La noticia de la deportación se conoce dos días después de que 'El Independiente' desvelase la operación marroquí para tratar de vaciar el Sáhara Occidental
El Ministerio del Interior ha acordado la devolución a Marruecos de diez activistas saharauis con pasaporte marroquí que permanecían desde hace días en el aeropuerto de Barajas en Madrid tras solicitar asilo y ser denegado, motivo por el que este domingo decidieron emprender una huelga de hambre.
Fuentes de Interior han indicado a EFE que de los diez ciudadanos que aguardaban en la sala de asilados del aeropuerto madrileño que ayer decidieron dejar de comer, cinco han desayunado esta mañana. Interior señala que el personal sanitario sigue permanentemente su situación, por si fuera necesaria asistencia específica, que no ha sido requerida hasta este momento.
Los diez activistas saharauis solicitaron asilo hace varios días, pero España decidió denegárselo. Por protección de datos la Oficina de Asilo y Refugio no facilita detalles de por qué ha rechazado otorgarles protección. Desde Interior explican que de acuerdo con la legislación serán devueltos a Marruecos.
El sábado, familiares de los solicitantes de asilo se manifestaron frente a la sede del Ministerio del Interior para denunciar las condiciones infrahumanas que están teniendo sus familiares durante su estancia en Barajas, por la falta de higiene y las picaduras de chinches, sin acceso a luz solar y con la misma comida desde hace veinte días.
«Marginar y excluir» a los saharauis
La noticia de la deportación se conoce dos días después de que El Independiente desvelase la operación marroquí para tratar de vaciar el Sáhara Occidental. De acuerdo con un funcionario del Ministerio del Interior de Marruecos, el objetivo es «marginar y excluir al saharaui y confinarlo a espacios económicos que tienen un impacto limitado y de corto plazo». Lo contrario, explica el funcionario, supondría la libertad económica y política del pueblo saharaui y un posible crecimiento demográfico, algo que afectaría a la estrategia marroquí «de eliminar el elemento saharaui a través de asentamientos, el fomento de la migración desde las ciudades de Marruecos hacia el Sáhara Occidental y la promoción de la natalidad”.
De acuerdo con el responsable contactado por El Independiente, el régimen marroquí cataloga a los habitantes del Sáhara Occidental por colores según sus compromisos y actividades políticas: «Se manejan informes sobre cada individuo, los grupos y su naturaleza cultural y social», asegura. «Cada color determina su diagnóstico de seguridad. Así, por ejemplo, cuando un policía en los puestos fronterizos ve el color rojo, por ejemplo, debe informar a la inteligencia civil. Emplean los colores como medio para identificar a una persona: si es peligrosa o activa políticamente. Se busca todo. Una persona del Sáhara Occidental está determinada por su identidad política», añade el funcionario.
El objetivo final de Marruecos es conseguir un «saharaui domesticado», siempre según las palabras citadas por el diario digital. «Un buen saharaui en la estrategia marroquí sería aquella persona inactiva e ineficaz a nivel político, económico y cultural para influir en el futuro del conflicto; aquel individuo que no reacciona a los acontecimientos, no aprende, no trabaja, duerme la mayor parte del tiempo y tiene una zona de confort en la que vive con un espacio muy reducido. No produce ningún efecto a corto, medio o largo plazo», asegura.
Lejos de cumplir con sus obligaciones como potencia administradora, España ha decidido dejar al pueblo saharaui en manos de Marruecos a pesar de que el Sáhara Occidental sigue siendo un territorio pendiente de descolonizar, según Naciones Unidas.
En 2022, Pedro Sánchez realizó un cambio de posición histórico y tomó partido por la posición de Rabat, cuya propuesta es la autonomía de la región bajo la soberanía del reino marroquí. El Gobierno español definió la idea como «la base más seria, realista y creíble para la resolución del contencioso». Un año después, en la XII Reunión de Alto Nivel que tuvo lugar en febrero de 2023, el presidente español ratificó la posición del Ejecutivo y firmó un nuevo acuerdo para «intensificar» el retorno de migrantes en situación irregular.
Desde Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, ha denunciado la «hipocresía insoportable» del Gobierno ante la situación de los activistas saharauis que están retenidos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. «Me parece una vulneración gravísima de derechos humanos la que se está cometiendo aquí», ha asegurado en el propio aeropuerto, al tiempo que ha afirmado que el Gobierno no quiere enfrentarse a Marruecos porque es «un aliado estratégico en política migratoria».