Con ocasión de la conmemoración del 42 aniversario de la Constitución Española, desde la Asociación Cultural FUCO BUXÁN queremos abordar esta realidad con tres artículos de opinión que recogen ópticas (la política, la del trabajo organizado, y la asociativa) y sensibilidades diversas, pero -como siempre- desde una perspectiva crítica, constructiva y de progreso.
Ferrol, 6 de diciembre de 2020
UNA CONSTITUCIÓN es la expresión de la correlación de fuerzas y de los consensos constitucionales del momento entre políticos, constitucionalistas y ciudadanía. La Constitución de 1978 estuvo marcada por el Constitucionalismo de posguerra, donde pesaba todavía la derrota de una derecha que se había hecho fascista en los años treinta. Pesaba igual el deseo de cambio de la oblación, que no veía la continuidad del régimen una vez muerto el dictador en 1975. En la correlación de fuerzas, la izquierda incorporó los derechos sociales de las Constituciones de nuestro entorno, incluido el sometimiento de toda la riqueza al interés general. Logró cosas que hoy son evidentes, pero que en 1978 eran desafiantes, como la soberanía popular, la seguridad social, la educación y sanidad públicas, el divorcio o el voto a los 18 años. Pero el posfranquismo jerarquizó a través del artículo 53 todos los derechos, dejando los derechos materiales desguarnecidos y sin fuerza de ley. La derecha constitucionalizó un sistema electoral que favorecía a la derecha primando las zonas rurales, disolvió las naciones históricas en un “café para todos” que ha promovido la fragmentación, consagró a la iglesia católica y a la enseñanza privada, primó a los hombres sobre las mujeres y, como garantía de la continuidad histórica franquista, que era una continuidad del reaccionarismo y la España canovista, puso en la Jefatura del Estado a los Borbones, negando a los españoles la posibilidad de recuperar lo perdido por un golpe de Estado en 1936.
Juan Carlos Monedero
Profesor de Ciencia Política – Universidad Complutense (Madrid)
DERECHOS CONSTITUCIONALES
Estamos celebrando estos días el aniversario de la Constitución del 78. Y lo estamos haciendo en un
contexto de pandemia vírica, crisis económica y ofensiva facciosa contra las libertades que consagra
esa ley de leyes.
Escuché a quienes la utilizan como arma arrojadiza contra los demócratas, intentando hacerla suya, cuando su ideología es precisamente contraria a la libertad y la democracia. Incluso a alguien que desde el campo de la izquierda manifiesta, mostrando a mi juicio una gran ceguera, que “no hay nada que celebrar”.
Pues bien, yo la celebro precisamente porque supuso la consagración de las libertades democráticas y nacionales y la ruptura definitiva con la dictadura de Franco. Y más allá, porque fue precisamente el mundo del trabajo, el movimiento obrero organizado, además de otros sectores populares, la fuerza fundamental para su conquista. No lo olvidemos, la actual Constitución no fue otorgada por poder alguno, la hemos conquistado con esfuerzo, sacrificio y costes en vidas y sufrimiento.
Y es verdad que su vigencia durante más de cuarenta años ha llegado a envejecerla. E incluso han salido a la luz algunas limitaciones importantes impuestas por los sectores del viejo régimen aprovechándose de la correlación de fuerzas favorable. Sin duda, a estas alturas y con las muestras de corrupción y la instrumentalización de determinadas instituciones, es necesaria una reforma en profundidad.
Y vuelvo al interés de los trabajadores y de los diversos sectores populares por la Constitución y la Democracia. En primer lugar, por ser los más interesados en su conquista, consolidación y desarrollo. En segundo, por conseguir que los derechos consagrados en ella, sean aplicados plenamente. No olvidemos que los derechos al trabajo, a una vivienda, digna, a la salud, la educación, etc., en la Constitución recogidos, nos han sido limitados precisamente por quienes alardean de constitucionalistas y, sobre todo, por los grandes intereses económicos y financieros.
Por último, lamento que el mundo del trabajo hoy, por múltiples razones, haya perdido gran parte de su papel motor en la dinámica política de España y sus comunidades autónomas. A ello han contribuido fundamentalmente las decisiones tomadas por el neoliberalismo en la tarea de reducir el número de trabajadores y trabajadoras; la dispersión en miles de empresas subcontratistas, la individualización frente a las organizaciones sindicales y políticas, etc. La despolitización programada y jaleada desde los medios de comunicación. Se trataba de impulsar el acoso y derribo del movimiento obrero para intentar imposibilitar los cambios profundos que España necesita. Pero también decisiones erróneas tomadas desde el mundo del trabajo que han debilitado su capacidad de movilización y presión social y política.
A pesar de ello, es posible y muy necesario recuperar el entusiasmo y la confianza, ayudándonos de las iniciativas progresistas y de izquierda que hoy existen. En defensa de los intereses de la mayoría, en defensa de la Democracia y la Constitución renovada, necesitamos la implicación de todos los sectores realmente democráticos, para alcanzar una sociedad de valores, y una democracia avanzada, como corresponde al siglo XXI.
Rafael Pillado Lista - Sindicalista y directivo A.C. Fuco Buxán
UNA REFLEXIÓN SOBRE PODER SOCIAL Y RÉGIMEN CONSTITUCIONAL
“El mundo será salvado, sólo si puede serlo, por los insumisos” André Guide.
