Imagen: Arpita Singh (India), My Lollypop City: Gemini Rising [Mi ciudad lollipop: Géminis ascendiente], 2005.
Tras el asesinato de una joven médica en Calcuta, trabajadorxs de la salud, sindicatos médicos y movimientos de mujeres se han movilizado en todo el país para denunciar la violencia de género rampante y sus peligrosas condiciones de trabajo.
El 8 de agosto de 2024, una médica de 31 años de la Facultad de Medicina RG Kar de Calcuta (Bengala Occidental, India) terminó su turno de 36 horas en el hospital, cenó con sus colegas y fue a la sala de seminarios de la facultad a descansar antes de su próximo turno. Al día siguiente, poco después de que se denunciara su desaparición, fue encontrada en una sala de seminarios, y su cuerpo sin vida mostraba todos los signos de una terrible violencia. Dado que la legislación india prohíbe revelar los nombres de las víctimas de crímenes sexuales, su nombre no aparece en este boletín.
La historia de esta joven médica no es en absoluto un incidente aislado: en la India, cada 15 minutos una mujer denuncia una violación. En 2022, se denunciaron al menos 31.000 violaciones, un 12% más que en 2020. Estas estadísticas subestiman enormemente el alcance de los crímenes sexuales, muchos de los cuales no son denunciados por miedo a la sanción social y a la incredulidad patriarcal. En 2018, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un extenso estudio sobre la violencia contra las mujeres utilizando datos de 161 países entre 2000 y 2018, que mostró que casi una de cada tres mujeres, es decir, el 30%, “ha sido objeto de violencia física y/o sexual por parte de una pareja íntima, o no íntima, o de ambas”. A lo que esta joven médica se enfrentó fue a una versión extrema de un hecho escandalosamente habitual.
Poco después de descubrirse su cadáver, el rector de la Facultad RG Kar, Dr. Sandip Ghosh, reveló el nombre de la víctima y la culpó de lo ocurrido. Las autoridades del hospital informaron a los padres de la joven doctora que se había suicidado. Esperaron horas a que las autoridades permitieran una autopsia, que se hizo al apuro. “Era mi única hija”, dijo la madre. “Trabajé duro para que se convirtiera en médica y ahora está muerta”. La policía rodeó la casa de la familia y no permitió que nadie los visitara, y el gobierno presionó a la familia para que cremara el cuerpo rápidamente y organizó todo el proceso de cremación. Querían que la verdad desapareciera. Sólo gracias a que activistas de la Federación de la Juventud Democrática de India (DYFI) bloquearon la ambulancia, la familia pudo ver el cuerpo.
El 10 de agosto, al día siguiente de descubrir el cadáver de la joven doctora, la DFYI, la Federación de Estudiantes de la India (SFI), el Partido Comunista de la India (Marxista) y otras organizaciones organizaron protestas en todo Bengala Occidental para que se hiciera justicia. Estas protestas crecieron rápidamente, y personal médico de todo el estado primero, y de toda la India luego, se plantó frente a sus lugares de trabajo con letreros que expresaban su indignación política. El movimiento de mujeres, que en 2012 protagonizó protestas masivas tras la violación y asesinato en grupo de una joven mujer en Delhi, salió a las calles de nuevo. El número de mujeres jóvenes que participaron en estas protestas refleja la escalada de la violencia sexual en la sociedad india, y sus discursos y carteles estaban saturados de tristeza y rabia. “Recuperemos la noche” gritaron decenas de miles de mujeres en las protestas por toda Bengala Occidental el 14 de agosto, día de la independencia de India.
El aspecto más relevante de este movimiento de protesta fue la movilización de médicxs y sindicatos de médicos. El 12 de agosto, la Federación de Asociaciones de Médicos Residentes (FORDA), a la que estaba afiliada la médica asesinada, pidió a todxs lxs médicxs suspender los servicios médicos que no eran de emergencia. Al día siguiente, lxs doctorxs de muchos hospitales públicos se pusieron la bata blanca y cumplieron con esto. El director de la Asociación Médica India, Dr. RV Asokan, se reunió con el ministro federal de salud, JP Nadda, para presentarle cinco demandas:
- Los hospitales deben ser zonas seguras.
