Con la aprobación de una nueva Ley de Medios, peligran en Uruguay las libertades para los medios de comunicación y para todos los periodistas
En Uruguay, la coalición de gobierno (Blancos, Colorados, Cabildantes y otras pequeñas agrupaciones políticas de derecha) impusieron en el parlamento una votación “express” sobre una nueva ley de medios, de manera “urgente” sin mantener los mínimos procedimientos democráticos de coordinación e información entre los partidos habilitados para legislar. Inclusive tampoco había sido informada sobre el tema, la propia vicepresidenta Beatriz Argimon que es quien preside la cámara de representantes y que no sabía lo que pensaba presentar la coalición que ella misma preside.
Esta nueva ley establece la “obligación de los medios a brindar opiniones y comentarios de manera ‘seria’, ‘completa’ e ‘imparcial’ dejando bajo el poder del Estado la posibilidad de una sanción en el caso que este así lo decida.
Es una nueva ley que va directamente a destruir por completo la libertad de la labor diaria que ejercen los periodistas y los distintos medios de comunicación y que apunta a condicionar los comentarios o las expresiones que se realicen sobre dirigentes, políticos, ministros, asesores, etc, etc..
Esto debería ser manejado por la ciudadanía como lo que es, un verdadero ataque a la libertad de expresión en el Uruguay.
Este cambio en las leyes se realiza además en un año electoral en donde las encuestas muestran a la oposición de izquierda con grandes posibilidades de volver al gobierno luego de cinco años de un gobierno de una coalición de derecha de gran oscuridad.
Parece encontrar uno la razón de estos cambios en las leyes en la recta final de este gobierno y en plena campaña política, en la gran cantidad de manchas de todo tipo que ha tenido esta coalición, manchas por aprietes a la prensa, manchas por narcotráfico, manchas por corrupción, hasta desde la propia torre ejecutiva en donde se llego a romper documentación importante que estaba siendo investigada, manchas por entregar pasaportes falsos, manchas por espionaje a políticos de la oposición y a ciudadanos comunes, manchas vinculadas a la pedofilia que hicieron renunciar a varios actores de la mas alta jerarquía dentro del gobierno, manchas relacionadas a que los teléfonos de los parlamentarios estarían “todos pinchados”, pinchados por “gente muy pesada”, según dejo una filtrada conversación telefónica de hace unos años, con la propia vicepresidenta Beatriz Argimon, manchas en donde una fiscal encargada de investigar casos de corrupción dentro de la torre ejecutiva, no solo no investiga a fondo al presidente, sus celulares y sus asesores, sino que poco tiempo después renuncia para formar parte en la campaña política del partido político del propio presidente de la Republica, un gobierno plagado de manchas que podríamos continuar detallando largamente. Pero además de todo, esta nueva ley daría la posibilidad al gobierno de no volver a dar la licitación a los medios si se le antoja, en el caso que lo considere, lo que pretende condicionar por completo a los medios para que actúen agradando al gobierno o de lo contrario pueden ser castigados siendo eliminados.
La nueva ley insólitamente, autoriza la venta del 100% del paquete accionario de los cableoperadores a empresas extranjeras, a quienes tambiénse les da la posibilidad de adquirir una licencia para poder vender servicios de internet, haciendo uso de un internet de la más alta calidad, proporcionado por la empresa nacional Antel a través de su fibra óptica (que costó millones de dólares al estado), sin solicitar a las empresas privadas ningun pago ni condición o requisito de inversión por ello.
Un verdadero regalo de las comunicaciones en momentos en que el internet está pasando a ser uno de los bienes fundamentales para el desarrollo económico, tecnológico y social de un país.
Los mismos que defienden la libertad de competencia de las empresas, cuando se trata de una empresa estatal, no les importa en lo más mínimo regalar una fibra óptica de la más alta calidad sin pedir nada a cambio.
Durante estos años de gobierno de coalición no se ha respetado la ley que estaba vigente, relativa a los medios, en lo que tiene que ver con la concentración de medios. Durante todos estos años la ley estipulaba una determinada limitación a la concentración de medios y el gobierno no aplicó esta ley y permitió una concentración superior a la permitida por ley y ahora esta nueva ley ampliará la posibilidad de concentrar muchos medios por una misma empresa como ya lo hacen irregularmente por ejemplo el grupo Magnolio (en radio) y el grupo Clarín (en TV para abonados). Pareciera que es un cambio que apunta a justificar todos estos años de gestión fuera de la ley, además de ir en contra de la libertad de prensa que siempre busca generar un panorama variopinto en los medios de comunicación.
Se suma a todas estas aberraciones, la quita de los mínimos previstos de un porcentaje en los medios de producción nacional uruguaya, quitando de esta manera los beneficios que impulsan a los artistas uruguayos y a los distintos programas nacionales.
Pero siguen los atropellos, porque esta nueva ley para muchos inconstitucional, da la posibilidad al gobierno de derecha de Lacalle Pou, de elegir las autoridades de los medios públicos de información por un periodo de 6 años.
Esto de otorgar cargos públicos en año de elecciones presidenciales es muy poco democrático y peor aun es cambiar la forma y el tiempo de mandato para que este gobierno elija autoridades para perpetuarse cuando está ya a meses de terminar su mandato, con el agravante de que lo haga por un periodo de 6 años pasando totalmente por encima del próximo gobierno y parte del siguiente.
Esto es como si supieran que no van a ganar las elecciones, entonces quieren asegurarse el control de los medios por 6 años corridos.
Parece que este gobierno se caracteriza por tener actos de impunidad total que arrollan los derechos de la ciudadanía sin ningún tipo de escrúpulos y sin la posibilidad de abrir un debate mucho más amplio, sobre un tema tan delicado como lo es la libertad de expresión y los medios en el país.
Ahora la ley pasará a la cámara baja pero no puede ser modificada para su aprobación, debe volver a Diputados debido a cambios que se le introdujeron en el Senado por parte de la propia coalición de derecha (todo seguramente ya armado y estipulado para que no quedara en evidencia que no hubo debate alguno).
Si pasa, pasa… y sino siempre hay tiempo de recular.
En los últimos días han aparecido voces desde todas parte en contra de esta ley de medios como por ejemplo Amnistía Internacional Uruguay, la Universidad de la República (UDELAR), Andebu (Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos), el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), Reporteros sin Fronteras, la Federación Internacional de Periodistas (IFJ) y la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) entre muchas otras organizaciones o agrupaciones.
Y ahora, empezaron a aparecer dentro del gobierno y de la coalición de derecha, voces en contra de esta ley que ellos mismos presentaron y aprobaron, e incluso se llegó a hablar de que el presidente podría llegar a vetar esa ley si se aprueba.
Seguramente irán viendo que tanto les puede afectar políticamente este acto de impunidad total que están haciendo, para en todo caso al final y solo si es necesario, hacer aparecer al presidente Lacalle Pou hablando en los medios como si fuera el salvador de la democracia, vetando esa horripilante ley totalmente antidemocrática, seguramente lo haga junto a su Delfín político Álvaro Delgado para encaminar la recta final de una muy sucia campaña política.
FUENTE: Diario La Humanidad