De la censura parental al recorte en "políticas de género": las propuestas antifeministas de Vox en las autonomías
La lucha contra los feminismos es uno de los ejes ideológicos del partido de ultraderecha, que ha impulsado propuestas parlamentarias dirigidas a acabar con los avances en esta materia en el ámbito sanitario, educativo y social.
Tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, Vox desembarcó definitivamente en todos los parlamentos autonómicos españoles, a excepción de Galicia. Tanto en aquellas comunidades donde ha entrado en el Gobierno como en las que no, el partido de ultraderecha trata de librar las mismas batallas e imponer un marco narrativo idéntico en asuntos relacionados con los feminismos y la igualdad entre hombres y mujeres.
Desde su nacimiento, el partido liderado por Santiago Abascal se ha identificado por oponerse a los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, y ha convertido este tipo de acciones en uno de los ejes ideológicos de la formación. ¿En qué propuestas concretas se ha materializado este rechazo al avance en políticas feministas?
Thank you for watching
Actualmente Vox gobierna junto al PP en el País Valencià, Extremadura, Aragón, la Región de Murcia y Castilla y León. Esta última, fue una alianza que se fundó en el año 2022, cuando los resultados de las elecciones en la región dieron por primera vez una vicepresidencia autonómica y tres consejerías al partido de ultraderecha.
En La Rioja, Cantabria, Andalucía, Ceuta y Melilla, los de Abascal han facilitado las investiduras del PP, y han llegado a acuerdos programáticos puntuales, pero se han quedado fuera de los gobiernos autonómicos. Por el contrario, en Castilla-La Mancha, Asturias, Euskadi, Navarra y Catalunya, el papel de Vox ha quedado relegado al de oposición.
Sea cual sea su rol en los diferentes parlamentos autonómicos, los diputados de Vox hacen uso de estrategias similares en lo relativo a políticas feministas: cuestionar el gasto público destinado a las mismas –ya sea en su dimensión educativa, sanitaria o cultural–, tratar de limitar el acceso al aborto, negar la violencia de género y poner a la familia tradicional en el centro de sus políticas sociales.
Arrinconar la educación sexual y de género
Una de las condiciones que impuso Vox para facilitar su apoyo a la popular María Guardiola, ahora presidenta de la Junta de Extremadura, fue acabar con la Consejería de Igualdad. Esta estrategia se ha convertido en una de las marcas de la casa de los ultraconservadores, que se ha repetido en Castilla y León –donde ha pasado a llamarse Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades–, así como en diez municipios de más de 50.000 habitantes en los que Vox gobierna junto a los populares.
Tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, Vox desembarcó definitivamente en todos los parlamentos autonómicos españoles, a excepción de Galicia. Tanto en aquellas comunidades donde ha entrado en el Gobierno como en las que no, el partido de ultraderecha trata de librar las mismas batallas e imponer un marco narrativo idéntico en asuntos relacionados con los feminismos y la igualdad entre hombres y mujeres.
Desde su nacimiento, el partido liderado por Santiago Abascal se ha identificado por oponerse a los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, y ha convertido este tipo de acciones en uno de los ejes ideológicos de la formación. ¿En qué propuestas concretas se ha materializado este rechazo al avance en políticas feministas?
Thank you for watching
Actualmente Vox gobierna junto al PP en el País Valencià, Extremadura, Aragón, la Región de Murcia y Castilla y León. Esta última, fue una alianza que se fundó en el año 2022, cuando los resultados de las elecciones en la región dieron por primera vez una vicepresidencia autonómica y tres consejerías al partido de ultraderecha.Esta medida sirve como carta de presentación para uno de sus mantras: la falta de necesidad de un enfoque de género en las políticas públicas, que aspiran a sustituir por una familiar, tal y como se refleja en una proposición no de ley de Vox en el parlamento vasco, incorporar "la perspectiva familiar en todas las políticas públicas".
En esta línea, una propuesta recurrente en todos los parlamentos autonómicos es la de instaurar una suerte de censura parental en la que los padres y madres de los alumnos puedan vetar la educación sexual de sus hijos.
En las primeras semanas de octubre, el partido de ultraderecha lanzó varias proposiciones no de ley relacionadas con el veto a contenidos educativos por parte de los tutores legales de los menores de edad en todas las comunidades autónomas en las que gobiernan, pero también en las que no. Concretamente, en Euskadi, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Islas Canarias y Navarra.
En todas ellas, los y las diputadas de Vox se han referido al supuesto "adoctrinamiento" oculto en el material educativo y han promovido iniciativas parlamentarias dirigidas a "continuar garantizando el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos", como reza la proposición no de ley realizada en Castilla y León.