- El gobierno federal debe aprobar una ley que proteja al personal de salud.
- La familia debe recibir una indemnización adecuada.
- El gobierno debe llevar a cabo una investigación en un plazo determinado.
- Las y los médicos residentes deben tener condiciones de trabajo dignas (y no tener que hacer turnos de 36 horas).
La OMS señala que hasta el 38% de lxs trabajadorxs de la salud sufren violencia física durante su carrera, pero en India los números son astronómicamente más altos. Por ejemplo, casi el 75% de lxs médicxs indixs afirman haber experimentado algún tipo de violencia, mientras que más del 80% dicen estar sobrecargadxs de estrés y el 56% no duermen lo suficiente. La mayoría de estxs médicxs son agredidos por las familias de los pacientes que creen que sus parientes no han recibido una atención adecuada. Los testimonios de las doctoras durante las protestas señalan que las trabajadoras de la salud experimentan habitualmente acoso sexual y violencia sexual, no sólo por parte de los pacientes, sino también de otros empleados de los hospitales. La peligrosa cultura de estas instituciones, dicen muchas, es insoportable, como demuestran las elevadas tasas de suicidio entre las enfermeras como respuesta al acoso sexual y de otro tipo, un grave problema que ha recibido poca atención. Una búsqueda en internet con las palabras clave “nurses” (enfermeras), “India”, “sexual harrassment” (acoso sexual), y “suicide” (suicidio), proporciona un alarmante número de informes sólo del año pasado. Esto explica por qué doctoras y enfermeras han reaccionado con tal vehemencia a la muerte de la joven doctora en RG Kar.
El 13 de agosto, el Tribunal Superior de Calcuta ordenó a la policía que entregara el caso a la Oficina Federal de Investigación. En la noche del 14 de agosto, vándalos destruyeron una buena parte de la propiedad del campus, atacaron a lxs médicxs que estaban celebrando una vigilia a medianoche, lanzaron piedras a la policía que estaba cerca y destruyeron las pruebas que permanecían en el lugar, incluida la sala de seminarios donde encontraron a la médica, lo que sugiere un intento de interrumpir cualquier investigación. En respuesta al ataque, FORDA reanudó su huelga.
En vez de detener a alguien en la escena del crimen, las autoridades acusaron a lxs líderes de las protestas pacíficas de ser lxs culpables, incluidxs dirigentes del DYFI y SFI que habían iniciado las primeras protestas. La secretaria de la DYFI de Bengala Occidental, Minakshi Mukherjee, fue una de las citadas por la policía. “Las personas relacionadas con el vandalismo de un hospital”, dijo, “no pueden ser de la sociedad civil. ¿Quién, entonces, está protegiendo a estas personas?”
La policía también citó a dos médicos a la comisaría, el Dr. Subarna Goswami y el Dr. Kunal Sarkar, acusados de difundir información errónea sobre el informe de la autopsia. De hecho, los dos son críticos declarados del gobierno estatal, y la comunidad de médicxs consideró la citación como un acto de intimidación y marchó con ellos a comisaría.
Hay un descontento generalizado con el gobierno del estado de Bengala Occidental liderado por la ministra principal Mamata Banerjee del All India Trinamool Congress, un partido de centroderecha formado en 1998 que ha estado en el poder desde 2011. Un ejemplo particularmente destacado del origen de esta falta de confianza en el gobierno estatal es la decisión apresurada de recontratar al Dr. Ghosh después de su renuncia de RG Kar para ser director de la Facultad Médica Nacional en Calcuta. El Tribunal Superior de Calcuta reprendió al gobierno por esta decisión y exigió que se concediera al Dr. Ghosh un permiso prolongado mientras continuaba la investigación.
El Dr. Ghosh no sólo manejó de forma groseramente incorrecta el caso del asesinato de esta joven doctora, sino que también está acusado de fraude. Las acusaciones de que la médica asesinada iba a revelar más pruebas de la corrupción del Dr. Ghosh en la facultad se difunden ahora por todo el país, junto con las denuncias de que se estaba ejerciendo violencia sexual y asesinato para silenciar a alguien que tenía pruebas de otro delito. Es poco probable que el gobierno investigue estas acusaciones, dado el amplio margen de maniobra que se concede a los poderosos.