Legisladores hondureños acusan a Donald Trump de coaccionar el voto y manipular el proceso electoral con amenazas directas y el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández. El Congreso, además, señala la alteración del sistema biométrico como un factor clave del fraude.
La Comisión Permanente del Congreso Nacional advirtió que la eliminación o alteración del sistema biométrico constituyó una alteración directa de las reglas del proceso, afectando su legalidad y transparencia. Foto: @Canal8_hn / Captura de pantalla
La Comisión Permanente del Congreso Nacional de Honduras denunció este miércoles el golpe electoral en curso tras las elecciones del 30 de noviembre y condenó la injerencia inadmisible del presidente estadounidense Donald Trump, a quien acusan de coacción y manipulación de la voluntad popular. La denuncia fue emitida en un comunicado en el que señalaron que no validararán el proceso.
En el comunicado, leído por el presidente del Congreso, Luis Redondo, y acompañado por otros congresistas en Tegucigalpa este 10 de diciembre de 2025, se condenó «de manera absoluta» la injerencia de Donald Trump. Las declaraciones del mandatario estadounidense, realizadas 72 horas antes de las elecciones el 30 de noviembre, amenazaron y coaccionaron a los ciudadanos hondureños, alterando el libre ejercicio del sufragio, según los legisladores.
Las publicaciones emitidas los días 26 y 28 de noviembre se consideran una amenaza directa al pueblo hondureño y una violación flagrante de los principios democráticos y del derecho internacional.
Redondo señaló que la injerencia buscó influir en el voto mediante presiones, desinformación y condicionamientos económicos, además de otorgar un indulto político al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico, como «moneda de cambio electoral».
Esto, afirmó el titular del Congreso, representa un acto de coacción «sin precedentes contra la soberanía de un país en el mundo», atentando contra la dignidad y autodeterminación de Honduras, y violando la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Dicha carta establece con claridad que «ningún Estado o grupo de estados tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro estado».
En este sentido, la Comisión Permanente del Congreso Nacional rechazó validar un proceso «manchado» por presiones internas de estructuras del crimen organizado, específicamente el narcotráfico vinculado a las maras MS-13 y 18, entre otras. Asimismo, reiteraron su rechazo a las presiones externas que vulneran directamente la libertad de los electores.
La comisión también denunció el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que presentó irregularidades que favorecieron al bipartidimos hondureño, en coincidencia con audios presentados como prueba en denuncias que actualmente se procesan en el Ministerio Público.
Redondo señaló que Honduras no aceptará injerencias extranjeras de ningún tipo, especialmente aquellas que pretendan imponerse sobre la voluntad popular y modificar el resultado natural de las urnas. Un pueblo sometido a amenazas no vota con libertad, por lo que las elecciones realizadas bajo tales condiciones carecen de plena validez democrática y jurídica.
Además, la Comisión Permanente del Congreso Nacional advirtió que la eliminación o alteración del sistema biométrico constituyó una alteración directa de las reglas del proceso, afectando su legalidad y transparencia.
Señalaron a las consejeras Ana Paola Hall y Cosette López Osorio del Consejo Nacional Electoral, quienes, por mayoría de votos aprobaron reformar la obligatoriedad de la verificación biométrica. Esta acción eliminó el uso obligatorio del dispositivo electrónico en las juntas receptoras de votos, «contaminando las actas y con ello el TREP», lo que produjo fraude al permitir la manipulación e inflación de actas y votos, tornando el proceso «nulo de pleno derecho y fraudulento».
El Congreso considera esto no solo un delito electoral, sino también una «usurpación o suplantación» de su poder, ya que es el único ente facultado para crear, reformar e interpretar las leyes del país, incluyendo la ley electoral.
Finalmente, la comisión solicitó a las misiones observadoras, tanto nacionales como internacionales, que incluyan en sus informes finales un análisis detallado de los hechos ocurridos, haciendo especial énfasis en las amenazas externas e internas, las fallas del TREP y las decisiones administrativas que afectaron la verificación biométrica del voto.
La Comisión Permanente del Congreso Nacional afirmó que defenderá la constitución, la soberanía y la voluntad democrática del pueblo hondureño frente a cualquier intento de manipulación o intervención externa.
Fuente: TelesurTV