Una versión similar de esta propuesta fue presentada por el Grupo parlamentario de Vox en Murcia –que no fue admitida a trámite–, Extremadura y Aragón, donde también gobiernan junto al PP.
En la Asamblea de Madrid, los diputados de Vox han solicitado información sobre el número de protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de género en los colegios.
También en Parlament catalán, donde Vox ejerce una dura oposición desde 2021, han promovido una propuesta de resolución –es decir, una propuesta no de ley– para adoptar medidas que "pongan fin al adoctrinamiento en los colegios"
Oposición a la interrupción voluntaria del embarazo
Vox ha recogido el testigo del PP en su oposición a la ley del aborto, aprobada por el PSOE en el 2010 y reformada por el Gobierno de coalición durante la última legislatura. El PP criticó la medida en sus orígenes y presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que fue desestimado 13 años después. Tras ello, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha rebajado el tono de crítica contra esta medida.
Pero desde el partido liderado por Abascal han tratado de resucitar el fantasma de la polémica. El 20 de enero de 2023, Ana María Cuartero, diputada de Vox en Madrid, volvió a preguntar al Gobierno de Ayuso cuáles eran sus planes "para reducir el número de abortos en la Comunidad de Madrid". Cuartero había formulado esta pregunta en tres ocasiones anteriores: en dos de ellas no había sido admitida, mientras que en una tercera fue retirada.
Junto a su compañero de bancada, Mariano Calabuig, la diputada ha solicitado hasta en 13 ocasiones información sobre el número de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en los hospitales de la Comunidad de Madrid.
Tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo, Vox desembarcó definitivamente en todos los parlamentos autonómicos españoles, a excepción de Galicia. Tanto en aquellas comunidades donde ha entrado en el Gobierno como en las que no, el partido de ultraderecha trata de librar las mismas batallas e imponer un marco narrativo idéntico en asuntos relacionados con los feminismos y la igualdad entre hombres y mujeres.
Desde su nacimiento, el partido liderado por Santiago Abascal se ha identificado por oponerse a los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos, y ha convertido este tipo de acciones en uno de los ejes ideológicos de la formación. ¿En qué propuestas concretas se ha materializado este rechazo al avance en políticas feministas?
Thank you for watching
Actualmente Vox gobierna junto al PP en el País Valencià, Extremadura, Aragón, la Región de Murcia y Castilla y León. Esta última, fue una alianza que se fundó en el año 2022, cuando los resultados de las elecciones en la región dieron por primera vez una vicepresidencia autonómica y tres consejerías al partido de ultraderecha.
En La Rioja, Cantabria, Andalucía, Ceuta y Melilla, los de Abascal han facilitado las investiduras del PP, y han llegado a acuerdos programáticos puntuales, pero se han quedado fuera de los gobiernos autonómicos. Por el contrario, en Castilla-La Mancha, Asturias, Euskadi, Navarra y Catalunya, el papel de Vox ha quedado relegado al de oposición.
Sea cual sea su rol en los diferentes parlamentos autonómicos, los diputados de Vox hacen uso de estrategias similares en lo relativo a políticas feministas: cuestionar el gasto público destinado a las mismas –ya sea en su dimensión educativa, sanitaria o cultural–, tratar de limitar el acceso al aborto, negar la violencia de género y poner a la familia tradicional en el centro de sus políticas sociales.
Arrinconar la educación sexual y de género
Una de las condiciones que impuso Vox para facilitar su apoyo a la popular María Guardiola, ahora presidenta de la Junta de Extremadura, fue acabar con la Consejería de Igualdad. Esta estrategia se ha convertido en una de las marcas de la casa de los ultraconservadores, que se ha repetido en Castilla y León –donde ha pasado a llamarse Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades–, así como en diez municipios de más de 50.000 habitantes en los que Vox gobierna junto a los populares.
Esta medida sirve como carta de presentación para uno de sus mantras: la falta de necesidad de un enfoque de género en las políticas públicas, que aspiran a sustituir por una familiar, tal y como se refleja en una proposición no de ley de Vox en el parlamento vasco, incorporar "la perspectiva familiar en todas las políticas públicas".
En esta línea, una propuesta recurrente en todos los parlamentos autonómicos es la de instaurar una suerte de censura parental en la que los padres y madres de los alumnos puedan vetar la educación sexual de sus hijos.
En las primeras semanas de octubre, el partido de ultraderecha lanzó varias proposiciones no de ley relacionadas con el veto a contenidos educativos por parte de los tutores legales de los menores de edad en todas las comunidades autónomas en las que gobiernan, pero también en las que no. Concretamente, en Euskadi, Comunidad de Madrid, Islas Baleares, Islas Canarias y Navarra.
