El gobierno inició un ataque a los movimientos sociales que vienen realizando reclamos por la falta de asistencia a los comedores. Se realizaron allanamientos y se acusó a algunos referentes barriales de extorsión. ¿Como funciona la distribución de recursos en el interior de las organizaciones territoriales?
Cuando se realizó la primera marcha de movimientos territoriales a poco de asumir Milei, el gobierno habilitó la línea 134, para hacer denuncias a dirigentes que “presionaran por ir a las movilizaciones”. Lo mismo se hizo con los paros de la CGT, pero en este caso para quienes “presionaran a no ir a trabajar”. Como es de esperar no hubo ningún lugar habilitado por el gobierno para hacer denuncia a las empresas que amenazaban con el despido a los trabajadores que acompañaran la medida de fuerza decidida en su Sindicato.
El gobierno no ha dado respuesta al reclamo de abastecimiento de los comedores y ya la Ministra de Capital Humano, tiene una denuncia judicial por no hacer efectivas las partidas asignadas, algunas de ellas que provienen de organismos internacionales. En este contexto político, el gobierno inicia un contraataque contra las organizaciones territoriales y va a intentar aprovecharse de que la mayoría de la población no sabe cómo funcionan esas agrupaciones que nuclean mayoritariamente a mujeres madres de familia que no tienen otro trabajo estable.
El funcionamiento de las organizaciones territoriales.
Cuando las y los desocupados empiezan a organizarse en un barrio en reuniones promovidas por alguna organización, en esta etapa fundacional no participan todos los desucupados/as del barrio. Algunos por miedo, por desinformación, o porque están acostumbradas al manejo punteril no se acercan a las asambleas. A modo de ejemplo. Si en un barrio hay 400 familias desocupadas, con necesidad de planes y alimentos, puede ser que a las primeras asambleas se acerquen 80 o 100, y después quede un núcleo estable de 70.
Las y los que participan en esas asambleas exigen al gobierno, por medio movilizaciones, planes y alimentos, y si tienen buena disposición del gobierno les entregan recursos limitados. Por ejemplo 60 planes, y alimentos para sostener un comedor para 50 personas tres veces por semana.
El problema es cómo se reparten esos recursos escasos y lo que se decide habitualmente en las asambleas es privilegiar cuatro criterios, valorando la participación: Se da prioridad a los que cumplen con la contraprestación asignada por el gobierno (por ejemplo, juntar la basura del barrio, o mantener abiertas las zanjas), concurren a las asambleas semanales donde se toman las decisiones, concurren a la movilizaciones que permiten sostener y en lo posible aumentar el flujo de recursos estatales y los que aportan a un fondo común, que casi nunca supera el 3%, de lo que se cobra mensualmente. Este fondo común lo crearon las primeras organizaciones con un criterio autogestivo para pagar fotocopias, pasajes de quienes tenían que concurrir a reuniones fuera del distrito y hasta para poner un poco de pollo o carne en el guiso compartido. La experiencia dice que, con respecto a las movilizaciones, las agrupaciones resuelven con un criterio humanitario, excusando de esa responsabilidad a los ancianos, enfermos, mujeres embarazadas, madres con niños pequeños, etc.
El hecho de que lo asignado a una organización territorial no alcance para todas las familias desocupadas de un barrio, no es una decisión de las organización, sino del organismo estatal que asigna los recursos: estado nacional, provincial o municipal. Por el contrario, las organizaciones territoriales tratan de estirar esos recursos, por ejemplo habilitando el comedor a todos los niñas y niñas del barrio. Y lo hacen sumando verduras de huertas comunitarias, elaborando pan caseros, pidiendo donaciones a comercio del barrio, etc. También exigen al gobierno, aumentos de cupos de planes para amparar a más vecinos. Cuando en las organizaciones se realiza entregan bolsones de alimentos es cuando por algun motivo no esta funcionando el comedor, o se ha generado un excedente.
