En la mañana del 20 de diciembre, la Presidencia Española del Consejo de Europa comunicaba satisfecha la llegada a un acuerdo sobre migraciones. Para las organizaciones civiles, el marco normativo afianza un camino de vulneración de derechos. Artículo ...El Salto
Después de dos semanas de intensas negociaciones a tres partes entre el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo, la presidencia española de la Unión Europea celebraba la mañana del 20 de diciembre el acuerdo final alcanzado el día anterior sobre el Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Con este consenso, la presidencia cumple finalmente su objetivo de cerrar este controvertido expediente antes de dar el relevo a Bélgica, que ostentará la presidencia de turno del Consejo europeo desde enero.
“La presidencia española de la Unión Europea cumple. El consejo de Europa y el Parlamento Europeo dan un paso adelante en la reforma para la mejora del sistema de migración y asilo de la UE”, era el mensaje compartido en las redes sociales para celebrar el hito. Una celebración no compartida por las organizaciones de derechos humanos, que llevan desde septiembre de 2020, cuando la Comisión Europea presentó por primera vez la propuesta del nuevo pacto, alertando de la deriva que supone el acuerdo, al que acusan de profundizar en la securitización de las políticas de migración, normalizar la deportación, ampliar el margen para la detención de las personas y ahondar en las prácticas de externalización a terceros países que tan dañinas se han mostrado en materia de derechos humanos. Un Pacto que, en definitiva, según denunciaba CEAR horas después de que se hiciera público el acuerdo, “en la práctica supone imponer aún más obstáculos para acceder al procedimiento de protección internacional”. Como, “mucho peor” a las políticas existentes, calificaba también Oxfam Intermón el Acuerdo, lamentando que “la Unión Europea ha perdido la oportunidad de pactar mejores normas que garanticen que hay solidaridad y un reparto de responsabilidades entre países europeos”.
La consternación ante un Pacto de migración y asilo final que implica aún más problemas de los esperados ha alcanzado a Europa. Hasta 57 organizaciones, que además de Oxfam incluyen a Amnistía internacional, ActionAid y Save the Children, escribían el pasado lunes una carta abierta dirigida a los europarlamentarios, pidiéndoles que introdujeran garantías de respeto a los derechos humanos, dado el preocupante cariz que estaban tomando las negociaciones en las últimas semanas.
La Plataforma para la Cooperación Internacional para Inmigrantes Indocumentados(PICUM), que aglutina a entidades de derechos humanos a lo ancho del continente explicaba que, el proyecto, tal y como ha sido aprobado finalmente: “normalizará el uso arbitrario de la detención de migrantes, incluyendo a niños y sus familias, incrementará el perfilamiento racial, usará los procedimientos de ‘crisis’ para permitir devoluciones en frontera y retornar a las personas a los llamados ‘terceros países seguros’ donde se exponen al riesgo de tortura, violencia y encarcelamiento arbitrario”.
“El resultado es la propuesta de la Comisión Europea de 2020, empeorada por las enmiendas del Consejo. Es un golpe devastador al derecho a solicitar asilo en la UE”
En un comunicado publicado poco después de la aprobación del pacto, una de las organizaciones firmantes de la mencionada carta, Border Violence Monitoring Network (BVMN), lamentaba que los esfuerzos realizados por las organizaciones no hubiesen dado sus frutos, y mostraba su pesar porque el Parlamento Europeo no haya podido poner freno a los aspectos más problemáticos de la agenda del Consejo Europeo y la Comisión: “El resultado es la propuesta de la Comisión de 2020, empeorada por las enmiendas del Consejo. Es un golpe devastador al derecho a solicitar asilo en la UE”, afirman.
Las negociaciones pendientes para las que se ha encontrado un pacto político tienen que ver con la normativa de control en frontera, que permitirá hasta siete días de detención de facto de las personas en movimiento que lleguen a la frontera, con el fin de derivarlas hacia un procedimiento regular, o uno acelerado. Si bien BVMN reconoce que se han conseguido algunas garantías claves a propuesta del Parlamento, como que los informes médicos y de vulnerabilidad deberán ser realizados por personal médico cualificado, no se habría logrado que los solicitantes de asilo y migrantes obtuvieran una copia del informe de este control —algo que les permitiría poder recurrir en caso de haber información errónea en un documento en base al cual se decide qué tipo de procedimiento les afectará. El acuerdo formula que los solicitantes podrán tener “acceso” a la información, un lenguaje ambiguo, denuncia BVMN, que no garantiza el derecho a esta información y puede avalar arbitrariedades en función del estado.A la espera de contar con el texto definitivo, las distintas organizaciones alertan de que se mantendrá la “ficción legal de la no entrada”, es decir, estar en un centro de recepción no será considerado estar en territorio europeo legalmente, lo que implica una detención de facto mientras se realiza el procedimiento. Lamentan además el fracaso del Parlamento en sus intentos de introducir garantías para la fiscalización del control de frontera, donde la participación de organizaciones no gubernamentales en los mecanismos de seguimiento no será obligatoria.
Uno de los capítulos más polémicos del Pacto tiene que ver con la normativa en los procedimientos de asilo, tras el proceso de control, que divide a la gente en procesos normales y procesos acelerados de frontera. Este último da un plazo de 12 semanas durante los cuales las personas podrán ser devueltas a los llamados “terceros países seguros”, o trasladados en campos de detención de los países miembros para ser devueltos a sus países de origen. Aunque inicialmente Comisión y Parlamento dejaban a las familias con niños y niñas menores de 12 años fuera de esta posibilidad, la disposición final ha acabado con el mínimo de edad. También los menores no acompañados podrían ser devueltos o detenidos en caso de “representar un riesgo”.“Este Pacto da el pistoletazo de salida a un sistema que probablemente concentrará a miles de personas —incluidos niños— en detención de facto en las fronteras exteriores de la UE. Esto no sólo no resolverá las deficiencias del sistema actual, sino que aumentará exponencialmente el sufrimiento de las personas y los obstáculos a los que tienen que enfrentarse para alcanzar protección”, explicaba Alberto Ares, Director Regional del Servicio Jesuita a Refugiados Europa (JRS Europa), una de las organizaciones firmantes de la carta abierta.
Otra cuestión de gravedad es que no se prevé asistencia letrada en el procedimiento de frontera, quedando relegada la presencia de abogados al acompañamiento en las fases administrativas del procedimiento. Por otro lado, los recursos no serán suficientes para suspender las decisiones tomadas durante el procedimiento de asilo. Además, se habilitará una lista de terceros países seguros. BVMN advierte de que por ahora, solo 6 de 27 estados miembros usan esta categoría, que quedará normalizada con el pacto. Las solicitudes serán de hecho inadmisibles si el solicitante tiene alguna relación con un “tercer país seguro”.