La construcción de una residencia de mayores pública y otra privada en Ferrol incrementará el número de plazas disponibles para este colectivo en más de 250 a partir de 2025, si se cumplen las previsiones de las obras en curso. Queda, sin embargo, un fleco pendiente, el de la instalación de un recurso de este tipo en O Boial, donde en un primer momento se iba a levantar el edificio que en O Bertón financia la Fundación Amancio Ortega.
La asociación vecinal de Santa Icía estuvo siempre en contra del cambio de ubicación, que consideraban un agravio, debido a la importancia para la dinamización del barrio de abrir una instalación de este tipo en la zona. De hecho, el traslado estuvo bloqueado durante varios meses en el anterior mandato, puesto que el Partido Popular era partidario de mantener la primera ubicación, decidida por la Xunta tras analizar distintas parcelas. Finalmente se acordó el cambio, y así, casi como una compensación para O Boial, se presentó en mayo de 2021 un proyecto de residencia de mayores, en este caso municipal, y que seguiría un modelo de “cohousing”, casas independientes con lugares comunes, para diferentes edades y para distintos niveles de autonomía o de dependencia.
Esta nueva residencia tiene una parcela reservada, de propiedad municipal, en las proximidades del centro comercial Parque Ferrol. Administrativamente no ha habido cambios desde que se presentó en 2021 el estudio técnico que ofrecía una idea de lo que se quería hacer y que fue aprobado en el pleno. Está pendiente la redacción de los pliegos, en la que se detalle el proyecto con plazos y costes. La intención del actual gobierno local es conseguir la implicación de otras administraciones para poder sacar adelante la nueva residencia, que en su día tuvo el apoyo del grupo socialista y del grupo popular.
El BNG y Ferrol en Común manifestaron en su momento su escepticismo ante una propuesta que se planteó, a su juicio, para mitigar el descontento de los vecinos de Santa Icía, pero sin visos de hacerse realidad.
En cualquier caso, la propuesta formó parte de los programas electorales en las elecciones de mayo y supondría un nuevo recurso público para atender las demandas de una población cada vez más envejecida y para la que se reclaman modelos de cuidados radicalmente diferentes a los que se habían generalizado antes de la pandemia.