En cualquier sistema democrático, la admisión a trámite por un juzgado de una denuncia por presuntos hechos delictivos atribuidos a la esposa del Presidente del Gobierno de la nación suscita una conmoción política que no solamente impacta sobre el ámbito nacional sino que provoca la atención y una cierta perplejidad e interés en las esferas internacionales. Una decisión de esta trascendencia debe estar sólidamente fundada en los hechos y en el Derecho.
Estamos asistiendo en estos últimos tiempos a la proliferación de actuaciones judiciales que parecen motivadas por un indeseable activismo judicial, más que por el respeto al principio de legalidad. Los pronunciamientos contrarios a la ley de amnistía por asociaciones de jueces y fiscales que extienden sus críticas al Poder Legislativo y Ejecutivo y a la persona de su presidente provoca en la ciudadanía un sentimiento de desconfianza en la neutralidad, imparcialidad y en el necesario alejamiento de los jueces de las contiendas políticas
Ante la insólita decisión de un juez admitiendo a trámite un panfleto jurídico redactado por un profesional de las denuncias infundadas, conviene recordar que las normas de Naciones Unidas sobre los principios básicos de la conducta judicial (Reglas de Bangalore) establecen que las decisiones sin fundamento de los miembros del sistema judicial socavan el principio de legalidad y afectan a la confianza pública en el sistema judicial. Los jueces, sigue diciendo, son responsables de su conducta frente a las instituciones correspondientes establecidas para mantener los estándares judiciales. Dichas instituciones son independientes e imparciales y tienen como objetivo complementar y no derogar las normas legales y de conducta existentes que vinculan a los jueces.
Cualquier estudiante de nuestras numerosas Facultades de Derecho sabe que nuestro sistema procesal tiene una peculiaridad que no existe en otros países como la institución de la acción popular. Está refrendada por la Constitución, por lo que nada hay que objetar sobre su legalidad, pero creo que ha llegado el momento de reflexionar sobre sus luces y sus sombras. En todo caso, la utilización de las posibilidades legales para activar una decisión judicial de investigar a una persona tiene que ajustarse estrictamente a las previsiones legales. El juez que toma esta decisión debe ser consciente de la responsabilidad que asume.
Las actividades profesionales que se imputan a la esposa del presidente del Gobierno eran conocidas y han sido difundidas a través de diversos medios de comunicación desde hace bastante tiempo. Su valoración política pertenece al grado de profesionalidad y sentido de la ética periodística de cada uno de los opinantes. Ante la proliferación de informaciones, ningún juez había tomado la decisión de proceder de oficio como le permite nuestra ley procesal cuando existe materia delictiva.