Cada cual con sus tiempos, sus tácticas y su violencia depredadora,
los regímenes genocidas de Benjamin Netanyahu y Joe Biden (este último
al menos en grado de complicidad, aunque el Pentágono no ha dejado de
suministrar bombas, armamento sofisticado e inteligencia y oficiales
de la Fuerza Delta sobre el terreno) siguen asesinando de manera
deliberada a niños, mujeres y hombres palestinos en la franja de Gaza,
con la aquiescencia de las principales potencias del Occidente
colectivo y sus élites globalistas, en particular, Gran Bretaña y
Francia, que ocupan un lugar en el Consejo de Seguridad de la ONU.
La cínica apelación al derecho a la legítima defensa esgrimida por el
régimen colonialista y expansionista de Israel, respaldada con tres
vetos de Estados Unidos a un alto al fuego en el Consejo de Seguridad
desde que comenzó la carnicería (Lula dixit), el castigo colectivo y
el desplazamiento forzoso de palestinos, y otro veto al proyecto de
resolución destinado a responsabilizar al ejército de ocupación
israelí de la masacre de la calle al-Rashid, en la ciudad de Gaza,
contra refugiados indefensos cuando esperaban la llegada de camiones
de ayuda humanitaria (con saldo de 112 muertos y 760 heridos), fue
desestimada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya en
términos del derecho internacional y de la cuarta Convención de Ginebra.
El ente sionista mesiánico y de apartheid israelí es una potencia de
ocupación que lleva a cabo una guerra de exterminio en territorio de
la Palestina histórica, y como recordó el 22 de febrero el embajador
de China ante la ONU, Zhang Jun, durante las audiencias públicas de la
CIJ, el pueblo palestino tiene el derecho inalienable a utilizar la
lucha armada contra el ejército de ocupación israelí, con fundamento
en el derecho internacional.
Es decir, en su lucha por la liberación
nacional y la autodeterminación, el uso de la resistencia armada por
el pueblo palestino es legítimo y no constituye un acto de terrorismo.
Asimismo, en su fallo provisional, la CIJ observó (es decir, aceptó
como propias) las cifras sobre el genocidio y la limpieza étnica del
régimen israelí desde el 7 de octubre de 2023 –en retaliación a la
Operación Diluvio de Al-Aqsa de Hamas, la Yihad Islámica y otros
grupos de autodefensa armada de la resistencia palestina-, presentadas
por sendas oficinas de la ONU, una de ellas, la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados de Palestina en Medio Oriente (UNRWA, por
sus siglas en inglés), razón por la cual Estados Unidos y sus socios
de la OTAN/UE (entre ellos Alemania, Reino Unido y Suecia) le
suspendieron la entrega de fondos poniéndola al borde del colapso, lo
que convierte a esos países en potenciales cómplices de la hambruna
provocada como herramienta genocida.
Una forma de desprestigiar el fallo de la CIJ es vilipendiar y
destruir la credibilidad de la fuente, aunque, según un informe de la
Oficina de Servicios de Supervisión Interna de la ONU, publicado por
el diario The Guardian de Londres, Israel no aportó evidencias o
material probatorio para sustentar sus alegaciones acerca de la
participación de 10 empleados de la UNRWA (¡sobre un total de 13 mil!)
en la Operación Diluvio de Al-Aqsa. El objetivo estratégico del
régimen de Netanyahu, al acusar sin pruebas a una ínfima parte del
personal de la UNRWA de haber participado en la operación del 7 de
octubre, es relegar la cuestión de las personas refugiadas palestinas
e impugnar el derecho al retorno de 6 millones de palestinos, según
los registros de esa agencia de la ONU.
Pero es también la manera de hacer olvidar que la base para la
creación del Estado (artificial) de Israel por los imperialistas
anglosajones en 1948 ha sido la limpieza étnica. Al suprimir la
cuestión de los refugiados palestinos, los supremacistas israelíes
quieren perpetuar la falacia de una tierra sin pueblo para un pueblo
sin tierra. La UNRWA es la encarnación jurídica del problema de los
refugiados, de allí que al intentar abolir a la organización
internacional que recuerda su existencia, Netanyahu, Estados Unidos y
sus vasallos de la Unión Europea pretenden que el mundo entero se
olvide de que el Estado sionista se autoconstituyó mediante un proceso
de limpieza étnica y merced al desplazamiento forzoso de 750 mil
palestinos (número que se incrementó cuando el régimen israelí ocupó
más territorio de Palestina durante la guerra de 1967). En buen
romance, se trata de abolir el estatuto legal/oficial de las personas
refugiadas palestinas por el cual adquieren el derecho al retorno de
conformidad con la Resolución 194 de la Asamblea General de Naciones
Unidas del 11 de diciembre de 1948.
En ese contexto, la divulgación del plan de Netanyahu, titulado El día
después de Hamas, revela que su objetivo principal es continuar la
guerra hasta la completa destrucción de las capacidades militares y la
infraestructura gubernamental de Hamas y la Yihad Islámica, reubicando
a la población palestina que sobreviva a la limpieza étnica en la
franja de Gaza en un bantustán, similar a las reservas tribales que
operaron en Sudáfrica y la actual Namibia. Netanyahu insistió que el
asalto terrestre a Rafah (el mayor campo de desplazados del mundo) es
fundamental para ganar la guerra y, al parecer, cuenta con la
colaboración de Egipto (presto a recibir fondos millonarios del FMI e
inversiones de la petrolera Chevron) para construir una zona de
seguridad aislada en el desierto del Sinaí, que servirá como área de
amortiguación para los palestinos desplazados.
Como parte de la guerra sicológica que busca presionar a la
resistencia palestina en vísperas del mes sagrado musulmán del Ramadán
(9 de marzo), y anticipando lo que podría suceder en la Jerusalén
ocupada, CNN y las agencias Reuters y France Presse filtraron datos
sobre una propuesta de alto el fuego en Gaza, negociada en París por
los jefes del Mosad, el Shin Bet y los servicios de inteligencia del
ejército israelí Aman con la mediación de Qatar, Egipto y Estados
Unidos, que incluiría una tregua temporal de las operaciones militares
durante 40 días; la entrada diaria de ayuda humanitaria y un
intercambio de prisioneros en una proporción de 10 palestinos por un
israelí. Hamas exige la retirada de las fuerzas israelíes y el retorno
de los desplazados en las zonas sur y norte de la franja de Gaza y el
levantamiento del bloqueo, mientras Israel busca ganar tiempo y cargar
a Hamas con la responsabilidad de cualquier fracaso posterior en las
negociaciones para justificar una operación militar en Rafah.
Fuente: La Jornada