política migratoria en Bruselas. Tanto es así que ambas formaciones dieron su visto bueno al acuerdo que aprobó la UE hace apenas unos meses, el famoso “Pacto sobre Migración y Asilo”. Un pacto que vulnera los derechos humanos y supone la normalización de la externalización de fronteras como eje fundamental para dar respuesta a las crisis migratorias. Es decir, pagar para no acoger. Además, el pacto también supone la introducción de la denominada ficción jurídica de “no entrada”, que pretende considerar que una persona “no ha llegado” a la UE hasta que UE lo autorice el Estado miembro, independientemente de que haya pisado suelo europeo. Esto implica que las personas migrantes corren el riesgo de permanecer meses detenidas, con la consiguiente vulneración de derechos y libertades.
Con este marco, se entiende bien que tanto PP como PSOE - más allá de los recursos discursivos propios de la propaganda partidista - no tengan entre sus prioridades la defensa de los derechos humanos o la lucha antirracista.
En esa línea, el Ejecutivo dice ahora que su voluntad es buscar una alternativa al bloqueo del PP explorando la vía de negociación junto a otro de los actores clave estos días - y en esta legislatura -, que es Junts. Una propuesta que podría ser creíble si no conociéramos el historial racista de esta formación que disputa con Alianza Catalana el premio a partido más racista en Cataluña
Pero es que, Junts fue precisamente quien junto a PP y Vox vetaron el pasado 23 de julio una reforma de la ley de extranjería que iba a permitir distribuir a los menores migrantes en las distintas comunidades. Sin este cambio normativo cualquier medida sería inviable ya que la tutela sobre los niños y niñas migrantes recae sobre las autonomías. Por tanto, resulta cuanto menos sorprendente que ahora el Gobierno se incline por sentarse a negociar con Junts, que además, ya han puesto sobre la mesa sus exigencias. Una de ellas es controlar la frontera catalana en el marco de una supuesta transferencia integral de competencias, algo que en principio el PSOE dice que es una línea roja. No obstante, el Ejecutivo si comparte con los de Junts la idea de aumentar la presencia de los Mossos junto a la Policía y a la Guardia Civil, en la seguridad de puertos y aeropuertos. Una exigencia que también se puso sobre la mesa en el pacto de investidura según fuentes conocedoras de las negociaciones.
Así pues, el PSOE dice negociar con una reforma de la Ley de Extranjería con Junts, un partido racista, al tiempo que el PP empujado por Vox, no quiere saber nada de este tema porque ve peligrar sus gobiernos autonómicos (recordemos que gobiernan en 11 CCAA)
Y con estos mimbres, la realidad es que, según datos del propio Clavijo, Canarias tiene a su cargo a más de 5.800 niños y niñas migrantes, todos ellos están siendo rehenes de la falta de voluntad política de determinados partidos políticos que tradicionalmente - que pregunten en Europa - siempre han estado de acuerdo en abandonar a su suerte a los mas vulnerables, y en este caso queda patente con los niños y niñas que llegan a nuestra frontera que lo unico que buscan es alcanzar un futuro más digno.
El peor año para los migrantes en España
Los datos son demoledores. España se conviertio un año más en el país cuyas fronteras son las más mortíferas del mundo, sumando la cifra de 10.457 migrantes fallecidos a las puertas de nuestro país mientras luchaban por un futuro digno para ellos y sus familiares. Así lo ha documentado la asociación Caminando Fronteras en su informe "Monitoreo del derecho a la vida" en el que calculan que cada día 30 personas se dejan la vida mientras intentan alcanzar nuestras fronteras huyendo de la guerra, del hambre y la miseria. Otro dato llamativo es que entre las casi 10.500 víctimas de estas fronteras se encuentran 421 mujeres y 1.538 niñas, niños y adolescente, siendo además la ruta Atlántica - concretamente las pateras que llegan a la isla del Hierro - la que más vidas se lleva por delante.
En este contexto es donde hay que enmarcar la actual problemática de vulneración de derechos humanos de la que los niños y niñas migrantes están siendo los perjudicados. En manos de la política está conseguir alcanzar un acuerdo que ponga por delante la solidaridad y el compromiso con los derechos humanos por encima de cualquier interés partidista.