El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras; la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo; la secretaria general del PP, Cuca Gamarra; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, posan a su llegada a los actos del Dia de la Constitución, en el Congreso de los Diputados, el 6 de diciembre de 2023, en Madrid. EUROPA PRESS/Alberto Ortega
Esta semana se nos acumulan las señales de que algo huele a podrido en esta Españita nuestra sembrada de cofrades y fascistillas. Porque se nos ha olvidado que, más allá de un gobierno de coalición progresista, tenemos un montón de gobiernos de ultraderecha. Y sí, digo ultraderecha, porque cuando el PP gobierna con la ultraderecha es ultraderecha: en Aragón, la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Murcia VOX está en el gobierno. En Madrid, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja y las Illes Balears gobierna el PP, una derecha cada vez más extrema, una derecha que, en casos como el de Madrid, no ha necesitado a VOX para recortar, por ejemplo, los derechos de la comunidad LGTBI+. Y en casos como el de Andalucía, tampoco los ha necesitado para nutrir de dinero público al movimiento antiabortista.
Pero vamos con la cuenta, que es un aviso claro. Arrancamos la semana con las declaraciones de Marta Rivera de la Cruz, ex número dos de Alberto Núñez Feijóo y actual teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid. Opina la otrora escritora que "España no tenía colonias, tenía virreinatos" y que "España no expolió a sus países para traerse las cosas que encontraba". Más allá de la ignorancia que muestra, las declaraciones de esta señora tienen como objetivo inventarse una historia que no existió. O sea, mentir. Resulta relevante porque es así como están construyendo las derechas su versión del mundo, este mundo, este país. Al principio da risa, pero cuando existe una parte notable de la sociedad dispuesta a creerlo, debería alarmarnos. Son pruebas, de eso se trata: si creen esto (porque les hace sentir mejor...), creerán lo siguiente. Apoyar una mentira política es una enfermedad contagiosa, vendrán más mentirás y se creerán igual. Solo un día después de comprobar el recalcitrante colonialismo del PP, el diputado ultra Carlos Flores Juberías presidió un acto contra el aborto dirigido a menores en el Ayuntamiento valenciano. Se da la circunstancia de que este tipo fue condenado en su día por maltrato machista habitual contra su mujer, detalle que no le impide ocupar un escaño en el Congreso. Flores Juberías pudo llevar a cabo su adoctrinamiento contra el derecho al aborto porque la alcaldesa valenciana María José Catalá (PP) le prestó la institución pública que ella encabeza. Preguntada al respecto, respondió que le parecía de "absoluta normalidad". Sin duda, un condenado por violencia machista entrenando a jóvenes contra los derechos de las mujeres es de absoluta normalidad, en su mundo.
Paralelamente a lo anterior, el PP y VOX, gobernantes de Castilla y León, registraban una proposición de Ley para derogar el decreto de Memoria Histórica y Democrática vigente en su comunidad. Nada que no haya ocurrido antes, ya que en Aragón a la coalición de populares y ultraderechistas les faltó tiempo para derogar el pasado mes de febrero la Ley de Memoria Democrática. Solo un mes después, el vicepresidente del Gobierno aragonés, Alejandro Nolasco, exigió que se "paralice, retire y detenga las concesiones de la nacionalidad española a todas aquellas personas que provienen de culturas islámicas". Llámalo cruzada.
Suma y sigue. A la vez que Castilla y León daba el primer paso para eliminar su Ley de Memoria Histórica y el ultra Flores Juberías aleccionaba a los menores contra las mujeres, Baleares se convertía en la primera comunidad autónoma que elimina su oficina anticorrupción. Y si tú te preguntas por qué, dale otra vuelta.
En fin, que en solo tres días la extrema derecha y la derecha extrema han dejado claro lo que pueden hacer y de hecho hacen cuando gobiernan un territorio. Quiero recordar, de paso, que las comunidades autónomas forman parte de eso que llamamos el Estado, y que todas las anteriores son medidas tomadas dentro del Estado español. Ahora imaginemos por un momento que estas gentes hubieran conseguido hacerse con el Gobierno de España. ¿Qué estaría pasando ahora con la Memoria Histórica? ¿Qué con la Ley del Aborto? ¿Qué pasaría con las y los inmigrantes? ¿Qué pasaría con la comunidad LGTBIQ+?