Los teléfonos de Belarra y Bolaños no pararon de sonar desde muy temprano hasta muy tarde en busca de un acuerdo que pendía de un hilo
El 2024 comenzó en términos legislativos con el Gobierno tramitando una reforma del subsidio de desempleo que contenía un recorte para las pensiones de los mayores de 52 años. Era enero y Podemos hacía un mes que acababa de irse al Grupo Mixto. Los morados denunciaron ese recorte y anunciaron que votarían en contra si el Gobierno no modificaba ese aspecto de la norma. El ejecutivo, pensando que con la presión valdría, hizo caso omiso de la petición, lo que llevó a los de Belarra a votar en contra provocando que el decreto cayera. Finalmente el texto volvió unos meses después al Congreso con ese recorte eliminado, tal y como había solicitado la formación morada, y fue aprobado en tiempo y forma pese a que muchos periodistas y personas influyentes del sector progresista habían negado que existiese tal recorte e intentasen instalar que Podemos había tomado la decisión de votar en contra por venganza.
Con el paquete de medidas fiscales anunciado por María Jesús Montero hace poco más de un mes había visos de que pasara algo similar y no viera la luz en la votación que ha tenido lugar este jueves en el Congreso. El Gobierno había forzado los plazos para cumplir con Bruselas llevando muy tarde a la Cámara las propuestas y además había desarrollado la negociación empezando por los grupos de derechas que apoyan al gobierno, PNV y Junts. Lo primero en lo que puso el foco Montero fue en el hecho de haber llegado a un acuerdo con las derechas nacionalistas para eliminar el impuesto extraordinario a las empresas energéticas aprobado por el PSOE y Unidas Podemos en la pasada legislatura. Tras las presiones de Repsol a través de Josu Jon Imaz, el Gobierno cedía ante las grandes empresas. Este inicio de negociación provocó una reacción en el resto de grupos progresistas que Montero no había calibrado previamente bien. Tanto ERC, como Bildu y Podemos se opusieron a este anuncio, lo que provocó que la votación en comisión se aplazara hasta en tres ocasiones generando una sensación de caos en torno a la negociación que se iba agudizando según pasaban las horas y los días.
Mientras tanto y en paralelo, para ir avanzando terreno e ir metiendo presión a los socios, el PSOE y Sumar anunciaban hace diez días un acuerdo por el cual pactaban una serie de medidas que finalmente los de Pedro Sánchez han votado en contra y que no verán la luz. Eso fue el lunes, cuando más allá de las 12 de la noche se reunió la comisión, que ya se había convocado a las 17.00 horas pero que se fue aplazando durante la tarde por la falta de apoyos del Gobierno para poder votar el dictamen y las enmiendas de los grupos. Durante la mañana del martes circuló por las redes sociales estos días una foto de los periodistas y técnicos del Congreso dentro de la sala mientras esperaban sin saber qué estaba sucediendo y por qué a esas horas seguían allí sin que nadie les informase con claridad de lo que ocurría. Lo que estaba sucediendo entonces y que todo el mundo sabía pero no tenía confirmado era que no había acuerdo. Para ese día el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, ya había tomado las riendas de la negociación al comprobar que el tiempo se echaba encima y que el acuerdo con el resto de grupos no se atisbaba en el horizonte. Durante esas horas, el “señor lobo” de Moncloa estuvo cruzando llamadas con ERC, Bildu y, sobre todo, con Podemos. El lunes, cerca de las 23.00 horas, el PSOE llegaba a un acuerdo con las fuerzas independentistas progresistas para que dieran su voto favorable al paquete fiscal. Lo acordado consistía en, como dijo El País, periódico afín a Ferraz, hacer una prórroga simbólica, es decir, irreal, del impuesto a las empresas energéticas. Este acuerdo se había hecho sin avisar a Junts y sin contar con su voto, algo que resultaba completamente necesario para poder prorrogar el gravamen. Pese a intentar que Podemos se sumara a este acuerdo, Belarra en conversación con Bolaños le transmitió que para los morados era importante tener certezas de que el impuesto iba a existir y se iba a lograr aprobar. Sin embargo, el negociador de Moncloa aseguraba que no podía afirmar tal cosa pero que al menos, si Junts votaba en contra, los de Puigdemont se retratarían. Esto no fue suficiente para los morados, que durante los días posteriores afirmó a través de su líder que su partido no se conformaba con “retratar” a Junts sino que quería garantías de que el impuesto a las energéticas fuese una realidad tras la votación del paquete fiscal. Pese a no sumarse a la foto de Bildu y ERC, la comisión de la cual no participaban los morados se convocó y se aprobó con todas las enmiendas “vivas” para que se votara en pleno. Sin embargo, cundía la sensación de que el dictamen y las enmiendas podían caer si el gobierno no llegaba a un acuerdo con los morados.
