Manuel Rico: "Los protocolos de las residencias durante la covid son la mayor violación de derechos en democracia"
Manuel Rico (1967) es un periodista y escritor gallego nacido en El Bierzo. Durante su carrera ha trabajado en grandes cabeceras nacionales como El Mundo, Interviú e InfoLibre. También fue miembro fundador, subdirector y jefe de política en Público. Ahora es corresponsal en España de Investigate Europe.
En 2021, publicó el libro Vergüenza, el escándalo de las residencias y recibió el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al Periodista Especializado y el José Couso de libertad de prensa. Desde entonces, se ha volcado en esclarecer lo ocurrido durante la primera ola de la covid en las residencias y apoyar a las familias de las víctimas. De hecho, a su cargo se hizo público el documento que prueba que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fijó "criterios de exclusión" para no trasladar a enfermos desde los geriátricos a los hospitales.
Asimismo, ha participado en la Comisión Ciudadana por la Verdad impulsada por Marea de Residencias y Verdad y Justicia, y constituida por expertos para investigar por qué miles de mayores murieron en los centros de mayores sin recibir atención médica.
En esta entrevista, Rico destapa algunas de las "mentiras" del Gobierno de la Comunidad de Madrid y señala qué alternativas existieron, pero no se aplicaron, para asistir a los residentes que, finalmente, fallecieron.
Como periodista, ha decidido luchar por una causa, la de las muertes en las residencias durante la covid. ¿Cree que se hará justicia?
Pronosticar el futuro es siempre lo más complicado y yo creo que los periodistas, en general, tenemos suficiente con intentar explicar el propio presente y el pasado. Yo lo que sé es que todas las víctimas y sus familiares merecen que se haga justicia. Y lo que sé también es que la lucha que tienen para que se conozca la verdad y que se haga justicia es una de las más dignas que hay en este momento en España.
Una de las que merece, sin ninguna duda, el respaldo de los ciudadanos que tengan un mínimo de sentimientos, de ética y de empatía con lo que ocurrió; y lo que ocurrió es que más de 12.000 personas solo en la primera ola murieron en residencias sin recibir atención hospitalaria.
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Básicamente, la comunidad donde más fallecidos hubo fue en Madrid, pero también hubo unas cifras completamente escandalosas en Catalunya, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Por lo que la petición de justicia debería ser una petición de toda la sociedad. Si se va a hacer o no, depende de muchas circunstancias. De momento, no se ha hecho, y se han hecho muchas cosas mal en el ámbito judicial.
Esta tragedia, el fallecimiento de miles de personas en todas las comunidades... ¿Cree que se vivió de manera más sangrante en la región que gobierna Isabel Díaz Ayuso?
Desde el poder político, sobre todo en la Comunidad de Madrid, muchas veces se intentan deslegitimar las críticas diciendo que solo se critica a la capital. Esto, primero, no es verdad. Obviamente, hay que investigar lo que ocurrió en todas las residencias de España. De hecho, uno de las principales fallos del modelo de nuestro sistema democrático es que esa investigación no se había hecho de oficio por parte de la Fiscalía. Por lo tanto, habría que llevar a cabo una investigación en absolutamente todas las residencias de España donde haya habido fallecidos.
Segundo, es verdad que Madrid tiene unas circunstancias especiales: es la comunidad donde más personas murieron sin recibir atención hospitalaria, 7.291 solo entre marzo y abril. Pero, además, hubo tres circunstancias que, combinadas, hacen que la situación haya sido especialmente grave. Son el protocolo tan bárbaro que se aprobó para no derivar a los hospitales a la mayoría de residentes, la no medicalización de las residencias y la no utilización de medios alternativos que estaban al alcance y no se utilizaron.
Esas tres circunstancias se producen en Madrid, pero, insisto, en Catalunya y en las dos Castillas también se produjeron circunstancias absolutamente escandalosas y dignas de investigación. Y, en otros puntos de España, por ejemplo, en Alcoy, hubo una residencia donde fallecieron más de 70 personas. Por supuesto que debería haberse investigado, y no solo en el ámbito judicial, sino el del ámbito político.