La humanidad ha rebasado al menos siete de los ocho límites que aseguran el mantenimiento seguro de la civilización en la tierra, hecho que se ve reflejado en las graves consecuencias climáticas que obligan a más de 23 millones de personas a huir de sus hogares cada año.
Hace ya décadas que la comunidad científica advierte de la gravedad de la crisis climática y de la necesidad de frenar su avance. Aun así, este fenómeno no solo ha seguido avanzando, sino que, según el último estudio publicado por la revista Nature, se está acelerando y se están superando rápidamente los límites que permiten vivir de manera segura y justa en el planeta. Esto se ve reflejado cada vez que millones de personas tienen que abandonar sus lugares de residencia cada año por los efectos de la degradación medioambiental, fruto de la actividad humana, y del clima extremo como las sequías, la subida del nivel del mar o, en casos más extremos, huracanes o incendios que hacen imposible mantener la seguridad y los medios de vida.
En la mayoría de las ocasiones, la única respuesta posible para las personas expuestas a estos fenómenos es la huida, ya sea porque deben escapar de manera inmediata para ponerse a salvo, o porque el lugar se ha vuelto inhabitable. Por lo general, esta migración forzada se da inicialmente dentro del país. Las personas intentan buscar alternativas en sus territorios antes de alcanzar los niveles de inseguridad y vulneración que les obligan a cruzar fronteras. La mayoría de las personas desplazadas son de países empobrecidos, que son los que más sufren los efectos de la crisis climática, aunque también son los que menos han contribuido a ella. No obstante, ninguna zona del mundo está libre de riesgo medioambiental.
2022, cifras récord
Cada vez son más las personas que se enfrentan a estas situaciones. De hecho, desde hace algunos años son más las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por estos motivos (53% del total de desplazamientos internos) que por la violencia y los conflictos. De acuerdo a los últimos datos del Internal Displacement Monitory Cente (IDMC), en 2022 hubo 32,6 millones de desplazados internos que dejaron sus hogares como consecuencia del cambio climático y la degradación medioambiental, cifras récord desde que hay registros. Estos números duplican los valores con respecto a 2021, en gran parte debido a las devastadoras inundaciones de Pakistán.
Además, los desplazamientos relacionados con catástrofes durante el año también fueron un 41% superiores a la media de la última década. Las inundaciones desencadenaron la mayoría (seis de cada diez), seguidas por tormentas, sequías, deslizamientos de tierras y temperaturas extremas.
Sin garantías de protección
Aunque son millones, las personas desplazadas por motivos medioambientales se enfrentan a la desprotección, tal y como reflejan CEAR y Greenpeace en su informe ‘Huir del Clima’, ya que no existen normas jurídicas que las reconozcan y garanticen su condición de personas refugiadas.
Además, existe un gran peligro para las personas defensoras de los derechos humanos y la protección del medioambiente, que por sus denuncias afrontan amenazas, persecuciones e incluso la muerte. Más de 1.700 de ellas han sido asesinadas en la última década, principalmente en países de Latinoamérica, y solo en 2022 más de 200 personas, según el último informe de Frontline Defenders.
Ante esta situación, urge adaptar y aplicar mecanismos ya existentes para que las personas desplazadas forzosamente por este impacto puedan salvar sus vidas. La Agenda 2030, en su compromiso de “no dejar a nadie atrás”, vincula varios de sus objetivos de desarrollo sostenible con el fenómeno del desplazamiento medioambiental.
Es el caso del ODS 13 (Acción por el Clima) y el 10 (Reducción de Desigualdades), fundamentales para abordar este fenómeno y proteger a las personas forzadas a huir de sus hogares. De la misma forma, el objetivo 5 (Igualdad de Género) es de gran relevancia debido al impacto diferenciado de las consecuencias de la crisis climática y la degradación medioambiental en las mujeres y las niñas, tal y como ha señalado recientemente el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en sus observaciones sobre España.
¿Qué se puede hacer?
- Avanzar hacia interpretaciones amplias e inclusivas de la definición de persona refugiada contenida en la Convención de Ginebra para garantizar la protección de las personas que huyen como consecuencia del cambio climático o la degradación medioambiental.
- Garantizar el principio de no devolución.
- Otorgar protección subsidiaria.
- Conceder autorizaciones de residencia por razones humanitarias a las personas desplazadas por motivos medioambientales.
- Regular la figura de los visados humanitarios y visados climáticos.
- Impulsar que se mantenga y active la Directiva de Protección Temporal para dar respuesta rápida a emergencias humanitarias.
- Promover desde la Presidencia de España de la UE medidas para abordar la emergencia climática y priorizar la protección de las personas que huyen por estos motivos. La próxima Cumbre UE-CELAC representa una gran oportunidad para incluir los desplazamientos medioambientales en la agenda.