La militarización de la seguridad pública en México de los últimos 20 años es una estrategia “fallida, ya que no sólo no ha ayudado a reducir el crimen y la violencia que afecta al país, sino que ha generado un ambiente propicio para que integrantes de las fuerzas armadas violen los derechos humanos cuando llevan a cabo sus actividades de seguridad pública”, aseguró Amnistía Internacional.
En su informe “Cambiando el paradigma. De la militarización de la seguridad pública a la seguridad ciudadana con enfoque de derechos humanos”, presentado este miércoles, la organización de derechos humanos señaló que en el periodo de militarización intensiva que inició en 2007 y hasta 2024 “al menos 101 mil 933 personas han desaparecido y 452 mil 254 han sido asesinadas, entre ellas 49 mil 100 mujeres, 140 periodistas y 221 personas defensoras del territorio, la tierra y el medio ambiente”.
De acuerdo con los datos recabados por AI, de 2006 a 2012 se desplegaron 48 mil 500 elementos castrenses, mientras que de 2012 a 2018 fueron 53 mil y de 2018 a 2022 la cifra ascendió a 73 mil 347. Además, resaltó que en el caso de la Guardia Nacional militarizada hasta noviembre de 2023 el organismo contaba con 128 mil integrantes, se habían edificado 295 cuarteles, había 124 más en construcción y 155 por edificar, y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) ya había destinado 100 espacios a la Guardia Nacional.
Las cifras oficiales, apunta el informe, señalan que tan sólo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se contabilizan mil 893 denuncias contra la Guardia Nacional desde 2019 y hasta agosto de 2024, mientras que contra la Sedena se contabilizaron 2 mil 279 denuncias por actos de privación de la vida, tratos crueles, inhumanos o degradantes, actos de tortura y detenciones arbitrarias.
Además, Amnistía Internacional recordó que el ejército participó en actos de espionaje y vigilancia con el software Pegasus contra defensores y organizaciones de derechos humanos, entre ellos la misma AI, así como el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos Vázquez, quienes “se encontraban investigando violaciones graves a derechos humanos cometidas por el Ejército”.
Entre los casos de violencia perpetrados por las fuerzas armadas, la organización destacó las tres masacres en Nuevo Laredo el 26 de febrero, el 16 de abril y el 18 de mayo de 2023, que hasta la fecha permanecen impunes y que “muestran que las fuerzas de seguridad no operaban en la zona con un espíritu de hacer cumplir la ley, sino con una actitud de combate a un enemigo e inobservando su obligación de respetar y proteger la vida”.
Frente a las pruebas de las consecuencias de la militarización en el país, Amnistía exhortó al gobierno mexicano a construir un plan específico de retiro de las fuerzas armadas de la seguridad pública, diseñar estrategias de seguridad enfocadas en la protección de los derechos humanos y atender las recomendaciones para cumplir con los compromisos internacionales adquiridos por México en materia de derechos humanos, “incompatibles con la militarización”.
Fuente: Desinformémonos