La Constitución Española del 78 (en adelante C.E.) habla en su preámbulo de garantizar la convivencia democrática conforme a un modelo económico y social justo y el art. 1o establece el Estado Social y Democrático de Derecho; cada uno de estos enunciados, social-democrático-derecho condiciona, y su resultante sería un sistema de solidaridad con condiciones materiales dignas -el Estado de bienestar- orientado al interés general y gestionado por los poderes públicos pero con participación efectiva de los ciudadanos, con respeto al Derecho y “de los derechos”.
La C.E. fue un potente motor de cambio y progreso: veníamos de una dictadura “de clase”, la franquista, enormemente dañina para los intereses de las clases trabajadores y populares. La Transición nos llevó del subdesarrollo al capitalismo avanzado (en un ambiente de crisis económica y violencia terrorista, golpista y represiva), priorizando la paz y la estabilidad por encima de la justicia como paso a una situación -democráticamente- homologable a la de Europa occidental y a sus intereses, políticos, económicos y estratégicos. Los “Padres de la Carta Magna” (no hay “Madres”) pactaron los contenidos de la C.E. entre derechas y oposición antifranquista, muy condicionada ésta por el poderoso dominio económico, institucional y mediático de las fuerzas conservadoras, de sus presupuestos ideológicos que primaron los derechos individuales -y su plena protección jurídica- sobre los colectivos, sobre la democracia social (salud, vivienda, medioambiente, cultura...) de la que buena parte quedó enunciada en meros principios programáticos necesitados de -discrecional- desarrollo legislativo. En otras palabras, sabemos que “un derecho vale -jurídicamente- lo que valen sus garantías” y, así las cosas, en los primeros años de la Transición (Pactos de la Moncloa) la modernización -y la estrenada progresividad- del sistema fiscal permitió a la socialdemocracia ir desarrollando la protección social y la expansión de las políticas redistributivas; pero, ya a partir del ‘Pacto de Estabilidad’ (Solbes, 1994) y hasta el momento actual, la evolución del reparto del gasto ha venido disminuyendo y, sobre este peor reparto se ha ido produciendo un desmantelamiento social cimentado – por el poder de clase y género- en argumentos técnicos “irrebatibles” (tratado de Maastrich, integración en el Euro, crisis del 2008). La modificación del artículo 135 de la C.E. (sep/2011) supuso la derrota del poder político (representativo) por el económico (no-representativo) y la consagración del neoliberalismo como valor materialmente constitucional. Paralelamente, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha ido posibilitando regulaciones de vaciamiento a cargo del legislador que ignoran dramáticos costes sociales y medioambientales... el estado de tragedia cotidiana. ¿Qué hacer?.
La C.E. reconoce enfáticamente el derecho de Asociación como libertad pública en su art. 22 y... ¿qué mejor lobby podría haber que el 99% de la ciudadanía sojuzgada por el 1% restante? Seamos conscientes de nuestra fuerza y de que estamos librando una lucha ideológica de gran envergadura que supera las fronteras políticas y culturales tradicionales: debido a la globalización, la soberanía del Estado-nación está en declive y el (des)orden internacional es la resultante de la alianza entre clases dominantes que tienen diseñado un futuro sin alternativa posible. Es imprescindible hacer pedagogía desde el asociacionismo para fomentar el pensamiento crítico, la confianza de la gente en su capacidad de cambio sobre la realidad local y global, asumiendo que las grandes reformas se conquistan en las calles. Asistimos a una actividad creciente de los movimientos sociales (también de su represión política y criminalización mediática), a sus movilizaciones y encuentros en demanda de políticas con verdadera capacidad transformadora, de condiciones de vida dignas, de rechazo al furor liberalizador de los tecnócratas. La política, presionada por opinión pública (de las más progresistas de la UE-27) y movimientos sociales, puede y debe establecer una democracia realmente participativa, una horizontalidad real. El 15M y el Feminismo -revoluciones triunfantes en el siglo XXI- encarnan disidencia política, valores y señalan itinerarios transitables. Pandemia y crisis sistémica dejan consensos amplios (sanitarios, sociales, económicos) para la revisión inaplazable, en profundidad, de nuestro marco de convivencia que pasa por adaptar la C.E, prisionera de determinados enfoques de su tiempo, a las nuevas realidades e ideales del siglo XXI (territoriales, medioambientales, blindaje del Estado Social-renta básica, banca pública, paridad democrática, igualdad de género y atención específica a ciertos colectivos, inalienabilidad de los bienes comunes...) ya que es perfectamente factible porque la voluntad de la soberanía popular está por encima de la estrategia de confusión ‘agitativa’ de “Trifachitos” patrioteros, de golpistas jubilados, de empresarios corruptos, de jueces y periodistas “mariachis”. El factor tiempo es fundamental por la irreversibilidad de ciertos daños.
Enfrentémonos a la apatía con el compromiso y la acción social transformadora: el factor tiempo es fundamental por la irreversibilidad de ciertos daños. Convengamos con Rousseau en que “va contra la naturaleza del cuerpo social imponerse leyes que no pueda revocar” y, también, en que en el s.XXI la democracia o es social o no es.
Víctor G. Novás – directivo A.C. Fuco Buxán