El Estado peruano, bajo el Gobierno de Dina Boluarte, ha incumplido una sentencia de la Corte IDH sobre la condena a Alberto Fujimori por delitos de lesa humanidad y corrupción. Sigue el camino de Guatemala o Nicaragua.
El régimen autoritario que encabeza Dina Boluarte en Perú excarceló al autócrata Alberto Fujimori este miércoles, en respuesta a un auto firmado por la mitad de los miembros del Tribunal Constitucional a su favor. El exgobernante (1990- 2000) ha cumplido 16 de una condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y secuestro, dictada en 2009, pero además tiene otras sentencias por robo, corrupción y usurpación de funciones. En unos días, debe comparecer en un nuevo juicio oral acusado por el homicidio de seis campesinos en 1992.
Al ponerlo en libertad, Perú ha ignorado reclamaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de las Naciones Unidas de respetar el sistema interamericano de justicia y el derecho internacional, y se coloca como un nuevo paria, como Guatemala o Nicaragua.Es la tercera vez desde 2017 que, mediante componendas de sectores conservadores y en medio de una grave crisis política, Fujimori, de 85 años, logra decisiones sobre su libertad pese a no cumplir los requisitos. El presidente de la Corte IDH pidió la noche del pasado miércoles al Estado peruano que se abstuviera de excarcelarlo porque incumpliría la sentencia de ese tribunal sobre los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que obliga a ciertas condiciones para excarcelarlo, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su mandato.
El régimen autoritario que encabeza Dina Boluarte en Perú excarceló al autócrata Alberto Fujimori este miércoles, en respuesta a un auto firmado por la mitad de los miembros del Tribunal Constitucional a su favor. El exgobernante (1990- 2000) ha cumplido 16 de una condena a 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y secuestro, dictada en 2009, pero además tiene otras sentencias por robo, corrupción y usurpación de funciones. En unos días, debe comparecer en un nuevo juicio oral acusado por el homicidio de seis campesinos en 1992.
Al ponerlo en libertad, Perú ha ignorado reclamaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de las Naciones Unidas de respetar el sistema interamericano de justicia y el derecho internacional, y se coloca como un nuevo paria, como Guatemala o Nicaragua.
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Es la tercera vez desde 2017 que, mediante componendas de sectores conservadores y en medio de una grave crisis política, Fujimori, de 85 años, logra decisiones sobre su libertad pese a no cumplir los requisitos. El presidente de la Corte IDH pidió la noche del pasado miércoles al Estado peruano que se abstuviera de excarcelarlo porque incumpliría la sentencia de ese tribunal sobre los casos de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, que obliga a ciertas condiciones para excarcelarlo, con el fin de garantizar los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en su mandato.
Fujimori puede tramitar un indulto humanitario si paga la reparación civil que debe a las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta y de dos secuestros cometidos en 1992, si pide perdón a las víctimas, y si un médico independiente acredita el agravamiento de su estado de salud. Pero ninguno de estos supuestos se ha cumplido, ni en el indulto humanitario que le concedió el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski en la Navidad de 2017, ni ahora. Su deuda por reparación civil supera los 15 millones de dólares, informó el miércoles la Procuraduría Anticorrupción.
El Grupo Colina, un comando de aniquilamiento del Ejército creado por el régimen de Fujimori, asesinó en enero de 1991 a 15 personas y dejó heridas a otras cuatro en un solar de Barrios Altos, en Lima; y en julio de 1992 secuestró, asesinó e hizo desaparecer a nueve estudiantes y un profesor de la universidad estatal La Cantuta, al este de la capital. En ambos casos, la versión oficial disfrazó los hechos de operaciones antisubversivas contra Sendero Luminoso.
Tiempo después, los agentes de Colina fueron sancionados en el fuero militar, pero Fujimori los amnistió. Los familiares de las víctimas y los sobrevivientes acudieron al sistema interamericano de justicia en 1992, y en 2007 una sentencia de la Corte IDH ordenó que la Justicia peruana llevara a juicio al exgobernante y a su exasesor y jefe de facto de las Fuerzas Armadas, Vladimiro Montesinos. Así se originó la condena a 25 años de cárcel y las obligaciones del Estado peruano hacia las víctimas.