En 2020, en plena crisis por la COVID 19, Canarias vivió uno de los momentos de mayor tensión migratoria al aumentar casi un 1.000% las llegadas por vía marítima a sus costas con respecto al año anterior (2019). Aquel volumen de llegadas en medio de una pandemia global –más de 23.000, de las que más de 18.000 llegaron en el último cuatrimestre– pusieron a las islas, una vez más, en una situación que las autoridades de aquel entonces calificaron de insostenible. Sin espacios para recibir a las personas migrantes, improvisando soluciones que no reunían condiciones mínimas como macro campamentos, hacinamiento… y cientos de bulos antiinmigración circulando… Mientras las vulneraciones de derechos a las personas que llegaban eran continuas, la sociedad canaria sorteaba la situación apostando, muy mayoritariamente, por la convivencia. Aquella crisis se comparó con la que había tenido lugar en 2005 y 2006, la llamada “crisis de los cayucos”. Dos décadas después, y habiendo pasado por los gobierno autonómicos y centrales partidos de todos los colores, se volvía a constatar –tal y como venían advirtiendo el Defensor del Pueblo y las ONG– que Canarias seguía sin estar preparada, a pesar de que la llegada de personas migrantes a las islas ha sido continua durante todo ese tiempo.