Con respecto a la continuidad en la organización, se suelen presentar casos en que un vecino se retira porque deja de estar conforme con los criterios acordados para ser parte. Lo que dice la experiencia es que los retiros de la organización nunca se dan por una sola causa. Por ejemplo, porque la persona se siente molesta con participar en movilizaciones, o poner un mínimo aporte mensual. En general lo que ocurre es que tampoco concurre a trabajar y deja de ir a las asambleas. Para resolver lo de estas deserciones, uno de los mecanismos en que siempre insistieron las organizaciones fue el de poder realizar altas y bajas. Es decir, poder reemplazar a un vecino que no tiene disposición alguna de trabajar en la organización barrial, por otro que sí quiera hacerlo. En distintos gobiernos una de las políticas para debilitar a las organizaciones fue impedirle tener ese mecanismo de reemplazo. No hay nada más desalentador para un grupo que está trabajando en la calle que pase un vecino que no hace nada y sigue cobrando.
Las organizaciones territoriales basadas en mecanismos autogestivos y democráticos, compiten en los territorios con el manejo punteril de los municipios, donde no existe iniciativa alguna de promover la autogestión, y las decisiones se toman desde arriba. Tambien son zonas libres de discrimación contra los extranjeros de países límitrofes y libres de violencia contra las mujeres. Las particularidades de las organizaciones territoriales en un barrio determinan que no le faltan opositores o enemigos declarados. Desde el simple vecino desocupado que ve bajar mercadería a un comedor donde no tiene acceso, hasta el puntero que perdió peso político, hasta el machista o abusador al que le pusieron los puntos con el maltrato. Con esos opositores y enemigos no faltan denuncias.
Tomando esas denuncias el Ministerio de Seguridad encabezado por Patricia Bullrich, realizó una decena de allanamientos en comedores de movimientos sociales y domicilios de sus referentes. Entonces sacan a relucir chats donde una dirigente barrial le reclama a una vecina que hace tiempo no concurre a movilizaciones (y lo más probable que no vaya a trabajar, ni se de una vuelta por la asamblea) para acusarla de extorsión. Y ocurre que quienes todo el día están trajinando el barrio para conseguir que el comedor funcione, aunque sea una vez por semana, porque no vienen alimentos de Nación, terminen acusados de vender alimentos o chantajear a vecinos.
Por ahora el Ministerio de seguridad ha actuado contra 28 referentes barriales, pero puede extenderse a muchos más. Los allanamientos se realizaron contra integrantes del Polo Obrero, el Frente de Organizaciones en Lucha y Barrios de Pie. Fueron muy violentos, de madrugada y en presencia de niños. El mensaje del gobierno es claro. Si siguen insistiendo con reclamos les mandaremos a la Policía, y procesaremos a las responsables de comedores y sus dirigentes.
En la conferencia de prensa realizada frente al Congreso, por las organizaciones sociales frente al Congreso de la Nación, se denunció que la investigación judicial no tiene sustancia. “Con esta causa va a pasar lo de siempre; es una campaña de difamación para sembrar el miedo, de las acusaciones no va a quedar nada”. Esto debería suceder si estuviéramos en un país normal. Pero con este Gobierno y este Poder Judicial, nunca se sabe.
El nivel de cinismo de este gobierno es increíble. Después de seis meses de no entregarle alimentos hay muchos comedores que no han podido sostenerse abiertos. Ahora el gobierno denuncia que muchos comedores que estaban inscriptos no funcionan. Esto es como pedirle una prueba de vida a los que fallecieron porque el gobierno dejo de proveerlos de medicamentos oncológicos.
El objetivo final del gobierno de Milei es destruir cualquier atisbo de organización popular. Manipulan la información para tratar de ladronas a compañeras que desde hace años, incluso con pandemia, pusieron el cuerpo para aliviar la situación de los que menos tienen.