Las siguientes horas pasaron en una especie de calma chicha hasta que llegó la tarde noche del miércoles cuando Bolaños volvió a llamar a Belarra. No había acuerdo. El PSOE ofrecía cuestiones de otras materias para intentar conseguir el sí o la abstención de los morados pero la situación seguía enquistada. Fue entonces cuando Podemos hizo otra propuesta al gobierno para que se comprometiera por escrito a que el impuesto sobre las energéticas sería similar al que hay ahora salvo alguna excepción puntual que hubiera que hacer para obtener el voto favorable de Junts. Pero Bolaños no se movía y argumentaba que era imposible. El suspense seguía y la noche se cerraba sin acuerdo entre las partes. Muy temprano durante la mañana del jueves un alto cargo del partido socialista habló con Belarra e Irene Montero para intentar buscar soluciones intermedias “por fuera de la reforma fiscal”, ofreciendo otras medidas sociales pero la idea no fructificó. Mientras tanto el reloj corría y tanto Belarra como Irene Montero salían en medios de comunicación afirmando que estaba lejos el acuerdo y que el PSOE estaba cerrado en banda a proponer un impuesto para las energéticas. La votación se acercaba en un pleno en el que se veían rostros nerviosos dentro de la bancada socialista en un día salpicado por la elección de Ribera y las acusaciones de Víctor Aldama en el juzgado contra miembros de Ferraz.
A escasas horas de la votación, Bolaños llamó a Belarra, abriendo una rendija de luz cuando ya muchos de los redactores que siguen la actualidad parlamentaria daban por hecho que el texto no iba a tener números suficientes para salir adelante. El PSOE aceptaba crear un impuesto a las empresas energéticas a través de una ley. Sin embargo, esto no era suficiente para los morados que saben que sin garantías un acuerdo es papel mojado. Necesitaban que Junts estuviera comprometido en sacar adelante la negociación de dicha ley. Sin eso era imposible alcanzar el acuerdo. Las posiciones comenzaban a acercarse. Ambas partes se emplazaban a seguir hablando antes de la votación. Los minutos pasaban y no había nuevas noticias hasta que sonó el teléfono. Bolaños había conseguido meter dentro de la ecuación a la formación liderada por Puigdemont. Ya solo quedaba ver los flecos finales del acuerdo para desatascar la negociación del paquete fiscal. La fórmula era la siguiente: conseguir crear una nueva ley impositiva a través de “una comisión negociadora con participación de todos los partidos políticos necesarios para aprobar esta reforma para conseguir el consenso necesario para aprobar este impuesto”. En caso de no conseguir por esta vía el impuesto, el acuerdo implicaba aprobar un real decreto con la prórroga del gravamen a las empresas energéticas para el año 2025. Para conseguir que Junts pudiese sentarse a negociar, se acordó que no se gravarían las inversiones que se comprometan con la descarbonización.
Finalmente, la votación salió adelante y ahora queda que el texto pase al Senado y vuelva a la Cámara, después de 72 horas bastante agónicas para el gobierno y el parlamento que ya no resultan sorprendentes en esta legislatura.