PABLO BUSTINDUY
Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
No es una cuestión personal. La crisis política que vive España responde a una operación que supone un grave riesgo para nuestra democracia. Desde el primer minuto de la legislatura se ha pretendido desconocer la legitimidad del Gobierno de coalición. Se ha recurrido para ello a estrategias de todo tipo (incluyendo la difamación, la fabricación de noticias falsas, y también demandas judiciales sin fundamento) en un esfuerzo concertado cuyo fin último es revertir el resultado de las últimas elecciones generales.
Nada de esto es nuevo; estamos ante la culminación de una estrategia global que ha ido refinándose de país en país, tumbando un objetivo tras otro. En el nuestro abundan los ejemplos, desde la fábrica de casos falsos contra Podemos al abatimiento político de Alberto Rodríguez o Mónica Oltra, entre tantos otros. Lo que sí es nuevo es la determinación, por fin abrumadoramente compartida, de impedir que esta vez triunfe la ofensiva. Por encima de sensibilidades y diferencias políticas, hay una conciencia clara de que hay que defender la democracia y por tanto el Gobierno de coalición, su legitimidad política plena, y sobre todo su potencial transformador de la estructura de poder y riqueza de nuestro país, pues esa es la causa última de los ataques recibidos.
¿Cómo salir de esta encrucijada, cómo derrotar a la ofensiva reaccionaria, cómo dibujar un camino hacia delante? Creo que para responder estas preguntas basta con retrotraerse al 23 de julio y poner aquellas elecciones en su debido contexto. La mayor parte de gobiernos europeos que hicieron frente a la pandemia y a los efectos de la invasión de Ucrania, de hecho, terminaron perdiendo las elecciones. Contra esa inercia, en condiciones marcadamente adversas, la movilización popular evitó la victoria anunciada del Partido Popular y Vox. En el marco geopolítico que nos rodea, fue un logro atípico y extraordinario.