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Venezuela galopa hacia la crisis

 La oposición ha proclamado la victoria de Edmundo González y el CNE ha proclamado la victoria de Nicolás Maduro. La realidad es que ninguna de las dos versiones ha podido ser auditada por los observadores internacionales



María Corina Machado ha cumplido su principal promesa electoral: desconocer los resultados brindados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) y declarar a Edmundo González como presidente de Venezuela. A lo largo de la campaña, el principal bloque opositor fue temerariamente nítido: la única forma de que el chavismo gane las elecciones y Nicolás Maduro sea reelecto como presidente es mediante un fraude masivo a través del CNE, decían insistentemente Machado y González.

En efecto, los resultados preliminares publicados por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, otorgaban la victoria al líder del PSUV, Nicolás Maduro, con un 51,2% de los votos. Ciertamente, es procedimiento habitual que los máximos organismos electorales brinden datos preliminares antes de hacer públicas las actas de votación. Y, aunque los analistas y medios internacionales acostumbran a dar por válidos estos resultados, siempre es conveniente aportar cierta cautela. No obstante, el CNE se ha precipitado. Antes de hacer públicas las actas para facilitar una auditoría por parte de los observadores, ha proclamado como presidente electo a Nicolás Maduro, alertando a buena parte de los medios internacionales que, sin pruebas anteriores, habían acusado de fraude al organismo electoral. Entre dicho acto protocolario y los resultados preliminares apenas habían pasado doce horas.

¿Pero por qué el CNE no ha publicado las actas? Realmente, solo hay conjeturas al respecto. Para amplios sectores opositores y para los medios de la derecha hispanoamericana, el diagnóstico era indudable: el chavismo ha intervenido el Consejo Nacional Electoral para tramar un fraude y falsificar la victoria de Nicolás Maduro en detrimento de Edmundo González. Para quienes llegaban a la cobertura de los comicios con los sesgos de confirmación antichavistas activados, la tesis era concluyente, por cuanto concebían inimaginable que el chavismo conservase seis millones de votos. A 30 de julio de 2024, la realidad es que ningún observador internacional ha podido auditar las actas oficiales, por lo que ni el fraude ni la victoria de Nicolás Maduro son una verdad incontestable.

Es posible que el retraso en la publicación de las actas se deba a algún tipo de problema técnico o, incluso, a una jugada política que busque presionar a la oposición a precipitarse en sus tendencias de autoproclamación. Como sea, la tardanza en la publicación de las actas, sumada a la proclamación oficial, alimenta objetivamente la duda. Si el CNE tarda días en publicar las actas oficiales, no solo encontrará presiones internas (incluso en la forma de guarimbas), sino internacionales. Los observadores quieren poder auditar los datos y, si en efecto Nicolás Maduro ha ganado las elecciones, el escenario más favorable sería una pronta confirmación por parte de los observadores. ¿Es posible que el chavismo haya hecho un fraude electoral? En realidad, sí, pero considerando la digitalización y automatización del sistema de conteo en los comicios venezolanos, es imposible que tal fraude no hubiera dejado pruebas.

Frente a este hipotético escenario, el CNE y el PSUV tendrían tres alternativas: en primer lugar, podrían en efecto hacer público el fraude, reconocerlo y negociar algún tipo de transición pacificada con María Corina Machado; en segundo lugar, podría atrincherarse, no publicar las actas aludiendo algún tipo de falla o ataque técnico, y aceptar una condena de la mayoría de gobiernos latinoamericanos ─internacionalmente, esto empujaría necesariamente a Caracas a un mayor alineamiento con potencias antiestadounidenses como Rusia o Irán, algo que no necesariamente verían con buenos ojos desde Washington (motivo por el cual el gobierno de Joe Biden está siendo particularmente cauto en relación a las acusaciones de fraude); en tercer lugar, podrían hacer públicas unas actas adulteradas (algo imposible de ocultar) y desacreditar a posteriori a los observadores internacionales que denuncien el fraude.