En todas ellas, los y las diputadas de Vox se han referido al supuesto "adoctrinamiento" oculto en el material educativo y han promovido iniciativas parlamentarias dirigidas a "continuar garantizando el conocimiento previo y aceptación de los padres de cualquier contenido afectivo-sexual o ideológico que puedan recibir sus hijos", como reza la proposición no de ley realizada en Castilla y León.
Una versión similar de esta propuesta fue presentada por el Grupo parlamentario de Vox en Murcia –que no fue admitida a trámite–, Extremadura y Aragón, donde también gobiernan junto al PP.
En la Asamblea de Madrid, los diputados de Vox han solicitado información sobre el número de protocolos de intervención y atención educativa a la identidad de género en los colegios.
También en Parlament catalán, donde Vox ejerce una dura oposición desde 2021, han promovido una propuesta de resolución –es decir, una propuesta no de ley– para adoptar medidas que "pongan fin al adoctrinamiento en los colegios".
Oposición a la interrupción voluntaria del embarazo
Vox ha recogido el testigo del PP en su oposición a la ley del aborto, aprobada por el PSOE en el 2010 y reformada por el Gobierno de coalición durante la última legislatura. El PP criticó la medida en sus orígenes y presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que fue desestimado 13 años después. Tras ello, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha rebajado el tono de crítica contra esta medida.
Pero desde el partido liderado por Abascal han tratado de resucitar el fantasma de la polémica. El 20 de enero de 2023, Ana María Cuartero, diputada de Vox en Madrid, volvió a preguntar al Gobierno de Ayuso cuáles eran sus planes "para reducir el número de abortos en la Comunidad de Madrid". Cuartero había formulado esta pregunta en tres ocasiones anteriores: en dos de ellas no había sido admitida, mientras que en una tercera fue retirada.
Junto a su compañero de bancada, Mariano Calabuig, la diputada ha solicitado hasta en 13 ocasiones información sobre el número de interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en los hospitales de la Comunidad de Madrid.
Con la misma estrategia y como parte de su cruzada contra la autodeterminación de género, el grupo parlamentario madrileño ha tratado de conseguir en los últimos meses información sobre el número de menores que se estaban sometiendo a tratamientos de terapia hormonal en la Comunidad de Madrid.
La contrapropuesta de Vox para combatir los embarazos en Madrid y Asturias es, de momento, plantear a los Gobiernos autonómicos la posibilidad de ofrecer viviendas públicas a mujeres embarazadas que "en riesgo de aborto" –como reza la pregunta formulada por un diputado asturiano– o "en situación de dificultad económica y /o social" –tal y como señalaba una parlamentaria de Vox en Madrid–. Estos estarían activos únicamente durante el periodo de gestación de la mujer.
Además, en el caso de Madrid, plantean al Gobierno de Ayuso la promoción de un "Plan de defensa del no nacido". También en Euskadi han promovido proposiciones no de ley –conocidas como "propuestas legítimas" – "respecto del cuidado y protección del derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural".
En Cataluña, la oposición al aborto pasa por cuestionar el gasto público de las intervenciones quirúrgicas y farmacológicas, además del previsto "para combatir el acoso de grupos fundamentalistas contra mujeres y profesionales que acceden a centros en los que se practican abortos".
Cuestionar el gasto en "políticas de género"
Los diputados del partido de ultraderecha utilizan los parlamentos autonómicos como muro de contención de las políticas aprobadas por el Gobierno central durante la última legislatura. En aquellos lugares en los que forman parte de la oposición les sirve, además, para retratar o cuestionar ante su electorado la posición del Gobierno de turno.
En Madrid, varios diputados de Vox han preguntado al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sobre su postura respecto a la aplicabilidad y valoración de la Ley integral contra la violencia de género –conocida popularmente como la ley de sólo sí es sí–. También en Cantabria, Murcia e Islas Canarias han solicitado a los gobiernos autonómicos de turno que exigieran al gobierno central derogar la nueva norma.
"Autodeterminación de género" o la "imposición ideológica de género en los centros educativos", han sido otras de los términos con los que los diputados de Vox en varias autonomías han tratado de arrinconar a los gobiernos autonómicos.
Paralelamente, han lanzado propuestas parlamentarias encaminadas a eliminar el gasto presupuestario en lo que consideran "políticas de género" en Euskadi, Islas Canarias y Comunidad de Madrid. El grupo parlamentario catalán ha sido más específico al solicitar, entre otras medidas, información sobre las subvenciones a organizaciones feministas y la supresión del Observatorio de Igualdad de Género.