La mañana del 24 de junio salía libre bajo fianza de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh Julian Assange, después de haber pasado allí 1.901 días en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día, con la espada de Damocles cotidiana de ser extraditado a los EEUU para ser juzgado por espionaje. Todo ello, por las revelaciones de WikiLeaks sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Ejército de los EEUU tanto en Irak como en Afganistán.
Unas filtraciones sin precedentes en la historia, que convirtieron a WikiLeaks y al propio Julian Assange en los enemigos públicos número uno de la mayor potencia militar del mundo. Iniciándose así una persecución implacable que ha durado más de doce años, y que se encontraba hasta ayer en punto muerto, tras la decisión de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia en Londres de negar la extradición al considerar insuficientes las garantías de Washington para que el cofundador de Wikileaks recibiera un juicio justo en Estados Unidos. Una persecución que puede acabar finalmente esta semana gracias a un acuerdo de Assange con el Departamento de Justicia de EEUU.
De esta forma, el fundador de WikiLeaks se ha trasladado, acompañado por el embajador australiano, a la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, una colonia de Estados Unidos en el Pacífico. Un lugar escogido por el propio Assange, no solo por su cercanía con Australia sino porque no forman parte del territorio continental estadounidense, lo que permite que el sistema legal sea más flexible. Facilitando el acuerdo con el Departamento de Justicia por el que Assange se declarará culpable de un delito de espionaje ante una corte de las Islas Marianas del Norte, aceptando una pena de 62 meses de cárcel que se conmutará por el tiempo que ya ha estado encarcelado en Reino Unido.
Este acuerdo pone fin al caso contemporáneo más famoso y longevo contra la libertad de expresión, en cierta medida es como dar carpetazo públicamente a la etapa de la invasión de Irak, justo en la recta final de la precampaña de los EEUU. Un intento de Joe Biden de cerrar un caso polémico que llevaban años arrastrando y recuperar un poco de crédito entre el electorado demócrata más progresista que nuca ha visto con muy buenos ojos esta cacería contra Wikileaks. El propio Barack Obama, en la recta final de su mandato, ya indultó a Chelsea Manning, la exsoldado condenada por la filtración a Wikileaks en 2010.
Pero más allá de los cálculos electorales de Biden, como afirma Wikileaks en sus redes sociales, la libertad de Julian Assange es el producto de a una campaña mundial por la libertad de información y prensa. Una campaña de amplio espectro que ha involucrado desde colectivos de base, ONGs, defensores de la libertad de prensa y medios de comunicación hasta cargos públicos. Sin esta lucha colectiva no hubieran sido posibles las negociaciones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el acuerdo que se ratificará en estos días. Como escribían, "la libertad de Julian es nuestra libertad". Porque la persecución no era solo contra Assange sino un escarmiento contra todo aquel que defendiera y se atreviera a practicar un derecho tan básico como fundamental en una democracia, el derecho a una información libre y veraz. Y por ello son días para celebrar, tanto por Julian como por su familia que tanto ha luchado estos años.
Aunque la libertad de Assange no puede hacernos perder de vista los riesgos que tiene el acuerdo que se ha alcanzado con el Departamento de Justicia y cómo puede sentar una peligrosa jurisprudencia para el futuro. Uno de los elementos centrales de fondo que subyacía en el caso era si la filtración de Wikileaks era un delito de relevación de secretos oficiales o por el contrario era un asunto de interés público protegido por la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que ampara la libertad de expresión. El acuerdo que ha permitido la libertad de Assange asume que es culpable del delito de conspiración para obtener y revelar información de Defensa Nacional dando la razón al Departamento de Justicia de los EEUU y, por ende, deslegitimando la posición que había mantenido Wikileaks en donde prevalecía el derecho a la información.
Además, no podemos olvidar, que mientras Julian Assange ha tenido que declararse culpable de un delito que no ha cometido para poder acabar con doce años de calvario y privación de libertad, los crímenes y los criminales que destapó con su información no han pisado un solo juzgado. Avalando un régimen de impunidad que se fundamenta en la opacidad de los crimines y los criminales, en su anonimato, en la falta de información y pruebas. Las filtraciones de Wikileaks fueron un duro golpe para la reputación e impunidad del todopoderoso imperio norteamericano. Por eso persiguieron a Assange. La documentación de los crímenes de lesa humanidad en el genocidio que está cometiendo Israel en Gaza es un duro golpe para la impunidad sionista, por eso llevamos más de setenta periodistas palestinos asesinados. No somos conscientes de lo importante que es el acceso a la información libre y veraz hasta que nos quedamos a oscuras, y el problema de la oscuridad es que nos podemos acostumbrar a vivir en ella.
De hecho, mientras escribo estas líneas sentado en el confortable escritorio de mi casa, un periodista español, Pablo González, lleva más de dos años en prisión preventiva en Polonia, un país miembro de la UE, en una celda de 2x3 metros, aislado 23 horas al día y sin que todavía se haya presentado prueba o acusación en su contra. Hoy más que nunca, es fundamental reivindicar el fin de la prisión preventiva contra Pablo González y un juicio justo que sentencie su libertad cuanto antes. Porque en tiempos oscuros en donde florecen las pulsiones belicistas y emergen de nuevo los autoritarismos reaccionarios, la libertad de expresión y el derecho a la información se vuelven imprescindibles para poder ser un poco más libres y un poco menos siervos. Que el ejemplo de Assange y Wikileaks nos impida olvidarlo.