El ciberacoso sexual a menores en Europa se ha duplicado en un año.
Una de cada cinco niñas y uno de cada diez niños son víctimas de abuso sexual en la UE, según la Comisión Europea, que ha alertado del aumento de los casos registrados como ciberacoso sexual a menores (grooming) en los países miembros. Estos duplicaron sus cifras de 2022 a 2023.
"Estos datos quieren decir que todos conocemos a varios menores que ahora mismo están siendo víctimas y a muchos adultos que han sufrido abusos cuando eran niños", ha señalado la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, durante una sesión pública en el consejo de ministros de Justicia de la UE.Johansson ha incidido en que el componente del abuso sexual infantil online ha crecido como una "epidemia" en los últimos años. Asimismo, ha recordado que, según el informe de la fundación Internet Watch de 2023, las imágenes de abuso sexual infantil presentes en internet en su categoría más grave −cuando existe penetración o sadismo− se duplicaron en tan solo dos años en el conjunto de la Unión.
Una de cada cinco niñas y uno de cada diez niños son víctimas de abuso sexual en la UE, según la Comisión Europea, que ha alertado del aumento de los casos registrados como ciberacoso sexual a menores (grooming) en los países miembros. Estos duplicaron sus cifras de 2022 a 2023.
"Estos datos quieren decir que todos conocemos a varios menores que ahora mismo están siendo víctimas y a muchos adultos que han sufrido abusos cuando eran niños", ha señalado la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, durante una sesión pública en el consejo de ministros de Justicia de la UE.
Johansson ha incidido en que el componente del abuso sexual infantil online ha crecido como una "epidemia" en los últimos años. Asimismo, ha recordado que, según el informe de la fundación Internet Watch de 2023, las imágenes de abuso sexual infantil presentes en internet en su categoría más grave −cuando existe penetración o sadismo− se duplicaron en tan solo dos años en el conjunto de la Unión.
De este modo, la Comisión Europea presentó el pasado febrero una propuesta para actualizar la legislación penal contra el abuso sexual infantil, ampliando la definición de los delitos y los plazos para denunciarlos.
El objetivo es actualizar las normas vigentes, que son de 2011, y adaptarlas al entorno tecnológico, de manera que se incluya también la transmisión en vivo de abuso sexual infantil, la posesión e intercambio de manuales de pedofilia o los contenidos generados por inteligencia artificial o los deepfakes, es decir, los vídeos ultrafalsos.
Además, Johansson explicó a los ministros de Justicia durante la reunión que los contenidos generados por la IA "se entrenan con violaciones reales de niños para que esta sea capaz de crear imágenes y vídeos artificiales".
Por lo tanto, consideró necesario que los reguladores de la Unión (el Parlamento Europeo y los Estados miembros) deben adoptar un "enfoque ambicioso" para que las nuevas normas sean tecnológicamente neutras, con el objetivo de abarcar todas las nuevas tecnologías que puedan desarrollarse.
Silencio no es consentimiento
Por otro lado, la propuesta de Bruselas aclara que cuando la noción de consentimiento está en juego −en el caso de los menores que están por encima de la edad de consentimiento sexual−, este deberá interpretarse como un concepto que se da voluntariamente. De este modo, el consentimiento no puede verse interpretado por el silencio del niño, su no resistencia verbal o física o su conducta sexual en el pasado.
Además, el Ejecutivo comunitario propone ampliar los plazos de prescripción de estos delitos para que sean suficientemente largos: "En la mayoría de los casos, las víctimas de abusos sexuales no pueden denunciar hasta bien entrada la edad adulta, pues tienen que superar un profundo trauma antes de poder hablar y esto puede llevar mucho tiempo", explicó Johansson.
En algunos casos, cuando la víctima denuncia ya es tarde porque el delito ha prescrito, por lo que Bruselas propone ampliar estos plazos de denuncia y enjuiciamiento para "llevar a los autores ante la justicia. Una cuestión a la que, sin embargo, algunos Estados miembros se mostraron reticentes, entre ellos España.