Enfant entrevistó a Sofia Zurbriggen, integrante de la red provincial de “Socorristas Hilando”, quién relató el trabajo de acompañar abortos en contexto de crisis social, política, económica y cultural.
Previo al estallido social, político y cultural que fue él “Ni Una Menos” en 2015, mujeres y disidencias ya se habían organizado en la provincia de Neuquén en el 2012, para realizar acompañamiento y atención a personas que querían interrumpir su embarazo, dando inició al “socorrismo rosa”.
Al estar penalizada la práctica del aborto, salvo que el embarazo haya sido producto de una violación o que la salud de la persona peligre, como así lo dictaba el código penal desde 1921, quien abortaba era estigmatizada debido a las representaciones sociales que circundaban alrededor. Ante esto, la red de socorristas, empiezan a realizar talleres en plazas, escuelas y hospitales para informar que no estaban cometiendo un crimen sino que decidir maternar es un derecho, no una obligación.
Los abortos ocurrían y ocurren más allá de la clase social, creencia religiosa, cultura o decisiones legislativas que pueden limitar el acceso a la interrupción del embarazo en el sistema público de salud. Tal fue el caso de Córdoba, que restringió mediante un amparo legal la aplicación del protocolo de abortos no punibles durante siete años (2012-2019). En medio de las disputas político-ideológicas del conservadurismo cordobés, las socorristas de Hilando (red provincial formada en 2014) acompañaron interrupciones del embarazo de manera clandestina.
A partir de la aprobación de la ley 27.610 de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), la red nacional y provincial de socorristas reforzó su legitimidad y quienes pretendían abortar (hasta la semana 14 y 7 días), ahora lo podían hacer de manera ambulatoria, como así también en hospitales públicos nacionales y provinciales. De igual modo, el Estado comenzó a proveer de Misoprostol, Mifepristona y Mifekit (combinación de ambos fármacos y el más recomendado) a hospitales de manera gratuita.
Aun con la ley y derechos recuperados, desde enero, el actual gobierno nacional redujo al mínimo el envío de medicamentos para interrupción del embarazó y métodos anticonceptivos, haciendo que cada provincia tenga que comprar su propio suministro.
Esto para la docente, filósofa, investigadora y parte de la red “Hilando”, Sofía Zurbriggen provocó una dilatación en el tratamiento, debido a que no todas las provincias cuentan con recursos o no destinan los fondos para abastecer los hospitales de kits de Misoprostol, preservativos y pastillas anticonceptivas.
“Los problemas que estamos teniendo con la Nación son sistemáticos y estructurales. El desfinanciamiento a la salud pública vinculadas a género fue lo primero que se atacó. No es que van a ir en contra de la ley, pero si hay una intención directa en restringir nuestros derechos”, comenta.
Socorrer , una práctica ambulatoria, legítima y urgente
Para quienes forman parte de la red, como Sofía, ser socorrista significa estar atenta al llamado. Un pedido de urgencia que por lo general es en situación de crisis, por más acompañada que pueda estar la persona que solicita la atención. En parte por la falta de información sobre los alcance de sus derechos amparados por ley o por el estigma que nunca deja de estar presente.
El primer contacto por lo general se da por vía telefónica, aquí se busca asesorar a la persona que desde la sanción de la ley, viene con cierta información previa. La segunda instancia es el taller. Allí se realizan puestas en común de las experiencias con el objetivo de aminorar las ansiedades. Luego se solicita el pedido de la medicación y el último paso es el seguimiento posaborto, con la recomendación ulterior de cuidados anticonceptivos.
Desde la aprobación de la ley en diciembre de 2020, hasta octubre de 2023 hubo 245 mil personas que accedieron a un aborto seguro, libre y gratuito en los centros de salud público del país, según el último informe del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES).
En lo que a Córdoba respecta, hasta el año pasado el 95% de las interrupciones de embarazos se dieron de manera ambulatoria con tratamiento medicamentoso, y el 86% de los pedidos de interrupción ocurrieron durante el primer trimestre de la gestación.
Sin embargo, debido al recorte presupuestario en salud, las socorristas se preguntan hasta cuándo la provincia va a poder costear los insumos, teniendo en cuenta que una caja de misoprostol ronda los 80 mil pesos y la mifepristona y el Mifekit son importadas. A su vez, los medicamentos ya no llegan a los hospitales, sino que es el médico quien solicita el pedido en la farmacia central, lo que produce que se ralentice el procedimiento.
“Sabemos que el sistema de salud está muy precarizado, lo que se le suma una labor más al profesional. En esa burocracia que tiene el sistema, las personas quedan en el medio y si bien el embarazo no se vuelve de riesgo por el paso de las semanas, si se vuelve más complejo el proceso de aborto porque el feto tiene otro tamaño”, expresa Sofía.
Intervenir en contexto de crisis y revanchismo reaccionario
Contextualizar la crisis permite conocer las condiciones concretas de vida y cómo los conflictos que surgen alrededor del aumento de la pobreza que supera el 52% afecta de manera directa sobre las posibilidades de acceso a un tratamiento cuidado de quienes quieren realizar un aborto. Ya que por ejemplo, las prepagas u obras sociales piden mayores requisitos para la distribución de medicamentos y las prácticas ambulatorias que realizan las socorristas, son perseguidas por quienes creen que detrás de una intervención en salud hay una “ideología de género” operando.
“No hay una persecución directa sobre las acompañantes. Pero sí un discurso de odio muy marcado hacía los feminismos como ‘el enemigo’ y como feministas nos sentimos tocadas. No por nada comenzamos a tener un montón de cuidados en lo digital para tener control sobre los movimientos que hacemos en las redes”, afirma Sofía.
Asimismo, la vorágine de haber pasado de ser sujetos de derechos a ser sujetos endeudados, provocó que tanto profesionales de la salud, como equipos de socorristas, encuentren cada vez más limitaciones para prevenir embarazos no deseados.
“No es que vamos a dejar de activar, pero el cansancio afecta. La legitimidad en la práctica está presente. En este tiempo que venimos acompañando hay reconocimiento en las socorristas, pero es cierto que es un proceso que lleva su tiempo porque tiene que ver con lo subjetivo, más allá de lo material”, reflexiona Sofía.
Acompañar para transformar la vida cotidiana
Haber estado presentes durante diez años como organización permitió a la red de Hilando intervenir en diferentes periodos políticos y sociales. La cultura se modifica junto con el contexto histórico y ellas presenciaron como la mayoría de los hospitales pasaron de tener objetores de conciencia a acompañar de manera paulatina la decisión de abortar.
Presenciaron cómo el movimiento del “Ni Una Menos” logró fundar un ministerio de la mujer y que la violencia de género y la interrupción voluntaria del embarazo sea considerada parte de la agenda política. Sobre todo cómo la conquista de derechos se produce cuando hay un colectivo que escucha las demandas e informa a las nuevas generaciones que abortar no es un delito sino una política pública de acceso libre, seguro y gratuito.
“Dadas las condiciones de vida actuales, el aborto es necesario. Las personas están con muchos problemas económicos, sociales, de tiempo, de espacio, de formas de vida. En ese sentido no veo culpa o trauma sino alivio, tranquilidad. Para muchas, abortar es la certidumbre de la decisión”, concluye Sofía.
Fuente: Enfant Terrible
